El Tribunal reinserta la medida cautelar de no innovar hasta que se complete el proceso de apelaciones sobre la cuestión de fondo: cómo y cuánto se debe pagar al 7,6% de los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010. Para ello estableció un cronograma que finaliza el 27 de febrero de 2013, fecha a partir de la cual los jueces deberán emitir su fallo.
Se aceptó también que los bonistas que ingresaron al canje se presenten como parte no interesada en la apelación y los magistrados dejaron abierta la posibilidad de que el Banco de Nueva York –agente de pago de la deuda-, las casas de clearing, los depositarios de títulos y la Reserva Federal de los Estados Unidos puedan presentar sus propios argumentos.
La decisión trajo alivio no sólo al gobierno argentino y a los bonistas, sino a todo el sistema financiero implicado en el proceso de reestructuración y pago de la deuda: conjurado el fantasma del “default técnico” que otros pájaros, los agoreros, se dedicaron a convocar en los últimos días, los próximos dos pagos de diciembre podrán realizarse con normalidad.
Respecto a la cuestión de fondo que implica el reclamo del 7,6% de los acreedores que no entraron en el canje (de los que se calcula que aproximadamente el 92% corresponde a fondos buitre y el resto a tenedores particulares estadounidenses), el gobierno argentino mantendría, básicamente, los argumentos que ya presentó a la Cámara para que se suspendiera el fallo Griesa. La eventual reapertura del canje debería incluir una cláusula para exigir que ingresen todos los tenedores de bonos en default, de forma tal de poner fin a los ataques especulativos de los 'fondos buitre'.
Si finalmente la decisión de la Cámara beneficiara a esta minoría frente al 92,4% de los bonistas que aceptaron la quita del 70% del capital, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, Argentina ya anunció que apelaría a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
LA FRAGATA LIBERTAD NO PUEDE SER EMBARGADA
Por otra parte, la Organización Marítima Internacional (OMI, dependiente de Naciones Unidas y con sede en Londres) acaba de certificar que la Fragata Libertad, retenida desde el 2 de octubre en Tema por resolución de un juez de Ghana a pedido de los 'fondos buitre', es un buque militar y no comercial, por lo que no puede ser embargada. En este sentido, la titular de la Comisión de Relaciones Internacionales y Defensa de la Cámara Baja de Brasil, la diputada Perpetua Almeida, sostuvo que el embargo puede compararse con la ocupación de una embajada.
Por su parte, la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, destacó que "resulta preocupante que algunos legisladores y medios de prensa argentinos difundan falsas informaciones que podrían perjudicar la situación argentina frente a las ávidas demandas de los 'fondos buitre' y en contra del interés nacional".
Después de intentar resolver la cuestión por vía diplomática con el gobierno de Ghana sin lograrlo, Argentina se presentó ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo. Fundado en 1994 como órgano de la Convención de Naciones Unidas y conformado por 21 miembros, el caso de la Fragata Libertad es el número veinte en el que interviene. Ya comenzaron los alegatos y se confirmó que el organismo se expedirá el 15 de diciembre. En Argentina se espera que las 45 personas que han quedado custodiando la Fragata puedan volver a casa por navidad.
