La nueva filtración expuso que Juan José Aranguren -que ya tiene una denuncia penal por haber beneficiado con el aumento del gas a la petrolera de la cual todavía es accionista- fue director de una sociedad subsidiaria de Shell para proveer gasoil al continente. Esta offshore, radicada en Barbados, fue adjudicataria de trece contrataciones para proveer gasoil al Estado durante el gobierno de Macri. Por sólo siete de esas contrataciones la petrolera obtuvo 150 millones de dólares.
Por su parte Luis Caputo (en la imagen), Ministro de Finanzas, administró una sociedad offshore hasta desempeñarse en la función pública. Según la información a la que tuvo acceso el Consorcio de Periodistas, Caputo administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami vinculada a Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. También fue manager de Alto Global Fund, un fondo de inversión de alto riesgo.
Los medios afines al gobierno han optado por silenciar la filtración que compromete a estos dos ministros en funciones. Del mismo modo procedieron cuando en mayo de 2016 se conoció que el presidente Mauricio Macri era uno de los mencionados en la investigación “Panamá Papers”. Macri fue denunciado penalmente entonces, pero la justicia decretó el sobreseimiento de la causa en pocos meses.
Desde la oposición, Unidad Ciudadana afirma que el Ministro Juan José Aranguren “no sólo fue parte de una firma offshore”, sino que además “le otorgó negocios millonarios con el Estado argentino, algo absolutamente incompatible con su función”. Todo el frente opositor reclamó que Aranguren se aleje de su cargo porque “está en condiciones de obstruir las investigaciones que la Justicia deberá realizar“ (en relación al encarcelamiento de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, detenidos en los últimos días sin condena previa y bajo la excusa de posible entorpecimiento o interferencia en las causas de las que se los acusa) y exigieron además, que el presidente Mauricio Macri “brinde explicaciones a todos los argentinas. Este caso ha tenido repercusión internacional y usted tiene la obligación de informar cómo actuará con sus ministros ante semejante escándalo que envuelve a nuestro país en un vergonzoso desprestigio global”.
La titular de la Oficina Anticorrupcón (y exdiputada del oficialismo), Laura Alonso, señaló que “constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo". Sin embargo la misma funcionaria declaró, durante la gestión de gobierno de Cristina Fernández, que “los paraísos fiscales eran cuevas del delito organizado”, una contradicción que por estos días se ha transformado en el lugar común de la Justicia argentina.
