jueves 28/1/21
ANTONIO JOYA | CONSULTOR EXPERTO EN CONSUMO

Incendios, pobreza energética y tercera edad

Más del 50% de las personas que perdieron la vida el año pasado en sus casas a causa de un incendio eran mayores de 65 años.

El pasado 8 de enero fue el jueves negro de los incendios en nuestros hogares. Según informó la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), ese día fallecieron en España 6 personas en distintas localidades. Especialmente triste, por la edad de las víctimas, fue el incendio ocurrido en el pueblo sevillano de Lora del Río. Allí murieron dos mellizos de apenas 2 años de edad, junto a su madre. En alguno de estos casos, como el de Villanueva de Córdoba donde murió una mujer de 85 años, el suceso ocurrió tras el incendio de un brasero que se encontraba a su lado.

El hecho de que España tenga uno de los índices de muertes por incendio más bajo del mundo – solo alcanzado por Holanda y Suiza- no debe hacernos olvidar tres hechos preocupantes. El primero de ellos tiene que ver con la dificultad de afrontar el pago de la energía; el segundo está relacionado con la falta de seguridad eléctrica en los hogares; y el tercero afecta gravemente a la población de mayor edad.

Más de 7 millones de personas tienen dificultades para pagar las facturas de energía doméstica al verse obligados a destinar más de un 10% de sus ingresos a tal fin 

En primer lugar, los descuidos con aparatos productores de calor –como radiadores, chimeneas y braseros- siguen siendo una de las principales causas de incendio en el hogar. Este dato me hace pensar en la relación directa que a mi juicio existe entre la población afectada por la llamada “pobreza energética” y el riesgo de sufrir un incendio por el uso de braseros u otros sistemas “alternativos” y poco fiables para calentar sus casas. Aunque creíamos que era un concepto desterrado, la pobreza energética es una realidad hoy día en España. Más de 7 millones de personas tienen dificultades para pagar las facturas de energía doméstica al verse obligados a destinar más de un 10% de sus ingresos a tal fin (según la Asociación de Ciencias Ambientales). Esta situación se agrava en los meses de invierno (en diciembre, enero, febrero y marzo se producen la mitad de los fallecimientos por incendio y explosión en viviendas). De ahí que en los últimos dos años haya habido un repunte de víctimas por incendio en estos meses fríos (de 64 a 83 fallecidos). Las autoridades de consumo deberían perseguir y prohibir la venta de determinados aparatos de calefacción con resistencias incandescentes sin ninguna protección; las viviendas deberían contar con un mejor aislamiento térmico (hemos perdido una gran oportunidad durante la época en la que se construían más de 500.000 viviendas al año….). Pero, sobre todo, el Gobierno debería ayudar a las familias más necesitadas, rebajando los requisitos para acceder al bono social eléctrico (que ahora mismo supone aplicar las tarifas vigentes en 2009: un ahorro del 23% en la factura eléctrica). O al menos promoviendo campañas para que la población conozca esta posibilidad ya que las eléctricas no tienen demasiado interés en comunicarlo a los potenciales clientes.

La seguridad eléctrica de los hogares españoles es el segundo motivo de preocupación al ver los datos de incendios y víctimas mortales. Gran parte de ellos se debe a una defectuosa instalación.  Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento en su estadística Estimación del Parque de Viviendas, el número total de casas se situó en 2013 en 25.441.306. El dato preocupante es que más de la mitad de ese parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior a los treinta años. Y una casa antigua suele ser sinónimo de inseguridad eléctrica.

Más del 50% de las personas que perdieron la vida el año pasado en sus casas a causa de un incendio eran mayores de 65 años

En 2000, la Asociación de Fabricantes de Materiales Eléctricos publicó un estudio (“Libro Azul de la Electricidad”), aun hoy referente en el sector, según el cual 14 millones de viviendas se encontraban en condiciones deficientes atendiendo al estado de su instalación eléctrica, con el consiguiente riesgo de accidente y de posible incendio con origen eléctrico. Es cierto que hoy en día ya pesan demasiados gastos sobre la vivienda y que la situación económica no es la mejor para introducir nuevos costes asociados, pero algunos nos preguntamos por qué no es obligatoria una revisión eléctrica de los hogares como ocurre con el suministro del gas y si quizá con ella evitaríamos incendios y fallecimientos como los descritos al inicio de este artículo.

Por último, el tercer dato que me preocupa y que nos debería preocupar a todos, como sociedad, es que, según un estudio de FUNDACIÓN MAPFRE, más del 50% de las personas que perdieron la vida el año pasado en sus casas a causa de un incendio eran mayores de 65 años. En algunos casos, ancianos con movilidad reducida fallecieron sin poder hacer nada por salvar su vida. Millones de ancianos viven solos en sus viviendas y en ocasiones fallecen no solo por causa directa del inciendio sino tambien por una mala combustion de los gases. Urge por tanto un “Plan Renove” para las viviendas de nuestros mayores en donde se incluya una revision de la instalación eléctrica y la adquisición de detectores de humo y de gases. Es una ayuda de un coste razonable que, directamente, salvaría vidas. 

Incendios, pobreza energética y tercera edad