LOS MÉTODOS ILEGALES DE CAMBRIDGE ANALYTICA

El juego de la manipulación

El gobierno argentino destina más de 200 millones de pesos para influir en la opinión pública a través de Facebook y Twitter.

En el mes de junio se conoció la investigación realizada por el canal británico Channel 4 en la que se demostraban los métodos ilegales que Cambridge Analytica puso en práctica para influir antes de las elecciones presidenciales de 2015. Alexander Nix, CEO de la compañía, aseguró en el Parlamento Británico haber realizado una campaña anti Kirchner con el fin de posicionar al por entonces candidato por Cambiemos, Mauricio Macri. La campaña a la que hizo referencia Nix, consistía en la “difamación y estigmatización del partido alternativo a Cambiemos”, mediante 'fake news' (noticias falsas) publicadas en Facebook.

Ahora finalmente salió a la luz una nueva investigación que desnuda la táctica del oficialismo para interferir en la opinión pública. Con una suma de dinero que supera los 200 millones de pesos, extraídos de los contribuyentes, la investigación conocida como “Los trolls de Cambiemos” deja al descubierto los detalles de la estructura montada por el gobierno de Macri para intervenir en las redes sociales con perfiles ficticios, con el fin de criminalizar y estigmatizar a quienes discrepan con las medidas del oficialismo. El periodista Mauro Federico aseguró que la persona a cargo de esta iniciativa es Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

"Los trolls de Cambiemos" reveló detalles de la estructura montada por el gobierno de Macri para intervenir en las redes sociales con el fin de alterar la conversación normal en un tema de discusión. "Hay personajes falsos y perfiles ficticios en las redes sociales que intervienen de forma fraudulenta y trabajan para desprestigiar a aquellos que se oponen o tienen miradas críticas al gobierno de Mauricio Macri"

Esta investigación está avalada por la Universidad de Oxford, que en julio ya había revelado esta práctica mediante un documento titulado  “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation”, en el que se denuncia que veintiocho países recurren a este tipo de manipulación ejercida desde las redes sociales. En Argentina se identificaron unos 7.500 usuarios que llevan adelante un millón de interacciones diarias. A nivel presupuestario, el gobierno destina más de 205 millones de pesos al año para controlar la conversación en las redes sociales. Allí se anotan algunas cuentas conocidas para la mayoría de los usuarios y periodistas que navegan por dichos canales de comunicación, apuntadas como difusoras de las diversas campañas de difamación y ataques contra la oposición. 

Se destaca en el informe que "se coordina el horario exacto para buscar que los algoritmos de la red social noten el impacto del movimiento. Desde ahí se levanta en algún medio oficialista, que lo avala y sirve como nueva plataforma de difusión"

cambiemos

El 'troll-center' de Cambiemos está comandado por el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, quien encabezó cuatro de las estructuras creadas cuando el equipo del actual gobierno se encontraba en plena campaña electoral, financiadas en ese momento con dinero de la campaña, pero que hoy se financian con dinero del Estado.

La oficina argentina de Amnistía Internacional también puso el foco en los ciber ataques. En un reporte difundido en marzo sobre la persecución a quienes piensan distinto del gobierno nacional, relevaron el accionar de las "patotas" virtuales dedicadas a difundir información falsa de las personas públicas que emitieran cualquier tipo de opinión o acción contra el gobierno de Mauricio Macri. Amnistía destacó que los ataques "son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público

Negado sistemáticamente por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el call center del gobierno no solo existe realmente sino que además ha invertido la friolera de 205 millones de pesos anuales, de dinero público, y –como si esto no fuese ya motivo suficiente de escándalo sin precedentes- utiliza para sus fines a empleados estatales.