@jgonzalezok / El editor de un diario digital de la provincia de Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez, ha sido acusado de “incitación a la violencia colectiva”, agravada por la finalidad de “aterrorizar a la población”. Y podría ser el primer condenado en Argentina de acuerdo a la controvertida ley antiterrorista aprobada en diciembre de 2011. La pena sería de entre 6 y 12 años.
El periodista ya estuvo detenido durante 10 días el pasado mes de diciembre, acusado de “sedición”. El delito fue la cobertura que hizo el diario Ultima Hora de una protesta policial –que se replicó en varias provincias argentinas- y la violenta represión de la misma. Su casa y la redacción fueron allanadas sin orden judicial, después de que publicara en la web una filmación en que documentaba los sucesos.
La redacción de la ley antiterrorista es suficientemente amplia para que su interpretación quede en manos del gobierno o de los jueces. Sostiene que serán actos de terrorismo los que sean cometidos con la finalidad de “aterrorizar a la población” y los que obliguen al gobierno “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. De esta manera podría ser acusado por la nueva legislación cualquier protesta social. O aplicarse a informaciones aparecidas en los medios de comunicación que disgusten al poder.
El gobierno argentino justificó la nueva legislación como una necesidad de responder a las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que lucha contra el lavado de dinero. En declaraciones al sitio Chequeado.com, el profesor Leonardo Filippini, especialista en derecho internacional señaló que “los informes del GAFI no pedían tanto” y, por tanto, no había necesidad de aprobar esta norma.
“Es una ley propia de una dictadura”, dijo en su momento el ahora ex diputado (UCR) Ricardo Gil Lavedra, uno de los integrantes del tribunal que condenó a los comandantes de la dictadura militar. Un estudio de la Comisión Internacional de Juristas ya destacó que las definiciones amplias de la legislación antiterrorista –se refería a las distintas leyes que sobre el particular se han aprobado en el mundo- limitan las libertades fundamentales de expresión, opinión y reunión
Algunos aliados del gobierno han cuestionado severamente la ley. Entre ellos están el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), las Abuelas de la Plaza de Mayo y las Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Incluso el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que habitualmente coincide con el gobierno, calificó la norma de “disparate”.
Pero el jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, había amenazado antes con que la prensa podía ser acusada de terrorismo si difundía información sobre el sistema financiero que pudiera “aterrorizar a la población”. Y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, que intervino en el Senado para defender la norma, dijo que informar sobre la cotización del dólar blue o paralelo es como dar el precio de la cocaína. Y recordó que el país ha sufrido corridas bancarias que deberían ser combatidas de acuerdo a la nueva ley.
Nada más aprobarse la norma, sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había dicho que era un disparate sostener que se iba a aplicar contra los medios o para enfrentar la protesta social. “En este país cada uno dice lo que quiere sin ningún tipo de cortapisas”, señaló el que es una de las caras más serias del gobierno kirchnerista. Miguel Ángel Pichetto, jefe del grupo parlamentario oficialista, lo apoyó al señalar que “ninguna nota periodística puede ser considerada como una acción terrorista”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que ha denunciado la aplicación de la ley antiterrorista a Suárez, considera que es un caso testigo de la aplicación de la legislación penal a una tarea periodística. Y señala que en los últimos tiempos se ha registrado un incremento de acciones judiciales en todo el país, que terminan afectando a la profesión periodística: “el uso indebido de las normas se transforma así en una mordaza a la profesión, inaceptable a más de 30 años del regreso de la democracia”.
El debut de la ley antiterrorista se produce en la provincia de Santiago del Estero, uno de los mejores ejemplos de la Argentina feudal, patriarcal y autoritaria. Después de haber sido gobernada por la dinastía peronista de los Juárez –más de 50 años dominando la provincia-, hoy es el señorío de los Zamora. Gerardo Zamora –mi amigo Gerardo para la presidente-, que militaba en la opositora UCR, fue uno de los gobernadores que se pasó al kirchnerismo.
Estuvo en el cargo durante dos períodos –del 2005 al 2013- y pretendió quedarse, a pesar de que la Constitución provincial, aprobada en su mandato, solo permite dos períodos sucesivos. Tuvo que intervenir la Corte Suprema, pero encontró una solución: puso a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, de nulos antecedentes políticos. Zamora, no obstante, tuvo un premio por su alianza con los Kirchner y ahora es el presidente del Senado. Por lo tanto está tercero en la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente, Amado Boudou.
En Santiago del Estero, la prensa está comprada y disciplinada por el manejo arbitrario de la publicidad oficial. Los posibles anunciantes privados tampoco acude en ayuda de los medios independientes, porque corren el riesgo de enemistarse con el poder, con las consecuencias imaginables.
El presupuesto provincial en Santiago del Estero depende de los fondos enviados por el gobierno central en un 90 %. Las millonarias obras públicas que se están haciendo los últimos años son a cuenta de los fondos recibidos de Buenos Aires y dan ocasión para negociados suculentos. Pero las causas son sistemáticamente cajoneadas por una justicia que está colonizada y llena de parientes del poder. Los proyectos incluyen obras estrafalarias, como el aeropuerto en Río Hondo, que está a solo 65 kilómetros del de la capital provincial. Entre ambos no reciben más de 9 vuelos a la semana.
El alineamiento político de Zamora con los Kirchner significó que en las elecciones del 2011 el 81 % de los votos fueran para Cristina Fernández. Hay un voto cautivo gracias, en parte, a que la mayoría de los empleos de la provincia salen del presupuesto oficial.
