@jgonzalezok / En su primer discurso público, en septiembre del año pasado, Máximo Kirchner, hijo de la presidente y diputado electo, afirmó: “Entregaremos el gobierno, pero nunca el poder”. En aquél momento, la posibilidad de perder las elecciones estaba lejos. En el kirchnerismo soñaban con tener un candidato propio y colocar a los más fieles cristinistas en los principales puestos de las listas. Con eso podrían seguir presionando a la justicia, que tiene más de 1.000 causas por corrupción contra 164 funcionarios del actual gobierno.
Pero después de aquel deseo del hijo de la presidente, poco más de un año después, la realidad política es muy diferente. Tuvieron que aceptar a regañadientes que su candidato fuera Daniel Scioli, al que siempre consideraron como un cuerpo extraño. Además, la primera vuelta de las elecciones les provocó una conmoción y una crisis política interna. Perdieron la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, así como en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, etc. Incluso en buena parte de las localidades del gran Buenos Aires.
Pero el afán de conservar cuotas de poder sigue intacto. Y solo es comparable a su determinación de cubrirse frente a eventuales problemas con la justicia, derivados de su paso por la función pública. A solo unos días de la segunda vuelta de las presidenciales, la presidente anunció sus dos candidatos a integrar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Una iniciativa sin ningún futuro ya que no tiene la mayoría parlamentaria suficiente. La oposición, además, hace meses que anunció que no trataría el tema hasta la llegada del próximo gobierno.
Pero el kirchnerismo sí tuvo éxito –al menos momentáneo- al lograr colocar a dos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Eso sí, en medio de un sonoro escándalo en la cámara de Diputados. Según la oposición, la renovación en la AGN debía esperar a diciembre, con la nueva composición del parlamento. Además, la maniobra se llevó a cabo en una sesión extraordinaria en la que el tema no figuraba en el orden del día. Estas irregularidades han sido denunciadas judicialmente.
La AGN es el único órgano de control que funcionó en estos años, ya que por ley le corresponde la presidencia al principal partido de la oposición. Tiene siete integrantes y el resto del directorio se distribuye de acuerdo a la composición del parlamento. Los otros organismos que deberían ejercer el control, como la Sindicatura General de la Nación o la Oficina Anticorrupción, estuvieron desactivados durante estos años, al estar en manos de militantes kirchneristas.
Los dos nuevos auditores son amigos personales de Máximo Kirchner, el hijo de la presidente, y destacados miembros de la agrupación La Cámpora. Uno de ellos es Julián Álvarez, hasta ahora subsecretario de Justicia y derrotado candidato a intendente (alcalde) de Lanús, en el Gran Buenos Aires.
El mismo día el gobierno tuvo una mala noticia que complica sus planes en su viejo anhelo para controlar la justicia. La Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que le permitía al gobierno nombrar jueces subrogantes de manera discrecional, “sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional”.
El gobierno venía utilizando esa vía para nombrar jueces a simples abogados o incluso secretarios de juzgado, que le aseguraban fidelidad política. Al no tener estabilidad en el cargo, ya que son simples sustitutos a la espera de un juez titular, son claramente presionables. Este procedimiento fue paralelo al desplazamiento de aquellos fiscales y magistrados que avanzaban en las causas de corrupción. El dictamen de la Corte Suprema se conoció horas después de que fuera desplazado de la Cámara de Casación un juez que se suponía iba a votar en contra del gobierno por el acuerdo con Irán por el atentado de la AMIA.
“La elección de subrogantes –aproximadamente el 25 % de los cargos en los tribunales nacionales y federales- no puede quedar librada al arbitrio de la autoridad de turno”, dijo el máximo tribunal del país. El procedimiento utilizado en los últimos años, dijo también la Corte, “afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos”.
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, dijo que la decisión de la Corte “clausura de una vez y para siempre la posibilidad de que se aplique esta ley viciada, herramienta de la que se valió el oficialismo para hacer uso y abuso de la discrecionalidad y para designar a jueces allegados”. Alberto Asseff, diputado del también opositor Frente Renovador, dijo en la misma línea que “la ley de subrogancias era, además de inconstitucional, desopilante (disparatado), al punto que un escribiente podía ser juez de la noche a la mañana”.
Pero en el armado que hizo el gobierno en los últimos años para condicionar al próximo gobierno hay un obstáculo en la justicia, la figura de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefe de los fiscales, que no tiene intención de irse si vence la oposición. Legalmente solo podría ser apartada por el Senado, donde el kirchnerismo mantendrá la mayoría.
En caso de victoria opositora el próximo 22 de noviembre, podría aprobarse un proyecto de ley para incorporar a la legislación la figura de la cosa juzgada írrita, que permitiría reabrir causas contra funcionarios que hayan sido sobreseídos de manera fraudulenta.
En realidad, la Corte Suprema de Justicia ya convalidó esta doctrina, cuando decidió rechazar un recurso extraordinario del juez Juan José Galeano, que había sido sobreseído en la causa AMIA. La teoría que avala la Corte supone que se pueden reabrir procesos penales que habían sido concluidos, si se demuestra que el juez no tuvo voluntad de investigar, si el proceso fue una farsa, si el juez fue incompetente o hubo una acción ilegal del acusado que provocó su absolución.
Podrían caer en este caso los sobreseimientos de la familia Kirchner y también el candidato oficialista, Daniel Scioli. En ambos casos se investigaron sus bienes, tras sendas denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito. Y el resultado fue el mismo: cierre de los casos de manera inusualmente rápida, sin que hubiera tiempo material para considerar las pruebas y sin que los fiscales apelaran la decisión.
