Ante las consultas recibidas y el interés de los operadores, gestoras y propietarios de activos, por contar con información sobre los costes de la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión, nos planteamos en Spainsif elaborar este año 2014 un estudio específico sobre este tema.
Este estudio se ha presentado en el evento anual del pasado 15 de octubre y está disponible íntegramente en la web de Spainsif.
Sin pretender entrar en el detalle de los contenidos del estudio, sí que podemos trasladar algunas de las conclusiones del mismo, como:
1. La necesidad de diferenciar el posicionamiento de las gestoras de pensiones, las de gestión colectiva y las de capital riesgo, dado que la demanda no es similar ni el mandato de los propietarios de activos ni las características y tipología de la inversión.
2. La escasez de recursos dedicados, humanos y económicos, a la implantación de la Inversión Socialmente Responsable, ISR.
3. La justificación de esa escasez de recursos se relaciona, en las encuestas, principalmente con la falta de demanda de esta tipología de de productos, algo que no acaba de encajar del todo en el caso de las gestoras de planes de pensiones de empleo.
4. Las elevadas expectativas de los fondos de pensiones de empleo en relación con la implementación de políticas de ISR. Esto supone que los propietarios de activos requieren un mayor esfuerzo de medios a las gestoras de los planes de pensiones de empleo.
En cuanto a las distintas estrategias aplicables y el cruce de las mismas nos remitimos al estudio, subrayando las herramientas de ajuste de costes:
1. La información del dominio público, la facilidad de acceder a información facilitada por organizaciones internacionales, como los UN PRI y las asociaciones sindicales, con soluciones de bajo coste, o los esquemas de compensación con las agencias de rating ASG.
2. Las plataformas de información de uso generalizado, caso de Bloomberg y el posible “apalancamiento” sobre información ASG derivada de fuentes generales.
Las conclusiones cualitativas del estudio nos llevan a dos afirmaciones clave:
Que la reducción de costes se facilita con la asignación de personal cualificado y formado y la utilización, solo puntual, de consultores externos especializados en ISR.
Que para optimizar los costes de la ISR es necesario el compromiso en asignar recursos por parte de las gestoras y “no” generar gastos de externalización, lo cual nos lleva al título de este artículo, “afirmar que es posible implementar una ISR efectiva barata y real, en base a buenas prácticas”.
Por Francisco Javier Garayoa | Director General de Spainsif
