@jgonzalezok | Solo tres días después de que suspendiesen al fiscal que más empeño puso en investigar el dinero de los Kirchner, José María Campagnoli, el diario La Nación empezó a publicar datos muy serios –y respaldados documentalmente- que ponen en más apuros a la presidente, Cristina Fernández. Este diario lleva informado desde el domingo sobre nuevos datos de los negocios de los Kirchner con el empresario Lázaro Báez, el principal beneficiado por la obra pública en este gobierno.
La historia, que lleva la firma del periodista Hugo Alconada Mon, es que tres hoteles en la Patagonia, propiedad de los Kirchner, firmaron acuerdos confidenciales por el cual alquilaban por anticipado un número importantísimo de noches de hotel a cambio de un canon anual millonario, que pagaba Báez. De la documentación a la que tuvo acceso al diario surge que hasta el 90% de los ingresos de uno de los hoteles provenían de dicho convenio.
El acuerdo suponía el alquiler de 935 noches de hotel al año, supuestamente para trabajadores de alguna de las muchas empresas de Báez, antiguo funcionario de un banco hasta que conoció a Néstor Kirchner. Son habitaciones en hoteles de lujo, que a pesar del convenio permanecen gran parte del año semivacíos. Una de las empresas del empresario que supuestamente alquilaba estas habitaciones es una estación de servicio, situada a 300 kilómetros de El Calafate, donde está el hotel Los Sauces. Pero según el diario digital OPI Santa Cruz, que consultó a los empleados, muchos ni siquiera conocían la localidad.
Los empleados de otra empresa que supuestamente serían los privilegiados ocupantes de dichos hoteles, viven en condiciones muy diferentes. Según la misma web, Kank y Costilla, con 79 empleados, los aloja en Río Gallegos, la capital provincial, en habitaciones compartidas –entre 12 y 15 personas- en una casa propiedad de Báez, que les cobra el alquiler.
A pesar de que los datos aportados podrían dar lugar a graves acusaciones, ni Báez ni la Casa Rosada niegan la veracidad de lo publicado. El empresario ha interpuesto un recurso para que se censuren las informaciones sobre el caso, alegando que se trata de una empresa privada. Y desde el gobierno se afirma que se pagaron los impuestos correspondientes, aunque ésa no es la cuestión.
Las cuentas están tan poco claras que uno de los hoteles no figura a nombre de los Kirchner, sino del propio Báez, pese a lo cual éste le paga a la familia presidencial. Otro de los hoteles fue entregado para su gerencia a la familia Relats, que también se ha beneficiado por contratos de obra pública.
El Código de Ética de la Función Pública habla, entre otras cosas, del conflicto de intereses. En su artículo 41 establece que los funcionarios públicos no pueden mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo. Y añade: “tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones”.
Los Kirchner ingresaron al negocio hotelero después de 2003, cuando Néstor llega a la presidencia. Su espectacular aumento de patrimonio lo justificó, fundamentalmente, con este negocio. Aunque tampoco hay que olvidar la adquisición de terrenos fiscales a precios que algunos califican de irrisorios, aunque otros hablan de precio vil.
Algunos expertos han señalado que las maniobras descritas por el diario La Nación son usuales en las operaciones de lavado de dinero. Y puede ser también un retorno por favores conseguidos. Es la opinión de Lucía López, que fue titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner –hasta diciembre de 2005-, que manifestó que todo parece una simulación de operaciones de fondos de origen espurio. La ex funcionario agregó que el juez Casanello, que tiene en su poder una de las causas que investiga a Báez por presunto lavado de dinero, debería pedir la contabilidad del empresario y hacer un peritaje.
La pretensión de Báez de que se imponga una censura sobre la información del caso se se tradujo en una presentación ante la justicia de la provincia de Santa Cruz, donde los jueces le han garantizado hasta ahora a los Kirchner total tranquilidad. Según la titular de Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic, gran parte de las fiscalías y juzgados de la provincia están ocupados por familiares y militantes. “Esta es una justicia para garantizar la impunidad”, señaló.
El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, dijo por su parte que en la justicia de Santa Cruz todo es posible: “es una verdadera vergüenza que desnuda que la información que ha venido publicando La Nación son datos ciertos”. Y añadió que si la información es verídica, la prensa tiene todo el derecho a publicarla ya que no solo involucra a particulares y, por tanto, es información pública.
La contraofensiva del gobierno llegó a través de un comunicado que tituló “Siguen mintiendo, siguen difamando”. Además de señalar que se trata de negocios privados y que se pagaron todos los impuestos del caso, se afirma que “ambos presidentes han sido los más denunciados por las empresas mediáticas, dirigentes opositores, ONGs e ignotos (sic) personajes y han sido investigados como ningún otro ciudadano por la justicia argentina”.
Los datos se conocen en medio de un escenario político y social convulso, como no se conocía en los últimos años, con saqueos, muertos y rebeliones policiales en buena parte de las provincias. Esto ha afectado negativamente la imagen de la presidente, Cristina Fernández, al punto que casi el 44 % de los que la votaron en 2011 están arrepentidos.
Según una encuesta de la empresa Managment & Fit, que encargó el diario Clarín, la desaprobación de la gestión del gobierno cayó 10 puntos de noviembre a diciembre. Casi el 60 % de los encuestados reprueba al gobierno. La imagen personal de la presidente cayó aún más, un 14 %, y solo un 27,9 % de los consultados la apoyan. El estudio se hizo durante los días álgidos de las protestas policiales y la mayoría, el 57,3 %, responsabilizó al gobierno por el mal manejo de la situación, considerando que el gobierno no estaba pudiendo controlar la situación.
El malestar social se agudiza, además, con nuevos hechos afectan la calidad de vida. Las altísimas temperaturas que se viven en el verano austral –desde el lunes se soportan picos de 36º de sensación térmica en Buenos Aires- ya están provocando los habituales cortes de luz y agua. Hasta 30 barrios de la capital argentina se han visto afectados por los cortes. Minimizados por el gobierno en veranos anteriores, ahora se admite que habrá más cortes que el verano pasado. El ministro de Planificación, Julio de Vido, declaró que esto se debe a que habrá un consumo mayor de energía.
