Desde el Estado se trabajó a conciencia en la Transición para diseñar el discurso (relato) del consenso, de la reconciliación, de la normalización democrática, tarea a la que se prestaron numerosos periodistas, políticos, historiadores, artistas, intelectuales, etc. Relato que lo explica con una claridad apabullante Amador Fernández-Savater en su artículo La Cultura de la Transición (CT) y el nuevo sentido común. La CT define el marco de lo posible y a la vez distribuye las posiciones. Prescribe lo que es y no es tema de discusión pública: el régimen del 78 queda así “consagrado” y fuera del alcance del común de los mortales. Fija qué puede decirse de aquello de lo que sí puede hablarse. Está afectada por una profunda desconfianza en la gente cualquiera, que se expresa bien como desprecio, bien como miedo, bien como paternalismo. Propuso la arquitectura del 78 como marco de convivencia superador de los antagonismos que marcaron la historia española del siglo XX. Pero ahora vemos bien claro que se trataba de una convivencia encogida, bajo chantaje y silenciosa. El marco de la CT no resolvió ni siquiera los problemas más específicamente “nacionales”, simplemente los tapó bajo la alfombra de las palabras-fetiche. Por eso reaparecen de nuevo ahora: el encaje territorial, la memoria de la guerra civil, la monarquía, etc. Eran problemas congelados, no resueltos. Y uno de ellos fue la forma de Gobierno, Monarquía o República, sobre el cual la población española no pudo expresarse.
Ya cansa que, a propósito de la situación política actual, escuchamos por tierra, mar y aire; por la mañana, mediodía, tarde y noche alabar aquel consenso del 77 del que nació la constitución que nos rige. Los tertulianos mediáticos evocan la voluntad política de aquellos señores que supieron pactar y negociar sacrificándose cada uno de ellos por el bien de España. ¿Todos se sacrificaron igual? Como veremos a continuación fueron las izquierdas, las que tuvieron que hacerlo. En las líneas que siguen me he fijado en cómo la izquierda socialista y comunista no tuvieron otra opción que renunciar a su ideología republicana y aceptar la Monarquía, que la impuso el Dictador Franco. Para ello me basaré en la Tesis Doctoral espléndida, que ya he citado en algún artículo anterior, “Las limitaciones a la Libertad de Expresión, derivadas de la reinstauración de la Monarquía en España” (2014) del profesor Luis Fernando Ramos Fernández del Departamento de Derecho Político de la Universidad da Coruña.
En la introducción de la Tesis aparece el siguiente fragmento del discurso de Francisco Franco ante las Cortes, el 22 de julio de 1969.
“En este orden creo necesario recordaros que el Reino que nosotros, con el asentimiento de la Nación, hemos establecido, nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico trascendente que no admite pactos, ni condiciones. La forma política del Estado nacional establecida en el principio 7º de nuestro Movimiento, refrendada unánimemente por los españoles, es la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”.
Luis Gómez Llorente, vicepresidente del Congreso de los Diputados, fue coherente hasta el final, y defendió el voto republicano del PSOE en el debate constitucional con estas palabras pronunciadas era la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios monárquicos. Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico. Ningún demócrata puede negar la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas”.
Hasta la vieja sombra de Pablo Iglesias planeó por el Congreso, cuando rebrotaron sus palabras:
“No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”.
Visto desde la perspectiva del tiempo, es curioso observar que frente a la defensa de la República, el Partido Comunista, por boca de su secretario general, adoptase una postura abiertamente favorable a aceptar la monarquía, porque según Santiago Carrillo, que trató repetidamente sobre este asunto, "si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que seguro que no obtendríamos la República, pero sí perderíamos la democracia".
Fue un cambio de papeles notable, ya que los socialistas habían sido más discretos con el sucesor del Caudillo en los tiempos finales del Régimen frente a la posición abiertamente hostil, expresada de forma bien dura del propio Carrillo.
Sobre la postura del PSOE, en el libro colectivo Todo un rey de Pilar Cernuda, los analistas escriben:
“A pesar del carácter testimonial de su postura y de su progresiva identificación posterior con las líneas maestras de la Monarquía de don Juan Carlos, merece la pena examinar la línea argumental que mantuvieron en la primera parte del debate constitucional, pues a partir de ahí es fácil imaginar el enorme conflicto en que podía haber quedado sumido el país, de ser otro el proyecto institucional y el talante político y humano de don Juan Carlos de Borbón”.
Lo importante de esta etapa del proceso es que se pusieron todos los medios para establecer un cortafuegos que impidiera que el debate sobre la opción república-monarquía saliera del Parlamento a la calle, y para ello se tomaron las medidas previas como fue el Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 12-4-1977, nº 87), sobre Libertad de Expresión, como nueva normativa sobre la materia que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, que suprimía parcialmente el secuestro administrativo de publicaciones y grabaciones y reforzaba los mecanismos jurídicos para la persecución de los delitos de calumnia e injuria. El Art. 3º. B) del citado Decreto establecía que la Administración podía decretar el secuestro administrativo cuando un impreso gráfico o sonoro contuviese noticias, comentarios o informaciones que fuesen contrarios a la unidad de España, constituyesen demérito o menoscabo de la Monarquía o que de cualquier forma atentase al prestigio institucional de las Fuerzas Armadas. Con extraordinaria habilidad, se toma una medida de alcance, cuyos efectos van a impedir a los ciudadanos cuestionarse la Monarquía como forma de la Jefatura del Estado.
Pese a las numerosas esperanzas suscitadas por la posición de Gómez Llorente, pronto se evidenció que la postura socialista no dejaba de ser un brindis al sol, un gesto simbólico para la galería, en orden a salvar la cara y atender y aplacar los deseos de sus bases republicanas. Con el tiempo, el PSOE devendría en un partido dinástico más, excelentemente acomodado con la Corona, incluso mejor que la propia derecha. Circunstancia que la estamos constatando en estos momentos, ya que sigue siendo el partido defensor de la Monarquía. Eso sí, muchos de sus dirigentes aducen que son de “espíritu republicano”. Esto me recuerda cierto amigo que se declara vegetariano, pero sigue comiendo carne por que su hijo tiene una carnicería y no quiere hacerle un feo.
Cundió entonces durante el debate constitucional como “leit motiv” el famoso accidentalismo de las formas de Gobierno y el propio dirigente socialista Gómez Llorente llegó a “albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la Monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alternativo por los Gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que vitalice la autonomía de las nacionalidades y regiones diferenciadas que integran el Estado".
No sin cierta ironía, se llegó a recordar que mal podían los socialistas tener escrúpulos en colaborar con una monarquía democrática, si lo habían hecho con la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera y Alfonso XIIII. Así que, sin mayores problemas entraron felizmente por el aro para ser investidos como la "leal oposición de su Majestad"; es decir, asumiendo el mismo papel que sus hermanos socialdemócratas del resto de Europa.
El 6 de junio de 2007, se reunieron en Madrid, en un debate protagonistas de la “Transición”. Santiago Carrillo, ex secretario general del Partido Comunista de España (PCE), dijo entonces que resultaba "quimérico" esperar que las cosas se pudieran haber desarrollado de otro modo:
"La gente que cree que se perdió una oportunidad es que, en realidad, se perdió en los entresijos de la “Transición”. Se abrió una brecha que nos permitió entrar en un nuevo escenario en el que podríamos luchar abiertamente por nuestras ideas. Y no se podía perder la oportunidad”.
Se debatió sobre si el cambio más profundo que ha acogido España fue necesario o no. Para Álvarez de Miranda, que se encontraba entre los presentes, lo que "está claro es que fue inevitable", y destacó la importancia que tuvo el Congreso de Munich de 1962, sin el cual "todo lo que vino después hubiese sido más difícil; sirvió de pauta para muchos de los acuerdos que se lograron en la Transición".
Según Carrillo:
“Si en esa primera fase de la transición la izquierda hubiera planteado la exigencia de responsabilidades históricas -lo que hubiera sido normal en un proceso determinado por la fuerza militar, en una Revolución- no se habría coronado con éxito esa primera fase de la transición. La fuerza militar, la capacidad de recurrir a la violencia, la tenían exclusivamente los ultras franquistas, que controlaban las fuerzas armadas frente a un pueblo todavía traumatizado por la derrota en la Guerra Civil y por cuarenta años de terrorismo de Estado”.
Y dice bien Santiago Carrillo. Los sables revoloteaban sobre las cabezas de los políticos, especialmente de izquierdas socialistas y comunistas. Resultan muy esclarecedores los datos proporcionados por Lorenzo Peña en su libro Estudios Republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica 2009. Se trata de la respuesta del estamento militar a la legalización del PCE el 9 de abril de 1977.
“El martes 12 de abril se había reunido al completo, en el Palacio de Buenavista (Ministerio de la Guerra, en la Cibeles), el Consejo Superior del Ejército, formado por todos los capitanes generales de las regiones militares, el Jefe del Alto Estado Mayor, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el Director General de la Guardia Civil, el Director de la Escuela Superior del Ejército, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y el subsecretario del Ministerio. Por unanimidad aprueba y emite un comunicado, en el cual --tras inclinarse con repugnancia ante “el hecho consumado” de la legalización del partido comunista--manifiesta: “El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.
Luego vendría el 23-F. Sobre la cuestión militar no quiero insistir, pero es un problema grave. Nada más hay que recordar los chats de eso militares descerebrados.
Prosigo con el debate sobre la Transición. En cuanto a si hubo ruptura o reforma, Carrillo, muy pragmático afirmó:
“Se ha hablado mucho de si hubo o no ruptura. Yo quiero aclarar que incluso la idea de la ruptura democrática estaba contenida en la perspectiva de un cambio que no podía ser revolucionario”. La ruptura proponía sólo cuatro objetivos concretos: 1º. Amnistía. 2º. Legalización de los partidos políticos y organizaciones sociales. 3º. Elecciones a Cortes Constituyentes, y 4º. “Estatutos de autonomías. Estos objetivos, en definitiva, fueron realizados por el Gobierno de Adolfo Suárez, a veces causando sorpresa y colocando a los sectores inmovilistas ante los hechos consumados”.
“Es decir, para completar y asentar la transición era vital que el protagonismo político estuviera en manos de generaciones que no tienen ya ninguna relación personal ni con la Guerra Civil ni con la dictadura franquista, que no son ya ni "republicanos rojos", ni "nacionales", aunque sus antepasados hayan sido lo uno o lo otro. Generaciones nuevas que han crecido en un sistema democrático. Es el momento en que con objetividad puede enjuiciarse la historia próxima de nuestro país, prescindiendo de lo que pudo hacer papá, el abuelo o el bisabuelo”.
La pregunta que muchos españoles se hacen es por qué Santiago Carrillo y el propio Partido Comunista aceptaron de modo tan rápido la monarquía.
En ese sentido, el que fuera secretario general de los comunistas solía aludir a la teoría del pacto, Carrillo dijo:
"El rey Juan Carlos era la cabeza de los reformistas del régimen, y si no lo hubiéramos aceptado, habría venido otra monarquía, traída por la alianza entre el sable y el altar". Y habría sido, precisó, la reedición de la alianza que sostuvo la Monarquía de Alfonso XIII de tan triste memoria”.
Con respecto a los contenidos de las Memorias de Carrillo, sobre la cuestión central que nos ocupa, resulta definitivamente esclarecedor cuando escribe:
“La cuestión de la forma de Gobierno en las Constituyentes venía predeterminada por la forma en que se había realizado la transición. Por muy republicano que se fuera no era posible desconocer que don Juan Carlos había abierto las puertas al cambio democrático, corriendo indudables riesgos. Los sectores más “ultras” le hacían responsable de haber abierto la puerta a los “rojos”. Al mismo tiempo, el inestable equilibrio entre la naciente democracia y el obsoleto aparato del Estado, en el que los “ultras” eran aún muy poderosos, quien podía mantenerlo era el rey. Si en vez del rey las Constituyentes se hubieran pronunciado por un presidente de la República el equilibrio hubiera vuelto a romperse, en detrimento de las libertades democráticas. En realidad, en las Constituyentes ningún partido era favorable a cambiar la forma de Gobierno, aunque alguno mantuviese formalmente el equívoco. En mis conversaciones con Felipe González y con Enrique Múgica era obvio que ellos, como nosotros, aceptaban la monarquía a condición de que funcionase como las de otros países europeos que de hecho eran repúblicas coronadas. Y esta obviedad se derivaba de una realidad, no de una teoría política. En teoría, el derecho de herencia no justificaba en esta época el desempeño de la jefatura del Estado; he oído esta opinión incluso en labios de un general del Ejército muy identificado con el rey. En la práctica la realidad histórica planteaba la necesidad de aceptar como muy importante el papel de don Juan Carlos, y a partir de ahí, quizá por primera vez en la historia de España, la democracia se identificaba con la monarquía, una monarquía que en su manera de estar ya no se parecía más que en el nombre a lo que había existido antes en nuestro país”.
Desde su posición al frente del grupo comunista en la Comisión Constitucional, Carrillo dejó sentado desde el primer momento que aceptaban la monarquía parlamentaria y añade:
“Manifesté, sin ambages, nuestra aceptación de la monarquía parlamentaria y constitucional. Sin negar nuestras convicciones y nuestra historia republicana, afirmé que la izquierda debía apostar por un rey joven, que había abierto la puerta a las libertades, impidiendo de paso que la oposición de la izquierda le convirtiera en un rehén de la derecha”. Afirmé que, de otro modo, buscando la república podíamos perder la democracia”.
Carrillo ironiza sobre el callejón en que se habían metido los socialistas, que tras haber presentado un voto republicano, “declarativo” no sabían cómo retirarlo, luego de la postura del PCE. De todos modos, la propia posición de los comunistas les allanó el camino para retirarlo, como así sucedió.
Como prueba de la estima mutua y personal agradecimiento que el Rey profesaba a Santiago Carrillo, vale le pena reproducir esta parte del diálogo sobre sus relaciones con el dirigente comunista, que Juan Carlos revela a su biógrafo, José Luis de Vilallonga en las páginas del libro “El Rey":
-A veces tengo la impresión de que sentís por Carrillo cierta, digamos... fascinación. Don Juan Carlos me mira como probablemente Franco lo miraba cuando él le hacía una pregunta a la que el General no quería responder. Pero don Juan Carlos termina siempre por reaccionar positivamente a mis preguntas. -¿Fascinación, dices? No es la palabra, no creo. Sin embargo, en todo lo relativo a la legalización del Partido Comunista, tengo que decir que Carrillo se portó muy bien. Después hemos tenido a menudo ocasión de hablar juntos, él y yo. A veces insiste en hacerme saber que él no es monárquico. Y yo le respondo riendo: “Es posible, don Santiago, pero tendría usted que rebautizar su partido y llamarlo el "Real Partido Comunista de España". A nadie le extrañaría.
Una de las pocas voces que se alzó contra las componendas de la transición y el abandono por parte del Partido Socialista de sus ideales republicanos fue Pablo Castellano, quien con nada contenido dolor escribe:
“A otros; los llamados dirigentes, corresponde saber conducir en todo tiempo y lugar a la grey, mostrándole hoy lo blanco y mañana lo mismo pero como negro, pues sobre la cobardía general ha de asentarse siempre la impudicia y la audacia de los elegidos, y en esta combinación, los así guiados no ven la burla y la manipulación de que son objeto; bien al contrario, alaban en su embaucador la habilidad para el cambio, la mixtificación y el encantamiento. En sendos viajes a los Estados Unidos, el Sr. Carrillo y el Sr. González explicaron sus posturas. Santiago Carrillo aprovechó allí mismo para renunciar al leninismo. El Sr. González para alabar el metro de Nueva York como el lugar ideal donde dejar esta penosa vida honorablemente apuñalado, antes que tener que vivir y mal sufrir en Moscú”.
Hasta el propio Herrero de Miñón alabó la renuncia de la izquierda, afirmando que, pese a que reconocía en el Comunismo “una absurda, pero incuestionable patente de legitimidad, era una instancia capaz de otorgar credenciales de lo que después se ha llamado corrección política”. Y al decantarse el PC por la moderación, el reconocimiento del pluralismo político y el mercado y la monarquía, y al pacto y al consenso “forzó” al PSOE desde su flanco izquierdo a seguir la misma dirección.
Cándido Marquesán
