SOBRE LOS ARCHIVOS DEL DAS

Revelador memorando de un detective sobre la persecución a la oposición en Colombia

Claudia Julieta y su abogado Jorge Molano.
Claudia Julieta y su abogado Jorge Molano.

A comienzos de marzo pasado, mientras en los juzgados especializados de Bogotá continuaba el juicio contra tres exdirectivos de la clausurada policía secreta de Colombia (Departamento Administrativo de Seguridad) por la tortura agravada de la que fue víctima la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, la Fiscalía General llamaba a juicio al exsubdirector de ese organismo Emiro Rojas Granados y los exfuncionarios de Inteligencia y Contrainteligencia Néstor Pachón Bermúdez y William Merchán López.

La decisión de ninguna manera resultó sorpresiva, pues desde el año 2011, cuando fue abierto formalmente el proceso por la persecución de varios años en contra de la periodista, han caído 12 miembros del extinto organismo de inteligencia entre directivos y detectives, tres de los cuales aceptaron cargos y ya fueron condenados. Con altos y bajos, el caso de Claudia Julieta Duque se ha convertido en emblemático de la lucha contra la impunidad en ataques contra periodistas no sólo en su propio país sino en América Latina.

Pero el abultado expediente –que desde febrero perdió el carácter de reservado cuando fue confirmada segunda instancia la acusación en contra de Rojas Granados y Pachón Bermúdez– sigue arrojando luces sobre el espionaje masivo al que fueron sometidos defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y hasta magistrados de las altas cortes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hoy convertido en el congresista más votado de la historia de Colombia tras ser reelegido como senador con cerca de 900 mil votos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.

Escondido en uno de los cerca de 40 mil folios de los que consta en la actualidad el proceso por el caso Duque, reposa un memorando hallado en una inspección judicial a los archivos del DAS en mayo de 2017, suscrito por el detective 1949 –cuyo nombre aún no se ha establecido– que da cuenta de la masiva persecución del DAS contra los opositores a Uribe Vélez, cuya presidencia se caracterizó por un discurso amenazador y denigrante en contra de las organizaciones de derechos humanos y la libertad de prensa, el cual estuvo acompañado de detenciones masivas y más de 6 mil ejecuciones extrajudiciales de jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate.

El memorando, fechado 30 de noviembre de 2004, corresponde a un informe sobre la “orden de trabajo 008”, emitida por el entonces coordinador del Grupo de Asuntos Especiales 2 (GAES 2), Jimmy Galvis Caballero, actual funcionario de la Fiscalía hasta hace poco asignado como investigador contra las llamadas “bandas criminales” (BACRIM), grupos sucesores del paramilitarismo que funcionan al amparo del narcotráfico. Galvis y otros 11 detectives responden en juicio por las llamadas “chuzadas” del DAS pero no se encuentra detenido.

En su informe, el detective 1949 admite lo que todos los miembros del DAS, con excepción del coordinador del temido Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), el fallecido Jaime Fernando Ovalle, han negado: que durante el gobierno Uribe ese organismo de inteligencia estuvo dedicado a realizar labores de inteligencia contra miembros de la oposición.

Pero el memorando del detective 1949 podría abrir además una nueva e importante arista para la investigación judicial, pues menciona la creación de un grupo de tareas del que hasta ahora nadie sabía, denominado el G-7.

Se trataba de un grupo cuyo propósito era recopilar información de inteligencia sobre “personas relacionadas con la política nacional, opositores al actual mandatario de la República de Colombia. Con el transcurrir del tiempo y en razón a la gran solicitud de búsqueda de información que se requería de este tipo de personas, el coordinador del GAES 2 derivó de esta misión una serie de misiones a varios funcionarios de esta oficina. Se repartieron por cada funcionario alrededor de 7 personajes, en lo que se denominó posteriormente con el nombre de G-7”.

De acuerdo con el detective 1949, las órdenes eran emitidas de manera verbal por la “subdirectora de Contrainteligencia, Jacqueline Sandoval Salazar”, quien ya fue condenada y se encuentra en libertad por el caso de las “chuzadas”.

[La información solicitada] se le entregaba personalmente sin los formatos de entrega de misiones al encargado del Grupo GAES 2, quien la guardaba en su escritorio, toda vez que esta información tenía un carácter reservado y sensible”.

 

La Fiscalía también encontró la orden original, dirigida hacia los detectives con número de carné 1949, 3813 y 9737, que no deja duda sobre la violación a la intimidad y privacidad de las personas convertidas en blanco del DAS, así como el espionaje que se ejercía por aquella época en Colombia. Jimmy Galvis Caballero ordenaba a sus funcionarios “efectuar labores de inteligencia a cubierta” para “obtener información por internet, documentos, fuentes propias y archivos sobre personas que ordene la jefatura, elaborando informe que contenga identidad plena, estudios, cargos desempeñados, núcleo familiar, financiación, contratos con el Estado, demás datos de interés”.

Asimismo, solicitaba “abrir carpeta que contenga todo lo anterior, la cual deberá mantenerse guardada por parte del coordinador del grupo. Los informes que se elaboren no deberán contener formalidad alguna, solamente la fecha”, lo cual denota la intención de ocultamiento y la ilegalidad de las labores que se planteaban.

De hecho, en octubre de 2008 la Corte Constitucional falló un recurso de amparo en el caso de Claudia Julieta Duque al comprobar que las denuncias de la periodista sobre espionaje en su contra eran ciertas, y determinó que el DAS sólo podía recopilar información de inteligencia sobre una persona “cuando existen datos serios, objetivos y confrontables que puedan comprometerla en una actuación criminal y, en estos casos, la investigación debe ser judicializada de manera tal que un juez de la república pueda garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio”.

En esa oportunidad, la Corte ordenó al organismo de seguridad entregar a la periodista toda la información que existiera en su contra, así fuera considerada ultra secreta, clasificada o reservada, dado que había sido obtenida de forma ilegal. Pero el DAS decidió destruir casi todos los archivos, lo que dio origen al escándalo de las llamadas “chuzadas”, que no es otra cosa que el espionaje y la persecución masiva contra la oposición en Colombia, por el cual ya han sido condenados más de 30 funcionarios, entre quienes se cuenta el exdirector general Jorge Noguera.

La Fiscalía calcula que no menos de 300 personas fueron víctimas del accionar ilegal de la policía secreta, pero los documentos que siguen apareciendo indican que el país aún está lejos de conocer toda la verdad sobre lo sucedido en el DAS durante la presidencia de Álvaro Uribe. Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz –creada en el marco del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC– ordenó al gobierno entregarle todos los archivos del desaparecido organismo de seguridad.

José Miguel Narváez 300Exdirectivos se enfrentan en juicio por tortura

Entre el 6 y el 8 de marzo pasados, el exdirector de Inteligencia del DAS, Enrique Alberto Ariza Rivas, confirmó una vez más la participación de José Miguel Narváez (en la imagen), asesor y exsubdirector de esa entidad, en la persecución y hostigamiento contra defensores de derechos humanos en Colombia.

El otrora hombre fuerte de la inteligencia Colombia, deportado hace un año desde los Estados Unidos, ya fue sentenciado a ocho años de cárcel por las escuchas ilegales en el caso conocido de las chuzadas y ahora responde en juicio –junto a Narváez y el prófugo exjefe de Inteligencia Giancarlo Auqué–  señalado de ser uno de los responsables de la tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque.

En octubre de 2017 la Fiscalía calificó el caso de lesa humanidad. El abogado de Duque, Jorge Molano, solicitó al juez Sergio León Martínez hacer lo propio al dictar sentencia contra Ronal Harbey Rivera Rodríguez y Rodolfo Medina Alemán, cuyo juicio culminó el 24 de noviembre.

Ariza reafirmó que desde el DAS se espiaba y perseguía a periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y opositores, pero sobre todo a integrantes de organizaciones no gubernamentales de los cuales se sospechaba que tenían vínculos con grupos guerrilleros. Según el exfuncionario, esas acciones eran “normales” y que el organismo “sospechaba” que la subversión recibía fondos de las demandas ganadas al Estado por parte de las organizaciones no gubernamentales, extremo que nunca logró comprobarse.

¿En el caso del G3 cuándo supo de su existencia?, cuestionó Molano.

-Lo supe el 5 de abril de 2004- respondió.

Indicó que a su oficina llegaron Jaime Fernando Ovalle Olaz (la Fiscalía lo señala de haber dirigido el G-3, pero falleció antes de ser acusado o condenado) y Juan Carlos Sastoque (prófugo) a indicarle sobre la creación del G-3.

Aseguró también que se enteró que uno de los grupos a ser investigados era el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. La periodista era parte de ese grupo que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia.

Con la creación del G3 se incrementó la persecución contra diversos sectores “esos blancos ya existían cuando yo llegué al DAS”, destacó, dejando al descubierto el control desde el Estado contra opositores y grupos que resultaban incómodos.

En una de las interrogantes Ariza dejó de nuevo al descubierto el poder que tenía Narváez en el DAS, pues muchas de las operaciones pasaban por sus manos. Ariza confirmó que desde el G-3 solicitaban información a diferentes instancias del DAS sin siquiera ser consultado.

Enrique Ariza se encuentra detenido en la cárcel La Picota al sur de Bogotá desde 2017, mientras que Narváez está preso en el Batallón Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, Cundinamarca ubicado a una hora al occidente de la capital colombiana. Por su parte, Giancarlo Auqué de Silvestri está prófugo de la justicia desde 2015, y aparece en redes sociales fungiendo de pastor religioso y vendedor de libros.

bogado de Enrique Ariza

Horacio Mogollón, abogado de Enrique Ariza

Los problemas con Narváez

Durante la audiencia de juicio fueron inocultables los problemas entre Ariza y Narváez por una lucha de poder que los llevó a enemistarse y se mantiene en la actualidad.

“Narváez atemorizaba a todos en el DAS. A él se le conocía como el hombre del presidente, decía que venía de la Presidencia de República”, resaltó Ariza, quien comentó que cuando reclamó a Narváez por la destitución inconsulta del entonces subdirector de Análisis, Carlos Orozco, éste le respondió “Enriquito, tú no sabes de dónde vengo yo”.

Una y otra vez, Ariza acusó a Narváez de cometer ilegalidades aprovechándose de su puesto en el DAS.

De acuerdo con Ariza, el G-3 fue creado entre enero y marzo de 2004, pero muchas de sus operaciones se mantuvieron en secreto y nunca hubo un acto administrativo que le diera vida.

Ariza se puso muy nervioso cuando Molano le presentó unos documentos internos del DAS en donde se confirma la persecución de la que fue víctima Duque Orrego, pero aún más cuando el abogado preguntó: ¿quién estaba al frente de la Dirección de Inteligencia cuando estas cosas ocurrían? “El director era yo”, respondió.

Al escuchar las declaraciones de Ariza, la periodista destacó que él quiso salvar su responsabilidad, pero las pruebas hablan por sí solas.

Sin embargo, Ariza fue enfático en afirmar que no tenía detalles de la persecución contra la periodista y que la información era concentrada por Narváez en la oficina del G-3 “me ocultaban información y le pregunté a Noguera [director general del DAS] que hacía el grupo, pero me decía que Narváez era un experto y que para eso llegó (…) la llegada de Narváez fue muy traumática”.

Tal y como lo dijo frente al mismo juzgado el 19 de diciembre de 2017, Ariza Rivas aseguró que el G-3 se convirtió en un “DAS chiquito” a cargo de José Miguel Narváez, con quien sostuvo un fuerte enfrentamiento.

Durante el juicio ha quedado en evidencia que las dificultades surgieron porque Ariza fue desplazado de facto por Narváez y que la cadena de mando en el DAS fue subvertida: el jefe de Inteligencia pasó a ser un subalterno de quien hasta diciembre de 2004 era tan sólo un “asesor”.

“Aquí no estamos para resolver diferencias personales sino para hacerle justicia a la víctima. Debo seguir el debido proceso. Las diferencias entre ellos no me van a dejar claro quién es culpable (…) sus diferencias no aportan para la prueba”, dijo el juez León al abogado defensor de Narváez cuando éste pretendió ahondar en el enfrentamiento entre Ariza y su representado.

Los bloqueos de la defensa y la censura instalada en Colombia

Como ya es costumbre en las audiencias, Luis Carlos Hoyos Quimbayo el defensor público de Narváez –adscrito a la Defensoría del Pueblo– trató de bloquear el juicio, con objeciones que no prosperaron y nuevas solicitudes para que se prohibiera la publicación en redes sociales de informaciones sobre lo que estaba sucediendo en la sala.

Por petición de los abogados defensores, los agentes de la Policía Nacional asignados a los Juzgados Especializados trataron de evitar la cobertura de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ por sus siglas en inglés), argumentando que no estaba permitido tomar fotografías ni encender los celulares, pese a la autorización expresa del juez.

La resolución 2785 del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia determinó en el año 2004 que “durante el curso de las audiencias, los asistentes e intervinientes deberán mantener apagados los radios, teléfonos, celulares, beepers y cualquier otro aparato que distraiga la atención o interrumpa el curso de las misma”. Gracias a esa norma, los policías y jueces en muchos casos no permiten que se realice el trabajo periodístico de forma adecuada.

En Colombia la cobertura de los juicios es complicada y contempla demasiadas limitaciones para el libre ejercicio periodístico.

Hoyos Quimbayo dijo durante la audiencia “soy enemigo de ventilar los procesos penales en los medios” todo con el objetivo de limitar la cobertura del juicio. No es la primera vez que lo hace: el 19 de diciembre de 2017 ya había indicado, a los gritos, que Duque utiliza las redes sociales para hacerle daño y difamar a su cliente.

La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) rechazó las intimidaciones de Hoyos Quimbayo.

Juan Carlos Sastoque: persona clave

Ariza destacó el rol que jugó en el G-3 Juan Carlos Sastoque, excoordinador del G-3 asilado en Miami, con orden de captura en Colombia por la tortura contra Claudia Julieta Duque.

“Sastoque fue una persona muy importante en el tema de inteligencia. Tenía una participación muy activa, tenía una posición privilegiada en el manejo de la información”, resaltó. “Él estaba en dos grupos, medios abiertos y el G-3, pues Narváez lo quería involucrar en todo (…) fue una persona muy relevante, fue coordinador del G-3 y tuvo una participación muy activa en distintas acciones dentro del DAS”.

Incluso, aseguró que fue Sastoque quien dio el nombre a la operación Transmilenio, en el marco de la cual fueron espiados cientos de defensores de derechos humanos en Colombia.

Otros procesados

El listado de las personas involucradas en las amenazas, tortura y persecución contra Duque es largo. Aunque se siguen distintos procesos penales, todos enfrentan juicio por el mismo delito: tortura agravada.

Narváez, Ariza y Auqué De Silvetri se encuentran en el mismo expediente. En otro archivo judicial se ubican Rivera Rodríguez y Medina Alemán, contra quienes la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pidieron sentencia condenatoria el pasado 24 de noviembre, decisión que será conocida en el primer semestre de 2018.

Entre 2014 y 2015 aceptaron cargos y fueron condenados Jorge Armando Rubiano, Carlos Alberto Arzayús Guerrero y Hugo Daney Ortiz.

Más recientemente, en septiembre de 2017, fueron llamados a juicio Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez, decisión que fue confirmada en febrero de 2018. En diciembre, la Fiscalía dejó en libertad de forma irregular a Pachón, según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Nuevo juicio

El 23 de febrero pasado, la Fiscalía llamó a juicio a William Alberto Merchán López, exfuncionario de Contrainteligencia del DAS, capturado desde junio de 2017 cuando era funcionario activo de la propia Fiscalía en el área de Protección a Víctimas y Testigos.

La Fiscalía sindica a Merchán de haber sido el encargado de hackear las comunicaciones electrónicas de Duque y obtener copia de emails que le sirvieron al organismo para diseñar la tortura psicológica contra la periodista.

Merchán ha sostenido que él era tan sólo un técnico en sistemas, pero en el expediente ha quedado demostrado que su trabajo fue fundamental para las actividades ilegales del G-3. En la actualidad Merchán también enfrenta juicio por el llamado caso de las “chuzadas”.


Por Marvin David Del Cid | Enviado Especial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)