Portugal es un Estado en cuya Constitución se reconoce la capacidad para la concesión de amnistía, como lo especifica su artículo 161. Es al poder legislativo al que le compete dicha concesión, es decir, la Asamblea de la República.
En 1979 se aprobó la primera amnistía en democracia. Se trató de la Ley de Amnistía Político-Militar, que amnistió las infracciones criminales y disciplinarias de naturaleza política, incluyendo las sujetas al fuero militar, cometidas tras la Revolución de los Claveles en 1974.
En 1996, la Asamblea de la República, aprobó una ley de amnistía para los representantes de la organización terrorista FP-25, siendo el amnistiado más destacado, el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los protagonistas de la Revolución. Otelo se alineó después de producirse la Revolución con una postura radical, que promovió un levantamiento izquierdista en 1975. Cuando salió de la cárcel se presentó a las elecciones de 1976, llegando a ser el segundo. En los años ochenta fue acusado de instigar los atentados del FP-25, el que se consideraba el brazo armado de la Força de Unidade Popular. El negó su implicación, pero fue condenado a 15 años de cárcel hasta que fue amnistiado en 1996. Pero, además, consiguió que se revisara su causa y fue absuelto.
En julio de 2023, el parlamento portugués aprobó una ley de amnistía para jóvenes entre 16 y 30 años por delitos cometidos hasta el 19 de junio, exceptuando los considerados graves, y se vinculó a la visita que iba a realizar el papa Francisco por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud.
