sábado 19.10.2019
CRÓNICAS DE AMÉRCIA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Testigo clave contra el vicepresidente argentino deja el país por amenazas de muerte

El exdirector jurídico del Palacio de Hacienda teme por su vida y abandona el país después de las amenazas sufridas por él y algunos familiares.

Amado Boudou.
Amado Boudou.

@jgonzalezok | La situación judicial del vicepresidente argentino, Amado Boudou, se ha complicado en los últimos días, después de que la Cámara Federal de Casación Penal se negase a archivar las acusaciones que pesan en su contra por el llamado caso Ciccone: la única imprenta del país capaz de imprimir moneda, que fue salvada de la quiebra por una presunta intervención del funcionario, cuando era ministro de Economía. La empresa había sido comprada por presuntos testaferros del vicepresidente y, tras destaparse el escándalo, fue expropiada por el Estado.

Además de Boudou, en el centro del escándalo está el empresario José María Nuñez Carmona, amigo de juventud del vicepresidente y su socio en varias empresas. Y Alejandro Vandenbroele, a quien el vicepresidente niega conocer, a pesar de que comparten amistad con Nuñez Carmona y de que le alquiló un piso en Puerto Madero. Hay constancia, además, que Vandenbroele le ha pagado viajes a familiares de Boudou.

Uno de los que se considera testigos clave en el caso, que fuera director jurídico del ministerio de Economía cuando sucedieron los hechos, ha dejado el país por temor a las amenazas de muerte sufridas en las últimas semanas. Se trata de José Guillermo Capdevila, que había sido apartado del cargo después de redactar un dictamen en desacuerdo con que el entonces ministro –Boudou- apoyara expresamente que la imprenta recibiera beneficios excepcionales de la AFIP, la agencia recaudadora de impuestos de Argentina. Entre estos beneficios figuraba una quita millonaria de su deuda.

El ex funcionario ya había prestado declaración ante el anterior fiscal de la causa, Carlos Rívolo, que fue apartado por presiones del propio Boudou, al igual que el juez y el procurador Esteban Righi.

El vicepresidente está siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública –tráfico de influencias-, al interesarse por un expediente en el que no tenía ninguna competencia. Y también por presunto enriquecimiento ilícito, si se prueba que tiene relación con los nuevos propietarios de la empresa. La declaración de Capdevila y el documento que Boudou firmó a favor de la empresa, son piedra angular del caso.

La intervención de Boudou se produjo a pesar de que Capdevila redactó un informe, el 8 de noviembre de 2010, en el que recordaba que la AFIP es un organismo autárquico y no le correspondía al ministerio de Economía “dar instrucciones sobre el curso de acción que debe adoptar en relación con el pedido de acción efectuado por Ciccone”

“Temo por mi vida y nadie de los que tienen la responsabilidad institucional y moral fueron capaces de cuidarme”, dejó dicho en un comunicado Capdevila, antes de abandonar Buenos Aires con destino desconocido. “Supongo que cuando las condiciones de seguridad estén dadas, podré venir, volver a mi país a declarar como testigo y podré seguir, desde el lugar que me toque, tratando de hacer lo mejor por nuestra Argentina”, añadió.

Hace unos días, en vísperas de que Capdevila prestase nuevamente declaración ante el juez, fue abordado en la calle por dos hombres, que lo amenazaron. Un familiar del ex funcionario fue también seguido por un automóvil sin placa o matrícula, en una clara maniobra intimidatoria. Estas circunstancias llevaron a Capdevila a abandonar el país.

El pasado miércoles, un grupo de diputados opositores había pedido a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, que explicara las amenazas sufridas en los últimos días por testigos del caso Ciccone. En realidad otros tres testigos recibieron también amenazas: un yerno del primitivo propietario de la imprenta, un ex socio de José María Núñez Carmona -el único socio que reconoce Boudou-, y una enfermera del fundador de la empresa, que podría confirmar que antes de morir, su paciente había dejado un documento firmado ante notario, sobre sus presuntas reuniones con el vicepresidente.

Pero ya desde el principio del caso se intenta amedrentar a los testigos. La primera persona en recibir amenazas fue Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, quien fue la primera en señalar a éste como presunto testaferro de Boudou.

Los diputados señalaron que este tipo de intimidaciones “no pueden ser permitidas por un Estado que debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, teniendo en cuenta la protección de testigos judiciales que pueden brindar información esencial en una causa tan sensible, dada la vinculación de importantes funcionarios públicos”.

Ante las numerosas voces que están pidiendo la renuncia del vicepresidente o su apartamiento temporal del cargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich pidió que se respete “el debido proceso” y se evite el linchamiento mediático. Las voces contra Boudou no solo han llegado desde la oposición política. La presidente de las Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, señaló que el vicepresidente debería apartarse: “tiene que haber en algún momento dignidad de los funcionarios y pensar que si están cuestionados y las pruebas van apareciendo, tienen que dar un paso al costado”.

Aunque la posición de Boudou es sumamente complicada, desde la Casa Rosada se decidió no soltarle la mano, aunque sus funciones están sumamente reducidas y su actividad se limita a viajes al exterior. Se supone que tiene en contra a algunos sectores del gobierno, pero nadie se sale del libreto ya que fue una elección personal de Cristina Fernández.

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los kirchneristas más fundamentalistas, dijo que Boudou está siendo víctima del poder económico, que le pasa factura por haber estatizado las AFJP –los planes de pensiones privados- y que no debe dejar su cargo “porque lo votó el pueblo argentino”.

La ofensiva contra jueces y fiscales que tienen en sus manos casos contra funcionarios no se queda aquí. El fiscal José María Campagnoli, el que más había avanzado en la investigación contra el empresario Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner, está al borde de la destitución. El cargo es por mal desempeño de sus funciones, al excederse en su competencia. El juicio político en su contra coincidirá con el Mundial de Fútbol, momento en que el gobierno especula con que la atención de la opinión pública estará puesta en Brasil. 

Testigo clave contra el vicepresidente argentino deja el país por amenazas de muerte