Cristina Fernández es la figura que mejor mide en las encuestas aunque sus posibilidades de vencer a Mauricio Macri en una segunda vuelta electoral son menores en relación a otros candidatos del peronismo
@jgonzalezok | A medida que se acerca el 27 de octubre, fecha en la que Argentina celebrará sus elecciones presidenciales -día en el que también se renueva parcialmente el parlamento-, se multiplican los análisis sobre una posible vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada. Y, sobre todo, qué cabe esperar de su eventual vuelta al poder. La gran pregunta es: ¿hay que esperar una versión moderada, o radicalizada? Son, de momento, meras especulaciones, porque la exmandataria no confirmó aún si presentará su candidatura y en el diverso arco del peronismo, que incluye a los kirchneristas, hay profundos desacuerdos sobre el particular.
Pero lo cierto es que Cristina Fernández es la figura que mejor mide en las encuestas en este sector político, aunque sus posibilidades de vencer al actual presidente, Mauricio Macri, en una segunda vuelta electoral, son menores en relación a otros candidatos.
En los últimos meses las declaraciones de la ex presidente se han limitado a denunciar una supuesta persecución política por parte del gobierno y los jueces, en relación con sus problemas judiciales en diversas causas por corrupción. De hecho, en el mes de mayo deberá enfrentar su primer juicio oral por lavado de dinero.
Si bien ella no adelantó planes, sí lo han hecho en su entorno político más cercano. Y en lo que coinciden, básicamente, es en tres cuestiones: reforma de la Constitución, “democratización” de la Justicia, que tiró abajo la Corte Suprema y vuelta de la Ley de Medios, que derogó el gobierno de Macri.
Son temas, en realidad, que no pudieron sacar adelante durante los 12 años de gobierno entre Néstor Kirchner y su viuda, Cristina Fernández. Pero que vuelven a sacar de la galera con la idea de que es una Constitución liberal, de que la Justicia responde a las corporaciones y que los medios “hegemónicos” son el principal enemigo de “los gobiernos nacionales y populares”. El trasfondo de estas ideas es acabar con la división de poderes ya que sostienen uno de los principios del populismo: quien gana las elecciones, debe tener el poder total.
La ex diputada Diana Conti, que durante el gobierno anterior alimentó la idea de una “Cristina eterna”, fue muy gráfica al respecto: “Nuestros tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular, que es la soberana”. En noviembre pasado la propia Cristina había dicho algo similar al intervenir en una contra cumbre durante la reunión del G 20 en Buenos Aires. Afirmó que era “imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura de poder (…) De 1789 data la idea de gobernar un país con tres poderes y, además, uno es vitalicio, el Poder Judicial, una rémora de la monarquía”.
Uno de los referentes de la agrupación La Cámpora, Andrés El Cuervo Larroque, dijo hace un tiempo al diario La Nación: “Las tensiones y los límites que tuvimos a la hora de gobernar se superan con mayor participación popular, tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa”. Esto supondría darle poder institucional a organizaciones sociales y políticas de base y habilitar herramientas como el referéndum y el plebiscito.
Para llevar a cabo estas reformas el kirchnerismo debería arrasar en las urnas en octubre, ya que un cambio constitucional requiere mayoría cualificada que no tuvo siquiera durante su época de mayor esplendor, cuando en 2011 la propia Cristina sacó el 54 % de los votos en primera vuelta. Es decir, se trata de anuncios dirigidos a los militantes convencidos y fanatizados, los que sostienen que el gobierno de Macri es peor que el de la dictadura de Videla.
¿Cuáles serían las primeras medidas económicas?
La posibilidad de un nuevo default o suspensión de pagos sería letal para la credibilidad del país y le volvería a cerrar el acceso al crédito internacional
Ahora bien, ¿cuáles serían las primeras medidas económicas? Un documento de La Cámpora propone aumento de los ingresos de las mayorías mediante negociaciones salariales sin techo, aumentos de emergencia para los sectores más vulnerables, política fiscal expansiva, regular el mercado cambiario -nuevo cepo al dólar-, reincorporación de todos los despedidos en el sector público, retrotraer las tarifas de los servicios públicos a niveles de 2016 y denunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Este último aspecto es uno de los que más preocupa fuera de Argentina. La posibilidad de un nuevo default o suspensión de pagos sería letal para la credibilidad del país y le volvería a cerrar el acceso al crédito internacional. Una reciente encuesta entre 40 grandes empresas de inversión efectuada por XP Investments, compañía especializada con base en Nueva York, así lo refleja. La mayoría de estas grandes empresas espera que, si gana Macri, el dólar se cotice a 40,53 pesos después de las elecciones, pero llegaría a 59,39 si gana Cristina. La bolsa subiría un 20 % en el primer caso, pero bajaría un 18,3 % en caso de victoria de la ex mandataria.
Un reciente artículo en la revista británica The Economist, resumía por su parte los temores de los mercados financieros internacionales, señalando que un resultado electoral desfavorable al gobierno, debido a los errores económicos de Macri, hace que los inversores extranjeros estén “horrorizados” y, en especial, tienen miedo de la expresidente.
¿Y qué pasaría con los casos de corrupción que salpican a buena parte del gobierno anterior, empezando por la ex presidente? Luis D´Elía, dirigente social y referente del cristinismo duro, ya advirtió que, si volvían al poder, los jueces que investigaron la corrupción durante del kirchnerismo irían presos. Un documento de La Cámpora dijo que se acabaría con la figura del arrepentido, que está permitiendo grandes avances en las causas investigadas, que ha llevado a la cárcel a más de cien empresarios, además de los funcionarios corruptos. Y se derogaría el decreto del actual gobierno que regula la incautación a favor del Estado de los bienes producto de la corrupción y el narcotráfico.
Pero lo más preocupante sería que se confirme la existencia de una operación para llegar a un pacto de impunidad, como denunció estos días el periodista Luis Majul en La Nación: “Un serio y orquestado intento de deslegitimar la figura del arrepentido para voltear la causa de los cuadernos, contaminar todos los juicios de corrupción contra Cristina Fernández y evitar que vayan presos, entre otros, los dirigentes complicados en la Justicia, como el sindicalista Pablo Moyano, se está llevando a cabo en lo que Ortega y Gasset denominaba los sótanos del poder”, escribió.
Esta operación estaría siendo impulsada por figuras rutilantes del peronismo -incluyendo al ex presidente Eduardo Duhalde-, que “abogan por un borrón y cuenta nueva” para las causas de corrupción. Puede parecer descabellado, teniendo en cuenta lo avanzado de las investigaciones y la cantidad de evidencias de una operación de saqueo al Estado a gran escala que vivió el país con los Kirchner. Pero Argentina siempre puede sorprender. Ahora mismo, la corrupción figura en cuarto lugar entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según las últimas encuestas, estaría después de la inflación, el aumento de las tarifas y la inseguridad.
Y es hasta cierto punto comprensible, teniendo en cuenta el deterioro de la situación social y de los índices económicos. La inflación sigue desbocada (47,6 % en 2018) y se espera que en febrero sea de entre 3,5 y 4 %. Antes de fin de mes el gobierno tendrá otras malas noticias, cuando se conozcan los índices de desempleo y pobreza. Situaciones que se verán agravadas con las previstas subidas del gas (30 %), el agua (27%) y luz (4 %), entre abril y mayo.
