lunes 18/1/21
DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

"La anulación de la sentencia contra el dictador Ríos Montt fue totalmente ilegal"

Juan Francisco Soto, director de la organización impulsora de la querella contra el exdictador guatemalteco confía en que el proceso siga adelante pese a la anulación de la sentencia por genocidio por la que fue condenado a 80 años de cárcel.

Juan Francisco Soto en la recogida del 'Premio Silver Rose' del Parlamento Europeo. (Fotos: Solidar, Plataforma europea convocante de los premios).
Juan Francisco Soto en la recogida del 'Premio Silver Rose' del Parlamento Europeo. (Fotos: Solidar, Plataforma europea convocante de los premios).

“El proceso abierto en España fue muy importante para Guatemala”

El pasado 16 de octubre, el Parlamento Europeo otorgó el 'Premio Silver Rose' a la organización guatemalteca Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos (CALDH), por su importante labor en la defensa de los derechos de la comunidad ixil durante el conflicto armado que asoló Guatemala durante 36 años, entre 1960 y 1996. Dicha organización fue la impulsora de la querella contra el exdictador guatemalteco, José Efraín Ríos Montt que, en una sentencia histórica, fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de 1.771 indígenas ixiles. Lamentablemente, la sentencio quedó anulada días después por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala alegando motivos de procedimiento.

“Para nosotros, la anulación de la sentencia es totalmente ilegal, de hecho son tres votos contra dos y los dos votos disidentes revelan claramente que es una ilegalidad que están cometiendo los tres magistrados al anular dicha resolución”. Así se manifiesta el director de CALDH, el jurista José Francisco Soto, en declaraciones a nuevatribuna.es durante su visita a España después de haber pasado por Bruselas para recoger el 'Premio Silver Rose'.

Tuvo que pasar más de una década para que las víctimas en Guatemala fueran resarcidas, pero el triunfo fue efímero ya que la sentencia fue anulada en cuestión de días por el máximo órgano jurisdiccional del país. Sin embargo, a juicio de Soto, la resolución es histórica: “Se dio un paso muy importante hacia el fortalecimiento de la justicia en el caso de genocidio” y aunque, “lamentablemente la Corte retrocede en ese paso, es un hecho demostrado que este retroceso se da por sectores del sector tradicional guatemalteco”.

El abogado acusa a parte del sector militar y también económico de propiciar dicha anulación sin fundamento jurídico, “de hecho –explica- el voto razonado de la doctora Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad, dice que los tres magistrados se están inventando cosas que nunca suceden en la audiencia”.

Al ser la Corte el máximo órgano jurisdiccional en Guatemala, la anulación no admite recurso alguno. No obstante, la CALDH estudia otras vías de acción, según explica Soto. Las víctimas acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar el Estado de Guatemala por denegación de justicia. El director de CALDH reconoce que dicho órgano no podrá presionar al exdictador Ríos Mont pero sí “obligaría al Estado de Guatemala a revisar las resoluciones que ha emitido”.

Otra de las vías a seguir es la causa abierta en la Audiencia Nacional española, “un paso muy importante para Guatemala”, en opinión de Juan Francisco Soto. “La visita a Guatemala del juez Santiago Pedraz a Guatemala en 2006 supuso una presión al Estado para que diera una respuesta. Él no pudo realizar la comisión rogatoria por recursos legales que presentó el general Ríos Montt pero sí presionó mucho al sistema guatemalteco. De hecho hay una resolución del Constitucional guatemalteco que dice que no extradita a España porque Guatemala debe juzgar. Ahí asume la responsabilidad de juzgar estos delitos”, explica.

Desde esta organización se espera que el proceso siga abierto en España: “En el tema de la jurisdicción universal es muy importante que España mantenga abierta la puerta, sabemos que no es fácil, que hay muchas opiniones en contra, pero el que se haya podido juzgar a Ríos Montt en Guatemala y la posterior anulación te demuestra que se está consolidando un sistema de justicia y para las víctimas es muy importante la posibilidad de hacer justicia en cualquier parte del mundo”, subraya Soto.

Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo

Preguntado por la causa del franquismo, el jurista considera positivo el proceso abierto en Argentina con la jueza María Servini de Cubría: “El que haya una causa abierta en Argentina es como cuando la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú [interpuso la demanda en la Audiencia Nacional por el genocidio en Guatemala] abrió una causa aquí [España] para presionar allá [Guatemala]”.

“Nosotros consideramos que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. En gran medida, en los casos por genocidio no solo se trata de la justicia hacia las víctimas sino también supone una garantía de la no repetición y que socialmente se pudiera hablar de eso para que no se volviera a repetir. El sueño de la justicia hay que mantenerlo siempre y hay que ir dando pasos para que se vaya consolidando y para que la justicia pueda llegar a todas las víctimas sin importar de qué bando sean, lo importante es la justicia”, enfatiza Soto.

El abogado guatemalteco también valora el trabajo del exjuez Baltasar Garzón, una figura “controvertida” –dice-, pero al que hay que reconocer que “ha desempeñado un papel muy valiente en la defensa de los derechos humanos, también en el apoyo al proceso en Guatemala antes de Pedraz. Garzón tiene un reconocimiento muy merecido por querer fortalecer el tema de la jurisdicción universal. Los delitos de lesa humanidad no son delitos que afecten a un país o a un grupo en específico sino que afectan a toda la humanidad”, señala.

Finalmente, Soto reflexiona sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y asegura que aunque “continuamos con serias dificultades -por lo menos en Guatemala que es lo que mas conocemos-, hay un avance en la evolución en materia de derechos humanos” y apuesta por que ese desarrollo llegue a la población “para que conozca esos derechos y exija a los Estados su aplicación”.

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