“¿Qué documento?, a nadie le importa”, dijo el vicepresidente, Amado Boudou, en la primera reacción al último documento del Episcopado argentino, el más duro con el gobierno de Cristina Kirchner en los últimos 5 años. Y el primero desde que hace un año dejó la presidencia de la Conferencia Episcopal el cardenal Jorge Bergoglio, un obispo considerado como enemigo por el kirchnerismo.
Sin mencionar en ningún momento al gobierno, los obispos se manifestaron preocupados por el clima de enfrentamiento político y social: “a casi 30 años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables”. El documento denunció el excesivo caudillismo, dejó entrever que está en peligro la independencia del Poder Judicial, criticó que se perpetúen los planes sociales y los intentos de adoctrinamiento político en las escuelas, en clara alusión a las actividades de La Cámpora.
Pero lo que más dolió al gobierno es el párrafo donde dicen que “se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica”. Esta sola frase, dicha una semana antes del famoso 7D, fecha en la que el gobierno interpreta que debe empezar el desguace del grupo Clarín, de acuerdo a la Ley de Medios, tiene un calado indudable.
La casualidad ha querido que la nota de los obispos se conozca el mismo día en el que los miembros de la Cámara Civil y Comercial, que tiene en sus manos la decisión sobre la posible inconstitucionalidad de dos artículos de dicha ley, denuncian ante la Corte Suprema que el gobierno afecta su independencia. El motivo, las recusaciones y denuncias contra sus miembros por parte del ejecutivo.
El senador y ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se preguntó: “¿Qué hace el documento de la Iglesia en este día? Parece que hay vocación de presentarlo previo al 7 de diciembre”. El ministro de Educación, Eduardo Sileoni, dijo por su parte que no veía la “profunda crisis moral de la que algunos hablan”. Y Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita –uno de los grupos más importantes del kirchnerismo-, dijo que “si hay dos bandos es porque uno de ellos no quiere redistribuir la riqueza ni reconciliarse con el pueblo”.
El Secretariado de Curas en Opción por los Pobres hizo público un comunicado en el que afirman que “lo menos que podemos decir es que nosotros, que estamos en los barrios, entre la gente, con los pies en el barro, tenemos una mirada muy distinta de la que presenta el documento episcopal”.
En la oposición, sin embargo, el documento sí tuvo algunos apoyos. El socialista Hermes Binner, el candidato presidencial que disputó la segunda vuelta el pasado año a Cristina Fernández, dijo que había encontrado preocupaciones comunes con el documento de la Iglesia, como el avance de la droga y el narcotráfico, la situación de la juventud y el clima de división de la sociedad.
Pablo Miceli, líder de la rama no oficialista de la central sindical CTA, fue incluso más enfático, reproduciendo casi textualmente la frase de los obispos al señalar que la actitud de la presidente, de no querer escuchar a nadie que piense distinto y considerarlo enemigo, “genera una división terrible en la sociedad, con odios que a veces parecen irreconciliables, que encima pone en riesgo a la propia democracia”.
La jerarquía católica argentina es básicamente conservadora. Se caracterizó, en líneas generales, por su colaboración con la dictadura militar (1976-1983), aunque hubo algunos obispos –Jaime de Nevares, Jorge Novak, Miguel Hesayne y Enrique Angelelli, muerto en un accidente fraguado por los militares- que levantaron su voz contra los crímenes y la represión.
Con la democracia, no asumieron su papel en aquellos años. Y recientemente se despegaron de las declaraciones del ex dictador Jorge Videla en las que aseguraba que la cúpula de la Iglesia había asesorado a la dictadura sobre cómo manejar el tema de los desaparecidos. “Es totalmente alejado de la verdad que haya habido una suerte de connivencia” con los dictadores, dijeron en una carta hecha pública este pasado 9 de noviembre, aunque prometieron revisar sus archivos para llegar a “la verdad dolorosa de la época”.
Con los Kirchner en el gobierno, la relación ha sido entre distante y hostil. En 2005 se produjo un incidente muy serio cuando el obispo castrense, Antonio Basseotto, manifestó que la propuesta de despenalizar el aborto del ministro de Salud, Ginés González García, era una apología del delito. Pero lo que provocó mayor indignación fue cuando dijo que cuando el ministro repartía preservativos recordaba la frase bíblica de que “los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”. Frase desafortunada si las hay en un país que vivió los Vuelos de la Muerte. Esta crisis afectó incluso la relación con el Vaticano, ya que el gobierno pretendía que Basseotto fuera destituido por Roma.
Cuando Néstor Kirchner dejó el gobierno, la única vez que asistió a una sesión del Congreso fue para votar a favor del matrimonio igualitario (homosexual), lo que provocó también la irritación de la Iglesia. Con Cristina Fernández en la presidencia, se instauró la costumbre de evitar los habituales Tedeum en la catedral de Buenos Aires, en las fiestas patrias, para no escuchar las homilías críticas de monseñor Jorge Bergoglio. Mientras la presidente visitaba otras ciudades del país en esas fechas, con órdenes a sus funcionarios de no asistir a la catedral de Buenos Aires, Bergoglio reclamaba “superar el estado de confrontación permanente” (2010) o hablaba de los “delirios de grandeza” de los gobernantes (2011).
El recambio en la cúpula eclesiástica, hace un año, y la llegada a la presidencia episcopal del arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, trajo una tregua en la relación bilateral. Pero este último documento le abre un nuevo frente a la presidente, justo en el momento más complicado desde que llegó a la Casa Rosada, hace cinco años: después de dos cacerolazos, la primera huelga general de su gobierno, el problema de los fondos buitre y en vísperas del 7D, la madre de todas las batallas.
A pesar de las diferencias, la presidente, Cristina Fernández, recibirá en la Casa Rosada a una delegación de los obispos, el próximo 18 de diciembre. La única vez que la mandataria se había reunido con ellos fue hace un año. En aquél entonces Cristina Fernández dijo que se había abierto un canal de diálogo y propuestas permanentes con el gobierno, aunque desde entonces no hubo contactos. El obispo José María Arancedo, en ese entonces recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, destacó que la Iglesia tenía que tener una “sana autonomía” (del gobierno) y que sus posiciones no respondían a una óptica político-partidaria.
