Hasta ahora se suponía que los negocios de los Kirchner habían sido responsabilidad del fallecido Néstor. Pero hurgando en las declaraciones juradas de bienes y cruzando los datos, se descubrió que hay un terreno, de 87.000 metros cuadrados, que la presidente tiene a su nombre, y que es un condominio cuya propiedad comparte al 50 % con Lázaro Báez, el cuestionado empresario que está siendo investigado por lavado de dinero. Báez, al que se le adjudica ser el testaferro de Kirchner y que creció empresarialmente gracias a su amistad con la familia presidencial, ha sido el contratista de obra pública más importante de estos últimos años.
El terreno en cuestión formaba parte de tierras fiscales que se compraron a un precio ridículamente bajo, 1,19 pesos el metro cuadrado. La compra fue en 2006, y la propietaria de la totalidad del mismo era la presidente. Pero dos años más tarde le vendió la mitad a Lázaro Báez a través de una permuta. Se trata de una propiedad indivisa, con lo que legalmente deberán ponerse de acuerdo los dos propietarios sobre el destino de la misma.
El terreno está ubicado a las afueras de El Calafate, el principal punto turístico de la Patagonia gracias a su cercanía con el glaciar Perito Moreno. Se trata de un paraje con una vista magnífica sobre el Lago Argentino, con grandes posibilidades para cualquier desarrollador turístico. Y que desde hace años cuenta con un acceso pavimentado en perfecto estado, aunque hasta ahora era un misterio el por qué de su construcción.
Desde 2003, cuando llegaron al poder, los Kirchner compraron 200.000 hectáreas en la zona, también a precio vil. Algunos los vendieron al poco tiempo por un precio muy superior, otros los usaron para algunos emprendimientos turísticos y otros para hacer su residencia particular en la pequeña localidad patagónica.
Por la adquisición de algunos de estos terrenos ya fueron denunciados ante la justicia, pero la causa está estancada. La fiscal del caso, Natalia Mercado, es hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina del matrimonio presidencial. Miembros del círculo íntimo del kirchnerismo, incluyendo a Ricardo Echegaray, titular de la AFIP -la agencia recaudadora de impuestos-, el ex chofer de los Kirchner y hoy próspero empresario Rudy Ulloa y la misma fiscal también adquirieron tierras fiscales en las mismas condiciones La fiscal Mercado fue recusada por evidente conflicto de intereses, pero la justicia provincial la confirmó. La lista de beneficiados también incluye a numerosos funcionarios provinciales y nacionales, bien relacionados con el poder.
La venta de todos los terrenos se hicieron por adjudicación directa, no licitación –como establece la ley- cuando era intendente (alcalde) de El Calafate, Néstor Méndez, que enfrenta tres causas judiciales y que debería responder por presunto tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y defraudación agravada contra el Estado.
Varios diputados de la oposición han anunciado nuevas demandas judiciales contra la presidente por este caso. Patricia Bullrich (Unión por Todos) pedirá a la Oficina Anticorrupción que la mandataria devuelva los terrenos. Graciela Ocaña (Confianza Pública), dijo que puede haber incompatibilidades entre los negocios y la función pública. Mariana Zuvic (UCR), afirmó que se desmiente la teoría de que la presidente había planteado un cambio en la forma de hacer negocios respecto a su difunto esposo. Y añadió que, tras la muerte de Néstor hubo un período de medio año en el que hubo un impasse, “pero después empezaron a multiplicarse las sociedades en el exterior”.
Desde que estalló el escándalo Lázaro Báez, la presidente nunca pronunció en público su nombre, a pesar de la gravedad de las acusaciones y la larga amistad con el empresario, que financió de su bolsillo el mausoleo en el que está enterrado el ex presidente.
Las denuncias que, por primera vez, ligan directamente a la presidente con Lázaro Báez, las hizo el diario La Nación, después de consultar diversos documentos. Entre ellos, las propias declaraciones juradas de bienes de Cristina Fernández. Pero, a partir de ahora, las investigaciones independientes sobre los negocios sucios del poder van a encontrarse con muchas mayores dificultades, gracias a la nueva legislación que el gobierno logró imponer gracias a su mayoría parlamentaria.
Las declaraciones juradas de bines estarán disponibles en Internet y se amplió a otros funcionarios la obligación de presentar declaraciones juradas, pero los datos serán de carácter general. No hay obligación, como hasta ahora, de aportar detalles como empleos anteriores, que pueden aportar datos sobre posibles conflictos de intereses o incompatibilidades. Tampoco se les exigirá información sobre acciones bursátiles u otros empleos. Y no será la Oficina Anticorrupción la que reciba las declaraciones juradas, sino el ministerio de Justicia.
Cuando la ley se aprobó en el Congreso, el diputado de la UCR Manuel Garrido, que fue también ex fiscal de investigaciones administrativas, alertó que “se va a tener solamente información superficial” y que las declaraciones van a ser menos públicas de lo que eran hasta ahora.
