jueves. 18.04.2024

El colectivo de Gabriel Boric, más asambleario que estatutario, es a menudo caracterizado en la prensa local como el Podemos chileno

"Comunista de mierda”, le gritaban las señoras copetudas de Santiago al dirigente estudiantil Gabriel Boric cuando lo veían venir al frente de las numerosas columnas juveniles que paralizaron varias veces el centro capitalino durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, Boric no era comunista, en sus tiempos de líder universitario, ni lo es, ahora, como diputado nacional por la Región de Magallanes.

Específicamente, el legislador de la formación Izquierda Autónoma, que seguramente sigue irritando con sus propuestas parlamentarias a las sexagenarias que añoran la era pinochetista, no es orgánico al Partido Comunista chileno, hoy parte de la coalición de gobierno Nueva Mayoría. En realidad, el colectivo de Gabriel Boric, más asambleario que estatutario, es a menudo caracterizado en la prensa local como el Podemos chileno, en referencia a la juvenil organización española que nació como expresión partidaria del movimiento de Los Indignados. En una reciente entrevista con la revista chilena Qué pasa, Gabriel Boric –“el político con más futuro del país” según el último sondeo de la influyente firma chilena Cerc-Mori; “Parte de la izquierda autista”, en palabras del diputado y ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami– explicaba que “nosotros nos llamamos Izquierda Autónoma por algo, reivindicamos el ser de izquierda. Pero no tenemos ningún empacho en decir que la izquierda del siglo XX fracasó. Muchos de los que se imaginaron un mundo distinto terminaron construyendo totalitarismos”, y de esta manera resumía sus hondas discrepancias con Partido Socialista de la presidenta Michelle Bachelet: “Ellos estéticamente tienen a Allende detrás y cantan la Internacional con el puño en alto, pero terminan siendo funcionales a la derecha. O sea, no tiene nada de revolucionario. Y no me refiero a andar con un fusil en la mochila, sino a resolver los conflictos de las personas”.

¿Cómo compara el rumbo del gobierno chileno con respecto a las anteriores etapas de La Concertación? ¿La actual Bachelet se corrió un pasito a la izquierda?

El gobierno de Bachelet se ha enfrentado a la histórica oportunidad de generar transformaciones profundas para dejar atrás la herencia de la dictadura. Llegó al poder con una votación considerable –pese al bajo nivel de participación–, acompañada de un programa con grandes promesas y con mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Lamentablemente, no ha aprovechado esa oportunidad, ha cerrado las puertas a la incorporación de  la ciudadanía en las reformas y ha optado por cambios no estructurales en la política neoliberal, una práctica a la que ya nos tenía acostumbrados la vieja Concertación.

¿Cómo debería estar estructurada una verdadera reforma educativa pública y popular?

Hay dos pilares esenciales que no han estado presente en la reforma. En primer lugar, la apertura democrática a los actores sociales que hemos estado empujando estos cambios desde hace varios años: estudiantes, profesores y trabajadores de la educación. En segundo lugar, fijar como pilar central de la reforma el fortalecimiento de la educación pública, a lo largo del proceso educativo. Lo que hoy se está haciendo es regular el mercado de la educación que actualmente funciona en Chile. Esto no es lo que estamos peleando desde que estábamos en el movimiento estudiantil, si no que luchábamos por erradicar el mercado de la educación. Lo hemos dicho muchas veces: la educación es un derecho o es un negocio. En ese punto no puede haber términos medios. Nosotros, por supuesto, estamos por que sea un derecho.

Chile tiene un pie en la Alianza del Pacífico y otro en el Mercosur, ¿qué opina del perfil de la política exterior de su país?

Creo que hemos sido torpes y mezquinos con nuestros vecinos. Acabamos de pasar por un largo juicio en La Haya con Perú por una disputa de límites y ahora Bolivia está iniciando otra ofensiva en la Corte Internacional por su legítima reclamación de acceso al mar. En los últimos cuarenta años hemos reducido las relaciones con los demás pueblos latinoamericanos a transacciones económicas y eso nos está pasando la cuenta.

¿Qué implica asumirse de izquierda en un país cuya última experiencia revolucionaria fue abortada por un golpe de Estado?

Para nosotros están muy presentes las luchas que vinieron antes de nosotros, en Chile y en Latinoamérica. Continuamente estamos revisando las experiencias pasadas y mantenemos firme la convicción de que es posible construir una sociedad más justa, más democrática y más libre. Hoy día hay que ser muy claros para identificar dónde están nuestros adversarios. En Chile, al menos, no están entre los militares ni en conspiradores golpistas. Los adversarios de las grandes reformas están en el empresariado, en la derecha y en la propia coalición de gobierno.

¿Cómo es su relación con el resto de colegas de la denominada bancada estudiantil y con la actual conducción del frente gremial universitario?

La bancada estudiantil no existe, es una figura inventada por la prensa. Con Camila Vallejo y Giorgio Jackson tenemos muy buenas relaciones personales y hemos compartido luchas importantes en los últimos años. Hoy compartimos una visión general común, pero tenemos visiones disímiles sobre el período político actual. Camila pertenece a uno de los partidos de la coalición de gobierno y el partido de Giorgio (Revolución Democrática) ha asumido una postura de colaboración crítica, es decir, de inserción de militantes en ciertos ministerios, manteniendo más distancia del gobierno que el partido comunista. Nosotros no compartimos ninguna de esas estrategia y creemos que la mejor manera de defender las luchas que hemos estado dando en las calles es focalizando todas nuestras energías en fortalecer a los actores sociales, para incorporarlos –sin suplantarlos– en las reformas. Nuestra apuesta en el mediano plazo está en la construcción de una alternativa política de izquierda por fuera de la Nueva Mayoría.

¿En qué espejo de las experiencias políticas gubernamentales regionales ustedes se sienten más representados, en la experiencia bolivariana chavista o en la vía de la izquierda más moderada de Brasil y Uruguay?

Rescatamos elementos de la experiencia venezolana, la ecuatoriana, la brasilera y la uruguaya, pero no nos parece que ninguno de esos proyectos sea replicable en la realidad chilena. En ese sentido, apoyamos las luchas de justicia y cambio en el continente, pero no sentimos que ninguno de esos ejemplos sea un modelo para nuestro quehacer.

¿Hasta dónde el Ejército militar chileno sigue siendo un factor de poder real y un interlocutor de la elite local?

La situación del ejército ha cambiado mucho en el último tiempo en Chile. Se han democratizado bastante, han incorporado lentamente políticas de género en sus filas y se han derogado distintas leyes que los ponían por sobre las instituciones democráticas. Aún mantienen, como institución, la gran deuda de no haber colaborado con información que permitiera aclarar los cientos de casos pendientes de derechos humanos en Chile. Yo diría que siguen siendo un factor real de poder –se llevan buena parte de lo que genera la extracción de cobre, por ejemplo–, pero subordinados a la institucionalidad democrática, como siempre debió haber sido.

¿Qué postura viene tomando el gobierno de Bachelet en temas sensibles como la Ley Antiterrorista, el vínculo con los pueblos mapuches y la vigencia o no de la matriz extractivista en el modelo productivo?

El gobierno ha seguido aplicando la ley antiterrorista, que no da garantías de debido proceso y que, tantos de nosotros como organismos de derechos humanos, hemos condenado. Sobre el vínculo con el pueblo mapuche, no ha habido ningún avance significativo y seguimos viendo en las noticias cada cierto tiempo represión policial en las comunidades de la Araucanía y atentados incendiarios sin responsables claros. Respecto de la matriz extractivista en el modelo productivo, la situación sigue igual. Como muchos países de Latinoamérica, nuestro modelo se basa en exportar madera para importar sillas, o exportar cobre para importar cables, en vez de hacernos cargo de industrializar y dar valor a nuestras riquezas.

“La reforma educativa de Bachelet sigue en deuda”