20 AÑOS DE LA MASACRE DE BARRANCABERMEJA

Un solo hueso

En Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, tuvo lugar otra de las masacres perpetradas por algunos de los trágicos protagonistas de ese eufemismo colombiano llamado conflicto armado.

“Nunca más jóvenes para la guerra” | Pintada en una calle de Barrancabermeja
“Nunca más jóvenes para la guerra” | Pintada en una calle de Barrancabermeja

Conocí la historia y al señor Peña a través de una de mis estudiantes de la maestría. Él me confesó, en una entrevista, que todavía le quedaban lágrimas, que le apesadumbraba la indolencia del Estado y que le servía de terapia conversar sobre aquello aunque le volviera un sufrimiento que nunca se había ido

En Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, tuvo lugar otra de las masacres perpetradas por algunos de los trágicos protagonistas de ese eufemismo colombiano llamado conflicto armado. En esta ocasión, un grupo de paramilitares, con la connivencia de ejército y policía locales, incursionaron en esta población y llevaron a cabo otra de sus macabras acciones “de limpieza social”. El resultado que queda, al margen de las víctimas directas, son el dolor, la congoja y la incertidumbre de las familias y sus sobrevivientes.

Tras una incursión paramilitar en la capital de la región del Magdalena Medio, quedaron atrás siete personas muertas y veinticinco desaparecidas, de las que los asesinos dejaron como rastro un único hueso. O al menos eso es lo que se ha podido recuperar veinte años después de la matanza. Raro y doloroso, pero cierto. Como muchos de los hechos de un país donde la realidad de su historia supera, por desgracia con creces, el realismo mágico de sus narraciones.

De entre las personas asesinadas y desaparecidas, solamente una mujer que no quiso dejar solo a su hermano que era obligado a subir al camión en el que los sacaron del lugar. Ambos desaparecieron y nunca más se supo.

Tampoco tiene noticias de su hijo, dos décadas después de los hechos, don Jaime Peña. Al joven Jaime Yesid Peña Rodríguez se lo llevaron con apenas dieciséis años, pasando por la puerta de su casa sin que su padre se imaginara la tragedia. Cuando al rato salió a buscarle ya no lo encontró, lo habían cargado en una de las dos camionetas en las que se llevaron a veinticinco jóvenes inocentes.

Conocí la historia y al señor Peña a través de una de mis estudiantes de la maestría. Él me confesó, en una entrevista, que todavía le quedaban lágrimas, que le apesadumbraba la indolencia del Estado y que le servía de terapia conversar sobre aquello aunque le volviera un sufrimiento que nunca se había ido. Recordándolo, las palabras le fluían más y le ayudaban a seguir viviendo y a coger fuerzas para luchar por la dignidad de su hijo y de todas las personas desaparecidas y muertas en aquel ataque. No busca venganza ni condenas, quiere, como muchas otras familias de víctimas de la violencia en Colombia, que se sepa la verdad, que se haga justicia conforme al Derecho Internacional Humanitario, que se dé la reparación integral y que no se vuelva a repetir nunca.

Don Jaime vive resistiendo y persistiendo en la pelea y en la vida. Aquella noche de mayo de 1998, él estaba viendo un programa de televisión que se llamaba “Sábados felices”. Qué paradoja, aquel fin de semana a una parte de la población de Barrancabermeja les robaron la felicidad y la tranquilidad, les marcaron para siempre y les quitaron un pedazo importante de su existencia.

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Retrato de Jaime Yesid en la casa de sus padres

Para Jaime Peña, como también para una parte importante de la población colombiana, la paz no es solamente el silencio de los fusiles; es necesario acabar con la corrupción y con tanta inequidad social

En su búsqueda de una explicación sobre los hechos, aquella misma noche recorrió el barrio El Campín para encontrar a su hijo Yesid y al resto. Solamente recibió largas y palabras huecas, inoperancia y falta de compromiso y de acción por parte de las fuerzas de seguridad y de las instituciones públicas.

También le duele al señor Peña la doble moral con las víctimas, la falta de decisión política para dar solución a un problema tan grave y tan triste que mancha la historia de un país y una ciudadanía que buscan la paz mientras una parte de la clase política hace negocio con la continuación de la guerra.

Aquella noche de mayo los paramilitares pudieron entrar con toda tranquilidad en ese sector de Barrancabermeja porque tenían la connivencia del ejército y la policía. Después se supo que la única condición que las fuerzas del orden pusieron a los victimarios es que hicieran lo que fueran a hacer en media hora y sin dejar cadáveres en la población.

El Colectivo 16 de mayo, creado a raíz de los hechos y al que pertenece Jaime Peña, sigue luchando por la paz y la verdad. “Un colectivo que le apuesta a la conservación, enaltecimiento y reconstrucción de la memoria”. Dicen que es la memoria la que les “ayuda al esclarecimiento de la verdad de los hechos que nos convirtieron en víctimas, pero también a generar espacios y lenguajes desde las víctimas, a tender brazos de unidad y solidaridad.” No buscan una reparación económica, sino justicia y dignidad. Desde esa organización, según explica don Jaime, renunciaron a una indemnización de unos dieciocho o veinte millones que les ofrecían a plazos. Cree que la Ley 1448 de Víctimas ha sido positiva a pesar de haber echado a todas las personas damnificadas en el mismo saco.

Para él, la desaparición forzada hiere a toda la comunidad y a la sociedad en su conjunto. En su colectivo “no han tragado entero” con la Unidad de Víctimas porque les exigen declarar de nuevo y piensan que eso supone una revictimización. Tampoco está conforme con una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander (departamento al que pertenece Barrancabermeja) que condenó a la Fuerza Pública, pero reconociendo como víctimas solamente a madres y esposas. El caso se elevó al Consejo de Estado.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde el 1 de julio de 2002, reconoce la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad y así lo recoge en su artículo 7.1. i) y lo define en el apartado 2.i) del mismo artículo como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

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La sala de la casa de los Peña Rodríguez con el retrato de Jaime Yesid

Jaime Peña, como otras personas del Colectivo 16 de mayo y de otras asociaciones de víctimas, estuvo presente en los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP. Ellos creen que su organización cumplió con su meta al “poner nuestro grano de arena para que la terminación del conflicto armado incluya el reconocimiento y realización de los derechos de las víctimas. Así demostramos nuestra opción por la paz con verdad, justicia y reparación integral.”

Ahora falta que el Estado cumpla. Aplauden la creación de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” (CEV) y la de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD); pero, después de todo este proceso, la pregunta que se sigue haciendo este padre, y muchas de las víctimas de esta guerra absurda, es ¿cuánta justicia se va a sacrificar en aras de la paz? Porque así los culpables pagaran cien años de cárcel, nadie les va a devolver a sus hijos.

Una parte llamativa de esta historia es que al señor Peña le llamó “el Panadero”, uno de los cabecillas de la masacre, para pedirle perdón. Él le respondió que le diera las coordenadas del lugar en que se encuentra el cuerpo de su hijo y de las demás personas desaparecidas. Está convencido de que si luchan pueden perder, pero si no lo hacen están perdidos, y reconoce que solamente descansará el día que le devuelvan los restos de su hijo, cuyo espíritu le da las fuerzas necesarias para seguir viviendo y luchando. Pero eso no cree que se llegue a dar nunca.

Mientras, él y su esposa, igual que hacen miles de personas en el país, mantienen viva la memoria por dignidad y contra el olvido. Porque la memoria es un instrumento de incidencia política en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las familias de las víctimas siguen esperando conocer la verdad, que se imparta justicia y que se haga la necesaria reparación. Por eso don Jaime reconoce que es fundamental que “la historia que se cuente sea la vivida por las víctimas; pues esa será la verdad real de lo que ha pasado, y no la historia interpelada por los victimarios que, con sus argumentos querrán entrar a justificar sus crímenes.”

Para Jaime Peña, como también para una parte importante de la población colombiana, la paz no es solamente el silencio de los fusiles; es necesario acabar con la corrupción y con tanta inequidad social.

Pueden encontrar algo de la historia de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja en el libro “Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio” (págs. 380 y ss.). Ese texto es un informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017) que recoge ciento veintiocho casos de desapariciones forzadas ocurridas entre 1970 y 2013 en diez de los municipios de ese territorio colombiano en las márgenes de uno de sus grandes ríos. Esas poblaciones pertenecen a cuatro departamentos de la región: en Antioquia, Yondó y Puerto Berrío; en Bolívar, san Pablo y Cantagallo; en Cesar, Aguachica, y en Santander, Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y san Vicente de Chucurrí.

i1(Portada del informe del CNMH sobre desapariciones forzadas en el Magdalena Medio)

El documento constituye el sexto trabajo del CNMH en su afán por dar a conocer los hechos y las víctimas del delito de desaparición forzada, una violación del derecho que tuvo que esperar hasta el año 2000 para ser tipificado con la Ley 589. En la sentencia C-317 de la Corte Constitucional del año 2002 se define dicho delito: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”.

Anteriormente, el CNMH publicó los informes: “Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”, “Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)”, “Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada”, “Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas”, todos ellos en 2014, y “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia”, en 2016, en el que se informa que en los últimos cuarenta y cinco años de esta guerra sin sentido 60.630 personas han sido desaparecidas en Colombia.

En el discurso de presentación del informe “Nunca más”, elaborado en 1984 en Argentina por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el escritor Ernesto Sábato, presidente de ese organismo, señalaba que las personas víctimas de ese delito pasaban “a formar parte de una categoría fantasmal: los ´desaparecidos`”. Y afirmaba: “Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.”

El doctor Christian Salazar Volkman, en su intervención como representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recogida en el documento “La desaparición forzada” como presentación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, manifestó que es un delito que constituye “una de las violaciones de los derechos humanos más graves y terribles. Viola varios derechos, incluyendo el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a la tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante, y también viola o constituye una grave amenaza al derecho a la vida.”

En 2017, cuando se cumplieron diecinueve años de la masacre de Barrancabermeja, el Colectivo 16 de mayo hizo público un comunicado en el que declaraban: “Si queremos que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir, se tendrá que destapar todo lo que está detrás de esa línea oscura que trazó la política de enemigo interno, enseñada desde los cuarteles de Estados Unidos a nuestros militares, que hizo volver las armas de la república contra sus propios ciudadanos.”

Recordar los sucesos acaecidos en Barrancabermeja hace ahora veinte años debería contribuir a que la sociedad colombiana en su conjunto demande justicia y reclame que se conozcan las historias ocultadas. El Colectivo 16 de mayo cree que es inexcusable e importante recordar “Porque la impunidad se alimenta del olvido, el silencio y la indiferencia.”

Recuperar la memoria es un ejercicio necesario para salir del silencio y la apatía. Para resistir y, parafraseando a Mejía Vallejo, no extraviar los primeros recuerdos de tanto andar a solas y evitar morir porque nos hayan olvidado.

Espero que a don Jaime Peña y a su esposa les ayude a seguir existiendo, a mantener vivo el espíritu de Yesid y a continuar luchando para que algún día se conozca toda la verdad.

Por la dignidad de las víctimas y sus familias, nunca más contra nadie, nunca más desapariciones forzadas.

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El río Magdalena a su paso por Barrancabermeja

“La muerte va borrando / el nombre de los hombres
como borra el océano / la memoria de los grandes ríos.

También el olvido se paga en las letras de las viejas tumbas.

El hombre –sólo el hombre– / sabrá que ni siquiera

quedará memoria del olvido.”

(Manuel Mejía Vallejo)