@jgonzalezok | Como lo anunció Hugo Chávez hace más de un año, poco antes de fallecer, Venezuela ha dejado de formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), siendo el único país de la región –excepto Trinidad y Tobago, que se fue en 1998- que adopta esta medida. La excusa fue la sentencia en contra de Venezuela por el caso de Raúl Díaz, acusado por la justicia venezolana de colocar explosivos en el consulado de Colombia y la embajada de España en 2003. Fue condenado a nueve años de cárcel, pero escapó a Estados Unidos y la Cidh falló contra el gobierno venezolano, por supuesta “violación del derecho a la integridad física” y “tratos inhumanos” durante su detención.
La Cidh ha hecho público un comunicado lamentando la decisión del gobierno de Caracas y hace un llamamiento para que reconsidere su decisión. Al mismo tiempo señala que esto va en detrimento de la protección de los habitantes de Venezuela, “quienes pierden una instancia de protección de sus derechos humanos. También se le recuerda a Venezuela que, a pesar de que haya denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sigue teniendo obligaciones, derivadas de su pertenencia a la OEA, ya que la Carta de la organización tiene un mandato para la promoción de los derechos humanos.
La salida de Venezuela se produce después de que varios países bolivarianos –fundamentalmente Venezuela y Ecuador- intentaran una serie de reformas para recortar las funciones de la Cidh y, fundamentalmente, la independencia de la Relatoría de Libertad de Expresión. Los dos países, con el apoyo de Nicaragua y Bolivia, están molestos por los informes que ponen en cuestión el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión. A pesar de que la Cidh jugó un importante papel durante las dictaduras militares de los 70, consagrando a este organismo como el más valioso de la OEA, los gobiernos bolivarianos vienen sosteniendo que es un instrumento de los Estados Unidos.
En la reunión que los cancilleres de la región mantuvieron en Guatemala, en junio pasado, el representante venezolano, Roy Chaderton, comparó a la Cidh con un tribunal de la inquisición y afirmó que “se ensaña con gobiernos democráticos como no lo hizo en el pasado con los militares”. En el caso de Ecuador, sostiene que la Relatoría de Libertad de Expresión representa a las grandes corporaciones mediáticas y no los intereses del pueblo.
En la práctica, el gobierno de Venezuela no ha cumplido con la mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana, aunque sus sentencias son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todos los estados miembros. Hugo Chávez sostenía que la Corte se dedicaba a ofender la dignidad del pueblo venezolano, posición que ha seguido, con más entusiasmo aún, el nuevo presidente, Nicolás Maduro. Desde 2011, tanto Venezuela como Ecuador vienen proponiendo algunas medidas que pueden limitar la independencia de las diversas relatorías, especialmente la de la Libertad de Expresión, incluyendo un recorte de sus fondos.
La posición de Venezuela y sus aliados está en consonancia con la progresiva avanzada de estos gobiernos contra todo tipo de control. Externo en este caso, pero también internamente, como demuestra el hostigamiento a los medios independientes, el control sobre la Justicia y hasta las paulatinas dificultades que encuentran aquellas ONG que escapan a los designios de los respectivos gobiernos.
El venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Comisión Internacional de Juristas (2011-2012) y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1983-1985), sostiene que al gobierno de Venezuela “le hace mucho más daño, en su imagen de violador de los Derechos Humanos, denunciar la Convención, que tener 10 ó 12 condenas”. En una entrevista con el diario El Universal, el jurista venezolano sostiene también que “las autoridades deberían tener claro que no podrán escaparse de la protección internacional, como no se escaparon Videla, Pinochet, los dictadores uruguayos ni Fujimori”.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Investigación de Provea (Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos), sostiene que la decisión venezolana dejará especialmente desprotegidos a los grupos indígenas y sus demandas de acceso a la tierra y el derecho a ser consultados sobre los proyectos a desarrollar en sus territorios. En este sentido destaca que las decisiones de la Cidh “han establecido un sólido marco jurídico internacional para resolver los conflictos que surgen entre los estados y las comunidades indígenas o tribales por las concesiones otorgadas por los gobiernos para la extracción, explotación y desarrollo de recursos naturales en sus territorios”.
Desde Ginebra, Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmo: “creemos que puede tener un impacto muy negativo en la situación de los derechos fundamentales en el país y en la región”.
Human Rights Watch (HRW), una ONG especialmente crítica con el balance de los derechos humanos del gobierno de Venezuela, ha dicho que la falta de independencia judicial y un Tribunal Supremo “que ha repetidamente defendido políticas gubernamentales que perjudican derechos básicos”, hacen especialmente escandaloso el rumbo que ha tomado Venezuela. José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW, considera que los venezolanos van a ser privados “del único recurso legal hasta ahora disponible que le hacía frente a las arbitrariedades de un régimen acostumbrado a actuar sin límites”.
Un día antes de la salida de Venezuela del sistema interamericano de Justicia, la oposición de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) presentó ante la Cidh una denuncia por fraude en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. Un representante opositor, Ramón José Medina, dijo en Washington que aspiraban a que se anulen y repitan estas elecciones. La misma denuncia había sido presentada ante el Tribunal Supremo de Venezuela, pero declaró inadmisibles los recursos y sostuvo que contenían “conceptos ofensivos” que buscarían minar la credibilidad de los electores en las instituciones.
