ELECCIONES LEGISLATIVAS Y PRESIDENCIALES

Votar en Colombia

Que en Colombia se diga que parece que la intención de voto lleva hacia el centro-izquierda al país, el único del continente que nunca ha tenido un gobierno de izquierdas, será motivo más que suficiente para que la derecha movilice todo su arsenal

En este año 2018 se celebran elecciones legislativas y presidenciales en el país andino con un panorama un tanto desalentador. El cuadro político que tiene Colombia actualmente no invita al optimismo. A ello contribuyen hechos tan graves como la falta de implementación de los acuerdos de paz de La Habana, la no puesta en marcha en toda su extensión de la Justicia Especial para la Paz y los asesinatos de líderes y lideresas sociales.

Los movimientos por el voto en blanco, sobre todo para el Senado, van tomando fuerza. Pero lo más importante son las campañas contra la violencia y el fraude, contra las injusticias y por una política transparente. En un país en el que la Misión de Observación Electoral señala los riesgos electorales presentes en el territorio.

Cuando se cumplía un año de la firma oficial del Acuerdo entre guerrilla y Gobierno en Cartagena de Indias, septiembre 26 de 2017, la Fundación Paz y Reconciliación publicaba el informe “Cómo va la paz” en donde destacaban, además de la negativa a dar luz verde a la Ley de Amnistía, los incumplimientos generalizados, el aumento de los asesinatos sistemáticos, la falta de compromiso político o la debilidad institucional. Ahí llama mucho la atención la poca presencia del presidente y su equipo de gobierno para respaldar los acuerdos y denunciar lo no cumplido.

Sobre la Justicia Especial para la Paz, que alguien revise a ver cuáles de los objetivos que se propuso se está cumpliendo. No se está satisfaciendo el derecho de las víctimas (todas y cada una) a la justicia; a la sociedad colombiana no se le ha ofrecido la verdad; no se ha dado la reparación a las víctimas; no se está luchando con ganas, medios y resultados contra la impunidad; no hay plena seguridad jurídica para quienes participaron en el conflicto armado y no está verdaderamente contribuyendo al logro de una paz estable y duradera.

Los cifras sobre asesinatos de personas relacionadas con la defensa de los derechos civiles y la paz no coinciden, según la fuente que las facilite. Mientras la Fiscalía reconoce el asesinato de 101 personas entre enero 2017 y enero 2018, para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en el año recién terminado mataron a ciento setenta líderes y lideresas sociales. Eso supone un aumento en 2017 del 45,2 % en relación al año anterior. A eso hay que sumar las veintiuna personas asesinadas en el primer mes de 2018. Al margen de la lucha de datos, son hechos muy graves, que no deberían suceder y que demandan una mayor y mejor acción por parte del Estado, y del Gobierno, para parar este derramamiento de sangre. No es suficiente con que la ONU se muestre preocupada por los asesinatos, en cualquier otro país, o en otras circunstancias, serían considerados delitos de lesa humanidad. Porque estas muertes no son, como dicen algunos miembros de la Administración, “líos de faldas” o “ajustes de cuentas”, son crímenes de Estado. Y así no se alcanza la paz.

Según un informe de la Unión Europea, elaborado por la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, tan sólo se ha cumplido el 18,5 % de lo establecido en los acuerdos de paz. Además, señala la actitud negadora del paramilitarismo por parte del Gobierno.

A ello se suma un escenario político en el que, pese a contar con un presidente flamante premio Nobel de la Paz, los “presidenciables” no encantan, por diferentes motivos, entre la población. También está en entredicho la clase política por su calidad, su capacidad, los vínculos, algunos demostrados pero “desoídos” y otros ignorados, con la corrupción y el crimen, y sus propuestas programáticas, que no convencen ni a sus propios correligionarios.

Según la Registraduría Nacional de la República, un total de 36.024.467 ciudadanas y ciudadanos colombianos están llamados a votar en las legislativas del 11 de marzo, para las que se instalarán 103.345 mesas ubicadas en 11.231 puestos de votación atendidos por 688.537 personas elegidas como jurados en todo el país.

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Tarjetón de votación a la Cámara de Representantes, Colombia 2018

En esas elecciones, en las que serán elegidos ciento dos senadores y ciento sesenta y seis congresistas para la Cámara de Representantes, el horizonte no está muy definido. El asunto es complicado empezando porque la papeleta de voto es un tarjetón de tamaño poco manejable en el que hay que marcar con un aspa, una X, el partido y el nombre del candidato (a) que se elige, en el caso de optar por una lista preferente (la mayoría de los partidos), o solamente marcar el partido o coalición si se hace por una lista no preferente (la dirección decide su representante).



Para la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción en los treinta y dos departamentos más Bogotá D.C. En ésta se presentan catorce partidos generalistas, dos con listas no preferentes (GSC Colombia Justa Libres y FARC), seis movimientos para la circunscripción especial de comunidades indígenas y cuarenta y dos asociaciones para la circunscripción especial de comunidades afro-descendientes.

Para el Senado de la República, de circunscripción única, son veintitrés los partidos que se postulan, cinco de ellos con listas no preferenciales (GSC Sí se puede, GSC Unión con fortaleza, Partido Somos, GSC Colombia Justa Libres y FARC), más siete listas de candidatos de la circunscripción especial de comunidades indígenas. El Senado es una instancia que está muy desacreditada, lo que no significa que la Cámara lo esté menos y que sea una particularidad colombiana, ya que el descrédito político está extendido en todo el mundo.

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Tarjetón de votación al Senado de la República, Colombia 2018

Las peculiaridades del sistema político colombiano hacen que esta votación no tenga una incidencia clara en la posterior presidencial, aunque puede arrojar alguna luz sobre las y los candidatos mejor posicionados.

Con los datos de los cuatro estudios de otras tantas entidades de sondeo realizados en el mes de febrero, el voto en blanco ganaría en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 27 de mayo en su primera vuelta. ¿Es bueno para las y los candidatos que las encuestas les sitúen en un buen lugar? Visto lo que sucedió en el plebiscito del pasado 2 de octubre, probablemente no. Había tal convencimiento del triunfo del sí, que el pasotismo de la mayoría urbana hizo que el “no” le ganará la partida. Si algún medio o encuesta da por ganador a alguien en particular, sus seguidores o posibles votantes pueden no ejercer su derecho al voto y los rivales movilizarse en masa para que no se cumpla el vaticinio.

En esos cuatro estudios mencionados, los resultados son dispares. Haciendo política ficción, que más o menos es lo que son esas encuestas, me atrevo a hacer una sumatoria de sus resultados y lo que nos presentan es que Sergio Fajardo lidera las opciones con una media del 17,3 %, seguido de Gustavo Petro y su “Colombia Humana” con el 16,23 %, a continuación el exministro Vargas Lleras con el 10,3 % y, a cierta distancia, el representante del Gobierno en las negociaciones de La Habana, Humberto de la Calle, con el 6,53 % y la también exministra y cabeza del Partido Conservador Marta Ramírez con el 5,9 %.

El voto en blanco lidera la intención en dos de los escrutinios pero no aparece en las otras. Lo mismo que el joven delfín candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que solamente es mencionado en dos de ellos.

El estudio de “Cifras y conceptos” también incluye preguntas sobre la imagen favorable o desfavorable de los aspirantes presidenciales, dando Fajardo la mejor con 41 % y Londoño la peor con el 81 %, aunque éste, junto a Gustavo Petro y Piedad Córdoba son tres de los menos desconocidos. La encuesta pregunta, además, si tienen decidido ya su voto para la primera vuelta y, curiosamente, el 46 % ya lo tienen.

Que en Colombia se diga que parece que la intención de voto lleva hacia el centro-izquierda al país, el único del continente que nunca ha tenido un gobierno de izquierdas, será motivo más que suficiente para que la derecha movilice todo su arsenal, por desgracia no solamente el electoral, para minar esa opción.

Parece que Sergio Fajardo, exalcade de Medellín, y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, son los que tienen más opciones. Pero que las tengan les puede perjudicar y hacer que sus posibles votantes se inhiban y que los rivales se activen. Y para la casi segura segunda vuelta, es más difícil la unión de los sectores más progresistas que la de las derechas, más obedientes y pactistas con tal de evitar al enemigo.

En cualquier caso, la sugerencia es que la ciudadanía vote y no bote el voto. Que se decante por opciones confiables y comprometidas con la población y la justicia social. Es una oportunidad para dar continuidad a un proceso de paz necesario y que el país camine por la senda de la convivencia pacífica, desde el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Votar es un ejercicio de ciudadanía democrática; exigir después responsabilidades, también.