@jgonzalezok | Cientos de miles de personas se manifestaron en Buenos Aires y las principales ciudades del país en contra del gobierno de Cristina Fernández. Según la policía metropolitana podrían superar el millón de personas, aunque el cálculo es difícil y el alcalde de la ciudad, Mauricio Macri, fue uno de los políticos que se sumó a la protesta. Un recorrido por el centro de la capital argentina permitía a la hora de la convocatoria, 8 de la tarde, permitía ver gente marchando a pie durante varios kilómetros, siendo el grueso de la marcha la avenida Santa Fe, en dirección a la plaza de Mayo. Aparentemente, esta protesta movilizó más gente que las del 12 de septiembre y el 8 de noviembre pasados.
Más allá de los números, esta protesta, la tercera en poco más de medio año, movió un número impresionante de personas. Fue convocada por las redes sociales, como en las dos ocasiones anteriores –en septiembre y noviembre del año pasado-, pero a diferencia de entonces, todo el arco político opositor apoyó la iniciativa y en gran parte hizo acto de presencia y desfiló con la gente.
Uno de los principales motivos de protesta fue el paquete de medidas que el gobierno ha presentado en el parlamento para “democratizar” la Justicia, que muchos perciben como un intento de someterla. También sumó las gravísimas denuncias de corrupción de los últimos días, que salpican a uno de los principales empresarios del país, Lázaro Báez, al que muchos acusan de ser el testaferro de los Kirchner. El mal humor social también tiene que ver con las inundaciones en Buenos Aires y La Plata, consecuencia de años de desidia y de falta de inversión en infraestructura. Y, en general, los temas clásicos como inseguridad y corrupción.
Mientras se desarrollaba la marcha, Cristina Fernández volaba hacia Lima para la reunión informal de presidentes de la UNASUR a propósito de la situación en Venezuela. A bordo del avión, ignorando lo que sucedía en las calles, tuiteaba sobre temas variados, pero ni una palabra sobre la protesta. Aunque la presidente no estaba en Buenos Aires, muchos manifestantes golpearon sus cacerolas frente a la residencia presidencial de Olivos, en el norte del conurbano bonaerense.
Los manifestantes se reunieron en varios puntos de la ciudad, pero el centro de la protesta fue la plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Cuando la plaza estaba llena, miles de personas volvieron atrás sus pasos y se dirigieron a la plaza del Congreso, al otro extremo de la histórica avenida de Mayo, donde los senadores habían dado el visto bueno en comisión a parte de los proyectos de ley relativos a la Justicia.
Uno de los testimonios más fuertes escuchados en la marcha fue el del ex fiscal del juicio a las juntas militares de la dictadura, Julio César Strassera, que dijo: “así empezó la Alemania del ´33, nombrando jueces amigos, es el fin de la República”. También lanzó un mensaje a los legisladores que aprueben el paquete de leyes sobre la Justicia, señalando que serán “infames traidores a la patria”.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto para “democratizar” la Justicia es el relativo al Consejo de la Magistratura, el órgano que elabora las ternas de candidatos al poder judicial, que después decide el gobierno. Y es fundamental también su papel en la destitución de jueces mediante el proceso de juicio político. El gobierno quiere ampliar el número de miembros del Consejo, a pesar de que Cristina Fernández, cuando era senadora, impulsó su reducción. En el proyecto de ley, parte de sus integrantes pasarán a ser elegidos por el voto popular, en vez de por sus pares, como establece la Constitución. Se pretende que los representantes de jueces, abogados y académicos sean propuestos por los partidos políticos e integren la papeleta electoral de los mismos, con lo que se perdería la independencia e imparcialidad de los magistrados. Otro cambio importante es que para la destitución de cualquier juez solo sea necesaria la mayoría absoluta del Consejo –la mitad más uno- y no mayoría cualificada de dos tercios.
Para el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Luis Cabral, esto hará que “el gobierno de turno, éste o cualquier otro, tendrá en un puño a los magistrados, su estabilidad laboral y su independencia”. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), manifestó su profunda preocupación por la orientación general de los cambios impulsados, considerando que están lejos de democratizar la Justicia y de atacar los problemas fundamentales que afectan al Poder Judicial: “por el contrario, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional promueve la partidización de la administración de Justicia y permite un control absoluto del partido de gobierno sobre el Consejo de la Magistratura, desvirtuando así el mandato constitucional y afectando gravemente el estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia de la Justicia”.
Frente a la clásica división de poderes, uno de los principios fundamentales del moderno Estado de derecho, el gobierno argentino sostiene que “en la democracia, la mayoría gobierna en los tres poderes”. La afirmación corresponde a la diputada Diana Conti, la misma que dijo en su día dijo que querría “una Cristina eterna”, en alusión a la aspiración de cambiar la Constitución e instaurar la reelección indefinida. Para justificar este avance del gobierno, la jefe de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, sostiene que la Justicia “ha sido adiestrada en legitimar la dictadura y el vaciamiento neoliberal, además del carácter corporativo de los poderes fácticos”.
En la misma línea está el senador oficialista Marcelo Fuentes, que integra el Consejo de la Magistratura, que comparó a los jueces actuales con los gobiernos militares: “antes, el correctivo era un golpe militar, ahora la Justicia es la prolongación de la política por otros medios, se quiere gobernar con las sentencias”. Y desveló que la reforma que se impulsa es una respuesta a la estrategia judicial del grupo Clarín. Es decir, a los fracasos en la Justicia que viene cosechando el gobierno para la aplicación plena de la Ley de Medios.
Pero en el oficialismo han surgido algunas disidencias, a pesar del verticalismo que caracteriza al peronismo. El periodista Horacio Verbitsky, a menudo considerado como un ministro sin cartera y muy próximo de la presidente Cristina Fernández, mostró sus diferencias con el proyecto que pretende limitar las medidas cautelares contra el Estado, al considerar que puede haber problemas de constitucionalidad. Verbistky es el presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), una ONG que goza de gran prestigio. Ricardo Forster, que integra el grupo de intelectuales kirchneristas de Carta Abierta, también ha pedido mayor discusión sobre el tema.
La Iglesia sumó su opinión y hay que tomarla muy en cuenta, después del nuevo enfoque que el gobierno pretende darle a la relación con el papa Francisco. La Conferencia Episcopal considera que un tratamiento apresurado de la reforma corre el riesgo de “debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución”. Y consideró necesario que haya debates, consultas y consensos previos, en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos.
La realidad es que el gobierno le dio al tema un tratamiento prioritario, anunciando que no se cambiaría ni una coma de los proyectos, gracias a su mayoría parlamentaria. Y espera aprobarlos la próxima semana, solo 14 días después de haberlos presentado en el parlamento.
