Martes 18.06.2019

Los derechos humanos y el medio ambiente por encima de los intereses corporativos

Por Verónica Gómez Calvo | Es fundamental que la ciudadanía reclame el control democrático sobre los procesos normativos de la Unión Europea.

El comercio debería ser una herramienta para promover el intercambio de productos, servicios y destrezas entre las distintas regiones del mundo y contribuir así al bienestar de las comunidades. Sin embargo, la política comercial de la Unión Europea tiene como objetivo facilitar y abaratar la comercialización de bienes y fomentar la licitación pública y la externalización de servicios, sin restricción sobre la propiedad ni limitaciones sobre el movimiento de capitales. Gracias a la tecnología y a la libre circulación de capitales, las únicas restricciones que condicionan a las empresas son las que tienen que ver con la rentabilización de inversiones y la disponibilidad de mano de obra barata.

Como resultado, los trabajadores entran automáticamente en competencia directa entre sí y los gobiernos se someten a los dictámenes de las multinacionales ante posibles deslocalizaciones y destrucción de empleo o para atraer inversiones, iniciando una espiral hacia abajo de destrucción de derechos laborales y de políticas fiscales regresivas en beneficio de las élites económicas y corporativas.

De hecho, hoy en día, las políticas comerciales y de inversión no se utilizan como un instrumento para asegurar que se cubren las necesidades de las comunidades, apoyar la economía real, crear empleo y promover el desarrollo sostenible, sino que están dirigidas a suprimir las salvaguardas sociales y ambientales, que son vistas como un obstáculo para los grandes negocios y los beneficios potenciales.

La crisis económica europea iniciada en 2008 es consecuencia directa de estas políticas. No se trata tan solo de una crisis financiera, es también el resultado de la aplicación de unas políticas comerciales concretas que han incentivado la eliminación de controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros, dando lugar a una especulación temeraria y la crisis de la deuda actual. Asimismo, las medidas adoptadas que tienen que ver con la privatización de servicios públicos, la degradación de los derechos laborales y los recortes en gasto público y prestaciones sociales son un fiel reflejo de las normas comerciales al uso y poco tienen que ver con los intereses y necesidades de la ciudadanía, ni mucho menos con la necesidad de cambiar de modelo productivo ante el cambio climático y la creciente escasez de recursos naturales.

No se trata de una cuestión de elección; en la coyuntura actual, se hace necesario e inevitable un giro de 180 grados en nuestro entendimiento de las políticas comerciales y de inversión. Es necesario que en el corazón de estas políticas pongamos a las personas, los derechos humanos y el respeto y cuidado del medio ambiente. Esto significa que la competitividad salvaje y el afán de lucro deben ser sustituidos por otros principios y valores asentados en una racionalidad holística e inclusiva, que entienda que en un mundo crecientemente interrelacionado, y dependiente del entorno ecológico para su subsistencia, es necesaria una estrategia basada en la cooperación y el respeto mutuo entre los pueblos y hacia el planeta.

No hay una única alternativa, y aquellos que esgrimen dicha teoría son precisamente los que imponen la suya ante la continua falta de compromisos y acuerdos políticos y empresariales en otro sentido.

Las políticas comerciales y de inversión deberían ser asimismo coherentes con los compromisos internacionales alcanzados por la UE y sus obligaciones jurídicas sobre democracia, cooperación, participación pública, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad, y hacerse eco de los valores que dice sostener.

Una cuestión clave aquí es la democracia y la transparencia. Las políticas comerciales se negocian a puerta cerrada, la ciudadanía no está informada sobre las mismas ni sabe el impacto que tendrán sobre sus vidas, aunque lo tiene, y mucho. Para que favorezcan el interés general, y no solo los intereses corporativos, es fundamental que la ciudadanía reclame el control democrático sobre los procesos normativos de la UE, y terminemos con el secretismo y la apropiación del poder por parte de las corporaciones, que por otra parte amenaza ya con acabar con el modelo social europeo. Otra Europa es posible, y necesaria.


Por Verónica Gómez Calvo | Comisión internacional de «Attac España»


Artículo publicado en el libro “Europa 3.0, 90 miradas desde España a la Unión Europea”, editado por Plaza y Valdes y coordinado por Miguel Angel Benedicto y Eugenio Hernández.