Nuevatribuna

Procesamiento y prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner

La detención de la exmandataria y actual Senadora Nacional, dependerá de que dos tercios de los legisladores aprueben su desafuero.

Si se trata de corrupción, mediante adjudicaciones para la obra pública, el procesamiento de Kirchner debería correr en paralelo al de Mauricio Macri

La guerra judicial encabezada por el juez Claudio Bonadío llegó ayer a su punto más álgido cuando se conoció el procesamiento a la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, bajo la carátula de “jefa de asociación ilícita”.

Según el fallo de más de 500 páginas, la investigación ya comprobó la existencia de una organización delictiva “conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales -incluyendo vehículos, empleados y equipos de telefonía celular- actuó entre los años 2003 y 2015". La detención de la exmandataria y actual Senadora Nacional, dependerá de que dos tercios de los legisladores aprueben su desafuero.

Según redacta el juez Bonadío, se "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud y la seguridad; que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados", redacta el juez Claudio Bonadío, que al parecer nada de esto ha visto en la actual gestión de gobierno.

Bonadío también procesó a empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación del kirchnerismo, como por ejemplo al ex ministro Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta; todos funcionarios del anterior gobierno, cuyos delitos, en cualquier caso, son los mismos por los que miembros del actual gobierno, e incluso el mismo presidente, Mauricio Macri, han sido acusados mediante rigurosas investigaciones periodísticas, muchas de ellas en manos de la justicia.

Hace más de cuarenta años, de la mano de los grupos Macri y Roggio, nacía en Argentina la famosa “patria contratista”, más actual que nunca desde que Macri asumió el poder e inició, con la complicidad de los jueces que responden a su reclamo de “acabar con la corrupción”, una persecución hacia funcionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo.

Las declaraciones del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, abrieron una nueva etapa dentro de la causa de los “cuadernos de la corrupción”; sin embargo por el momento pareciera no tener la trascendencia mediática y judicial que se merece. Mal que le pese al Gobierno nacional, y seguramente a dos de sus laderos judiciales, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se destapó lo que es un secreto a voces: el enorme negociado que hay alrededor de la obra pública y del que se benefician por igual funcionarios corruptos de los partidos gobernantes y empresarios.

La imparable inflación, la suba del dólar, el vaciamiento de las reservas del Banco Central y el presupuesto anunciado ayer por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encuentran de esta manera la forma de evitar el impacto en la opinión pública. Con el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, los medios hegemónicos ya han conseguido distraer la atención de la grave crisis económica y social que atraviesa el país, como consecuencia del nuevo experimento neoliberal impulsado por el gobierno de Cambiemos.

Si se trata de corrupción, mediante adjudicaciones para la obra pública, el procesamiento de Kirchner debería correr en paralelo al de Mauricio Macri. En 2004 la empresa  Iecsa era propiedadde Franco Macri y sus hijos (o sea también de Mauricio) y formaba parte del holding familiar. Fue recién en el 2007 que Franco decidió vender dicha empresa por un valor irrisorio a Ángelo Calcaterra, su sobrino, quien a su vez la vende en el 2017 a Marcelo Mindlin, un amigo del presidente Macri, luego de quedar implicado por el Caso Odebrecht.

En 1975, un año antes del golpe militar, se empezó a utilizar el concepto de “patria contratista” para definir a un grupo de poderosas empresas proveedoras del Estado que crearon un sistema para hacer negociados a gran escala con la obra pública, convirtiéndose en un sector prebendario del Estado. El Grupo Macri fue altamente beneficiados por la última dictadura cívica militar que, además de adjudicarles múltiples obras  hacia el final de su gobierno en 1982, le estatizó su deuda privada; favor de Domingo Cavallo, por entonces presidente del Banco Central.

De momento la justicia está avocada a encarcelar a miembros del anterior gobierno. En cuanto a los negocios familiares e inmobiliarios, las cuentas en paraísos fiscales, las campañas electorales con dudosos financiamientos, los espías y los operadores judiciales que trajinan pasillos y despachos oficiales, no son motivo de investigación alguna.

Los medios del poder se ocupan de ocultar el pasado de Mauricio Macri. Su etapa como cara visible de las empresas familiares relacionadas a la Patria Contratista, sus procesamientos y los escándalos de corrupción. 

El procesamiento de la ex presidenta es otro paso más de la guerra judicial que el macrismo ha iniciado desde el inicio de su gestión. La justicia ya no disimula su doble vara. Y los medios de comunicación que responden al actual gobierno, se esmeran en sostener en las sombras el pasado que bien podría condenar al presidente de la nación.