@jgonzalezok | Después de dos días de saqueos, la ciudad argentina de Córdoba, la segunda en importancia del país, volvió paulatinamente a la normalidad, después del principio de acuerdo con la policía, que estaba acuartelada por demandas salariales. El balance provisional es de un muerto y cientos de heridos. Otro fallecido del que también se informó, habría muerto por causas extrañas a los saqueos. El número de detenidos sobrepasa el medio centenar.
Los saqueos incluyeron supermercados, tiendas de electrodomésticos y hasta colchonerías. Entre las víctimas de los saqueos estuvieron también un depósito de Cáritas lleno de alimentos y los cronistas de un canal de televisión que informaba en directo de los sucesos. La ausencia de policía en las calles llevó a numerosos propietarios de locales comerciales a defenderse de los asaltantes con armas en la mano. Se vieron escenas de linchamientos por parte de patrullas vecinales, que en algunos casos armaron barricadas para impedir el paso de los saqueadores, muchos de los cuales se movilizaban en motos.
Los saqueadores parecían actuar de manera coordinada. El gobierno provincial sostiene que podrían haber sido organizados por narcotraficantes, que están sintiendo cómo se ha empezado a combatir con más empeño sus actividades. La propia policía provincial ha sido acusada de lazos con el narcotráfico, con varios altos jefes detenidos.
Los sucesos de Córdoba desataron un conflicto político interno entre el gobierno nacional y el provincial. El gobernador es José Manuel de la Sota, peronista pero no kirchnerista y con aspiraciones presidenciales. Desde el gobierno provincial se afirma que se pidió ayuda al gobierno nacional para enfrentar esta situación, pero que ni siquiera le atendieron el teléfono. El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó haber recibido el pedido de ayuda y añadió que la seguridad era responsabilidad de la provincia.
El gobierno provincial reconoció después errores y dijo no haber sabido dimensionar la protesta policial. El gobernador, de hecho, estaba de viaje y tuvo que volver de urgencia desde Panamá, aunque la protesta policial ya estaba en marcha cuando viajó.
En el medio de los entredichos entre las autoridades provinciales y el gobierno central se ordenó el envío a la provincia de 2.000 gendarmes, pero se dio marcha atrás después de que se llegara a un acuerdo con los policías cordobeses.
En cualquier caso, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que había iniciado una ronda de conversaciones con dirigentes opositores, parece haber cedido al sector más duro del kirchnerismo, que tiene en De la Sota un enemigo aún más odiado que otros adversarios de orígenes no peronistas. La postura dura de Capitanich respondería a una orden de la presidente, Cristina Fernández, y del poderoso Secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini.
Existe el temor de que se produzca el contagio, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, y se reproduzcan los saqueos en otras partes del país. El año pasado, también en diciembre, hubo saqueos en la ciudad patagónica de Bariloche, que se extendieron después a otras provincias. El fantasma de estos sucesos evoca el 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando De la Rúa, en medio de una gran crisis social.
Casi al mismo tiempo que los sucesos de Córdoba hubo otro intento de saqueo en la localidad de Glew, en el Gran Buenos Aires. El dueño de un supermercado chino murió cuando los saqueadores quemaron el establecimiento, que estaba siendo defendido por el propietario con un arma. El jefe de la policía provincial dio órdenes para permanecer alerta ante posibles saqueos. Y se estableció un mecanismo de consulta con los dueños de supermercados para reaccionar rápidamente en casos de conflicto.
También en la provincia de Tucumán, el gobernador dispuso medidas preventivas para evitar que se produzcan sucesos como los de Córdoba. En Santa Fe, el gobernador aseguró a los policías provinciales recibirán la correspondiente paga extra (aguinaldo), así como cierto dinero que se les adeuda, mientras que en Chubut se anunció también una subida salarial para los efectivos policiales.
Los saqueos, independientemente de que hayan sido organizados y no respondan a una crisis socioeconómica, son una pesadilla para el gobierno. Las luces de alerta están encendidas, sobre todo porque la inflación se ha acelerado en las últimas semanas. Y, como siempre, golpea con mayor fuerza a los sectores más desfavorecidos. Se calcula que el índice real de inflación puede sobrepasar el 25 %, pero en el sector alimentos alcanzaría el 33 %, según un estudio de la consultora Elypsis. Además, por primera vez en años, los aumentos de salarios no llegaron a equiparse con el índice de inflación. El salario real registrado, según la consultora Abeceb, cayó un 0,5 %.
Esto podría llevar al gobierno a replantearse algunas medidas que están en estudio, como el recorte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos y transporte. El temor a un estallido social es superior a la lógica económica ortodoxa que estaría siendo contemplada por el gobierno de Cristina Fernández.
