martes 07.07.2020
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Piden anular la ley de amnistía a los militares de la dictadura brasileña

El informe de la Comisión de la Verdad contabilizó 434 muertos o desaparecidos.

Piden anular la ley de amnistía a los militares de la dictadura brasileña

@jgonzalezok / Casi treinta años después de que Brasil dejara atrás la dictadura (1964-1985), el informe final de la Comisión de la Verdad ha presentado un extenso informe, de 4.400 páginas, con los datos mas relevantes de esos años. Ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales, ocultación de cadáveres, torturas, violaciones, fueron prácticas comunes de la dictadura militar que se instauró en 1964. El informe, que investigó también el período anterior al gobierno militar, es fruto de más de dos años y medio de trabajo. El número de víctimas, entre muertos y desaparecidos, se estableció en 434,74 más del último cálculo oficial, de 2007.

Según la Comisión de la Verdad, creada en 2012, las violaciones a los derechos humanos fueron una práctica sistemática durante el gobierno militar, una conclusión que contradice la versión de los propios uniformados, de que los abusos habrían sido marginales. “En la dictadura militar, la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en política de estado, concebida e implementada a partir de decisiones emanadas de la Presidencia de la República y de los ministerios militares”, dice el informe.

Se responsabiliza a los cinco presidentes de dicho gobierno por estas violaciones y pide que se anule la ley de amnistía –dictada en 1979 por el último presidente de la dictadura, Joao Baptista Figueiredo, que fue ratificada en 2010-, considerando que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. El hecho de que las desapariciones supongan que la persona nunca fue encontrada, permitiría también que se considere un delito continuado y, por tanto, fuera del alcance de la amnistía.

De acuerdo al informe, que ya está disponible en la página web de la Comisión, las víctimas no fueron solo opositores políticos o grupos guerrilleros: niños, campesinos e indígenas también sufrieron la represión durante esos años. Al menos 8.350 indígenas fueron despojados de sus tierras por una política de estado, por acción u omisión, que favoreció este saqueo.

En la última fase de sus trabajos, los miembros de la Comisión de la Verdad, acompañados de peritos y víctimas de la represión, recorrieron siete unidades militares e instalaciones utilizadas por los militares para la práctica de torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos.

El informe estableció la identidad de 377 agentes del Estado como responsables de estos crímenes, con distintos niveles de responsabilidad. Según la organización Human Rights Watch, unos 200 estarían aún con vida. Para Amnistía Internacional, el informe es un paso histórico “que abre el camino para que la ley de amnistía no sea un obstáculo para investigar crímenes”. Amnistía considera un escándalo la mera existencia de esta ley: “manteniendo una ley que permite que crímenes como la tortura y el asesinato queden impunes, Brasil va a la zaga de otros países de la región, que han hecho esfuerzos notables para abordar estos asuntos”.

Tres de los países de la región, Brasil, Uruguay y Chile, tienen en estos momentos presidentes que sufrieron en carne propia la represión. La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, estuvo detenida durante tres años y fue torturada por su pertenencia a un grupo guerrillero. Al presentar el informe de la Comisión de la Verdad –ceremonia a la que no fueron invitados los jefes militares-, la mandataria dejó entrever que no apoya la idea de anular la amnistía. “La verdad no debe ser motivo para un ajuste de cuentas”, señaló.

Con la emoción a flor de piel, que llegó al llanto al recordar a los muertos y los desaparecidos, Dilma señaló que Brasil prioriza los pactos políticos que condujeron a la redemocratización. También señaló que espera que el informe contribuya para que “los fantasmas de un pasado doloroso no puedan protegerse más en las sombras del silencio y la omisión”.

La dictadura de Brasil fue la primera que se instauró en el Cono Sur, si exceptuamos el Paraguay del general Stroessner, que se adelantó 10 años. Numéricamene, la nómina de víctimas de la dictadura brasileña no tiene comparación con las de Argentina y Chile. Pero compartió con todos los gobiernos militares de la región políticas similares. El anticomunismo primario de la guerra fría tuvo en los uniformados brasileños a seguidores entusiastas. Cuando en los 70 toda la región cayó bajo la bota militar, Brasil fue uno los promotores de la Operación Cóndor, una internacional del terror que coordinó la represión por encima de las fronteras.

Las Fuerzas Armadas brasileñas no colaboraron con la Comisión de la Verdad y sostuvieron que no hubo abusos por su parte. El ejército entregó un informe de 42 páginas en el que dice que todos los documentos que le pedía la Comisión habían sido destruidos, aunque no presentó pruebas sobre el particular. Entre las recomendaciones de la Comisión está que las Fuerzas Armadas reconozcan sus responsabilidades institucionales

Con el regreso a la democracia en Brasil, los militares conservaron privilegios, aunque no la supremacía sobre el poder civil. Las asociaciones de militares en la reserva siguen teniendo influencia y en estos últimos años han hecho públicos distintos pronunciamientos reivindicatorios. Y han organizado eventos conmemorando el golpe del 64.  

Piden anular la ley de amnistía a los militares de la dictadura brasileña