sábado 21.09.2019

Fin del neoliberalismo y cambio político en México

Fin del neoliberalismo y cambio político en México

El cambio político que experimenta México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia es equiparable al que suele acontecer en otros países luego de una revolución. Un cambio de régimen político con un giro a la izquierda en el modelo económico. Una transformación que, sin embargo, se produjo de manera pacífica, por la vía electoral.

Ante la desarticulación y fragmentación del viejo régimen político del bipartidismo de derecha, representado por el PRI y el PAN, el Gobierno de AMLO enfrentará resistencias a su proyecto reformador desde el sector empresarial y el capital financiero trasnacional

La magnitud de este cambio sólo puede entenderse a la luz de la profunda crisis estructural que se gestó en el país durante poco más de tres décadas de gobiernos neoliberales. Y es aquí donde radica la trascendencia de la profunda transformación estructural que implica la llamada “Cuarta Transformación”, propuesta por el actual presidente mexicano.

La crisis mexicana provocada por el modelo neoliberal podría sintetizarse en cuatro puntos esenciales: 1) estancamiento del crecimiento económico; 2) desmantelamiento de la planta productiva nacional; 3) precarización del empleo y 4) enriquecimiento de las élites y el sector financiero. Factores clave para entender la magnitud del cambio y la correlación de fuerzas del nuevo régimen.

Un ejemplo de esta crisis es la virtual quiebra de Pemex, cuya deuda asciende a 99,738 millones de dólares, equivalente al 8,56% del Producto Interno Bruto de México, y que implica uno de los principales problemas estructurales del país, tras la histórica caída en la producción de petróleo (1,84 millones de barriles al día), la importación y aumento en los precios de los combustibles como consecuencia del abandono de las refinerías.

Todos estos factores, sumados a una crisis de corrupción sin precedente, explican el triunfo arrollador de AMLO y su partido, Morena, en las elecciones presidenciales de 2018, con más de 30 millones de votos en todo el territorio nacional; un hecho sin precedentes.

Dicha victoria no sólo implicó un cambio de partido en el poder y un giro en el modelo económico, sino, también, una reconfiguración en la correlación de fuerzas al interior del Congreso, donde Morena y sus aliados (PT-PES) obtuvieron mayoría en las dos cámaras (Senadores y Diputados), relegando al bipartidismo de derecha PRI-PAN a un lugar marginal. Un escenario similar a lo que ocurrió con las gubernaturas, donde se rompió la hegemonía del PRI, logrando la repartición de gobiernos estatales más plural en la historia del país.

Perspectivas al inicio de la Cuarta Transformación

El primer acto público de López Obrador como presidente de México, consistió en enunciar los 100 compromisos de su Gobierno de cara a los próximos seis años. Una serie de proyectos que, básicamente, buscan desmontar la agenda neoliberal en el país, pese a comprometerse a mantener el equilibrio macroeconómico y promover la inversión.

El nuevo Gobierno tendrá que lidiar con la permanente influencia geopolítica que ha ejercido históricamente EE.UU. hacia México, como ha quedado de manifiesto con la presión de grupos conservadores mexicanos para que el Gobierno apoye el golpe de Estado orquestado desde Washington contra el presidente venezolano Nicolás Maduro

Los compromisos incluyen, sobre todo, dos cosas: desplegar un amplio repertorio de programas sociales y rescatar el papel del Estado como garante de la justicia social frente a las desigualdades provocadas por el mercado.

Todo esto, sumado a una política anticorrupción y un fuerte programa de austeridad que pretende recortar privilegios de los altos funcionarios, lo cual ha provocado un conflicto sin antecedentes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial, debido a la manera en que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia han defendido sus privilegios económicos frente al cambio de régimen. Un factor que evidencia algunos de los obstáculos que enfrentará el político tabasqueño a la hora de impulsar los cambios previstos en su agenda reformista.

Pero, sin duda, la obstinación de López Obrador será otra limitante, debido a que la manera atropellada en que el presidente mexicano desea impulsar los cambios prometidos, ha provocado que muchos de sus primeros movimientos al frente de México hayan resultado caóticos.

Un ejemplo de esto ocurre con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco con el objetivo de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en la base militar de Santa Lucía. Se trata de un proyecto que, hasta la fecha, carece de un informe técnico en aeronáutica o tráfico aéreo que avale la factibilidad de operar simultáneamente tanto el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía como el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto sin contar con los problemas que ha tenido el nuevo Gobierno para comprar los bonos para garantizar la seguridad de los inversionistas involucrados en la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco. La compra de bonos por 1.800 millones de dólares que pretende realizar el AMLO para cancelar el aeropuerto mediante deuda pública ha provocado que incluso Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya considerado públicamente la posibilidad de dar marcha atrás a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, lo cual tendría un alto costo político para el presidente, quien se valió de una polémica “consulta popular” para tratar de ganar apoyos a la hora de cancelar Texcoco e impulsar el proyecto de Santa Lucía.

Otro tema en el que la obstinación del nuevo Gobierno puede resultar contraproducente es la creación de una Guardia Nacional, que no es otra cosa que darle continuidad e incrementar la estrategia de militarización del país para tratar de contener una crisis de inseguridad sin precedentes. Si bien es cierto que López Obrador asume la Presidencia de México en el año más violento del que se tenga registro desde el periodo posrevolucionario, la insistencia de dejar en manos militares y sin contrapesos civiles la responsabilidad de atender el problema de la inseguridad ha desatado señales de alerta entre académicos y activistas que han advertido el riesgo de perpetuar una estrategia militarista que no ha dado resultados, mediante una reforma constitucional. Ello luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara la nulidad de la Ley de Seguridad Interior que pretendía conferirle poderes extraordinarios al Ejército en tareas de seguridad pública. Este asunto, de no ser atendido, podría generar un flanco débil en el nuevo Gobierno ante una población lastimada por reiterados casos de violación de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas durante los últimos 12 años de guerra contra el narcotráfico.

Esto sin contar con el desgaste mediático que continuamente enfrenta López Obrador por parte de medios y comentaristas de derecha, quienes suelen cuestionar al nuevo Gobierno, incluso cuando éste logra resultados positivos. Por ejemplo, en poco más de un mes, el Gobierno logró una “histórica” reducción en el robo de combustible que afectaban a Pemex, al pasar en pocos días de 126.000 barriles robados diariamente a tan sólo 3.400. Dicha reducción se logró gracias a que la nueva administración detectó rápidamente una red de robo de combustible que operaba dentro de Pemex con la complicidad de gobiernos anteriores, según reconoció López Obrador.

La nueva administración también logró reducir el precio de la gasolina en la frontera norte del país mediante una política de estímulos fiscales con la que se busca estimular la inversión y crear una franja de desarrollo económico para frenar la migración a EE. UU.

También consiguió el mayor aumento del salario mínimo en tres décadas, la reducción de sueldos de altos funcionarios y un cambio drástico en términos de comunicación, al responder diariamente y de manera directa los cuestionamientos de la prensa a través de sus habituales conferencias matutinas.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los sectores más duros del conservadurismo, que cuentan con una fuerte resonancia mediática, hayan generado una ola de críticas hacia la nueva administración por los efectos colaterales de dichas medidas, en ocasiones imprevisibles, como el desabasto de gasolina que se produjo en algunos estados tras el cierre de ductos para impedir el robo de combustible. Esa situación, además de ser magnificada, llegó al absurdo de ser criticada por quienes defendían el robo de gasolina con tal de expresar su animadversión por el proyecto lopezobradorista.

Estos factores, pese a arrojar resultados positivos para la mayoría de la población, generarán un continuo choque entre el nuevo Gobierno con distintos sectores sociales afines a la vieja oligarquía en la arena mediática, a pesar de los altos niveles de popularidad y respaldo con los que López Obrador inició su mandato como presidente de México, con un apoyo popular superior al 60%.

Ese respaldo alcanzó el 88% tras el plan de AMLO contra el robo de combustible, aun cuando provocó una crisis de desabastecimiento de gasolina en el centro del país. La gran mayoría de ciudadanos percibió la medida como un intento serio de acabar con la corrupción en México.

Conclusiones

Ante la desarticulación y fragmentación del viejo régimen político del bipartidismo de derecha, representado por el PRI y el PAN, el Gobierno de AMLO enfrentará resistencias a su proyecto reformador desde el sector empresarial y el capital financiero trasnacional, dos de los principales sectores promotores del modelo neoliberal. Se trata de un factor de riesgo tomando en cuenta, sobre todo, la alta vulnerabilidad de la economía mexicana a los mercados internacionales.

Asimismo, la premura a la hora de implementar cambios al interior del Gobierno provocarán recurrentes crisis mediáticas y un desgaste continuo de López Obrador frente a un conjunto de actores políticos bien definidos. Esa situación podría provocar demasiados flancos abiertos, pese a que el nuevo presidente mexicano tiene prácticamente garantizados tres años de estabilidad para dar resultados, es decir, hasta que se realicen las elecciones intermedias y se renueve la Cámara de Diputados.

Otro de los peligros será la continua disputa al interior del propio Gobierno y el nuevo partido hegemónico, Morena, una vez que los distintos actores y grupos busquen marcar distancia con miras a un posible relevo en los aparatos de poder emanados del nuevo régimen. Asimismo, la falta de resultados concretos en temas urgentes como la inseguridad y la impunidad de grandes casos de corrupción, podrían convertirse en otro de los grandes lastres de la actual administración.

Además, el nuevo Gobierno tendrá que lidiar con la permanente influencia geopolítica que ha ejercido históricamente EE.UU. hacia México, como ha quedado de manifiesto con la presión de grupos conservadores mexicanos para que el Gobierno apoye el golpe de Estado orquestado desde Washington contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, vía el Grupo de Lima. En ese asunto López Obrador ha manifestado su abierto rechazo a intervenir en asuntos internos de otros países y la promoción de la libre autodeterminación de los pueblos como un principio central de su política exterior.

De este modo, López Obrador deberá lidiar con las estructuras que se mantienen del viejo régimen, así como con la presión de los mercados internacionales, como dos de sus principales amenazas. Pero también se trata de una oportunidad inmejorable para llevar a cabo un cambio estructural de cara al futuro del país, como lo demuestra una encuesta reciente de Gallup, en la que se ubica a México como el país más optimista de América Latina tras las elecciones de 2018.

Se trata de un desafío histórico que marcará el destino de México en tiempos de la llamada “Cuarta Transformación”.

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