Cuando Argentina encara un año trascendental, con elecciones generales en octubre, parece haber comenzado la guerra sucia con acusaciones y carpetazos que tratan de sacar rédito político. Y el escenario es la Justicia, donde se debate el futuro de la ex presidente, Cristina Fernández, y de buena parte de su gobierno y asociados.
Este 26 de febrero comienza el primero de los juicios contra la ex presidente, que ya ha sido procesada en seis causas diferentes, la mayoría por corrupción
En los últimos días un juez y un fiscal federal, ambos de altísima exposición pública, se han visto salpicados por denuncias de presunta corrupción. El primero de los señalados fue el juez Luis Rodríguez, al que la viuda de un ex secretario de los Kirchner acusó de haber recibido un millonario soborno -10 millones de dólares- para que no avanzara en una causa. En este caso se trata de un juez conocido por su militancia en el grupo Justicia Legítima, de declarada pertenencia al kirchnerismo.
Días después fue el turno del fiscal Carlos Stornelli, que tiene en sus manos la causa conocida como “de los cuadernos”, la más letal para la ex mandataria, que detalla el método de recolección de los sobornos en la obra pública durante los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y su viuda, Cristina Fernández.
El juez Rodríguez fue denunciado por Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario presidencial, que es investigado por el presunto lavado de 73 millones de dólares. Una fortuna que la Justicia investiga si era propia o actuaba como testaferro de los Kirchner. En cualquiera de los dos casos, este patrimonio -primero se habló de 70 millones de dólares, pero ahora se calcula que serían 500 millones- sería fruto de la corrupción.
El caso de Stornelli, que deberá decidir la Justicia, parece un claro ejemplo de operación política, que registra algunos antecedentes. En ocasiones anteriores, los Kirchner armaron denuncias en contra de opositores políticos en vísperas de elecciones. El primer ejemplo fue el de Enrique Olivera, denunciado falsamente tres días antes de las elecciones legislativas del 2005, por cuentas bancarias en el exterior sin declarar. Otro caso sonado, y también falso, salpicó a Francisco De Narváez, días antes de otras elecciones legislativas, en el 2009. Fue acusado de tráfico ilegal de efedrina, es decir, narcotráfico. Como en el caso de Olivera, fue una acusación forjada.
La denuncia contra el fiscal tiene como figura central a Marcelo D´Alessio, un oscuro y mediático abogado que se presentaba como representante en Buenos Aires de la DEA, la agencia antinarcóticos de los EEUU. Este abogado habría contactado con un empresario presuntamente ligado a la causa de los cuadernos y, presentándose como enviado del fiscal, solicitaba 300.000 dólares para sacarlo del caso. Este abogado le habría dicho que había sido mencionado en la causa por un procesado, pero la realidad es que en ningún momento esto fue cierto.
Días después del escándalo, el abogado fue denunciado y en allanamiento de una de sus propiedades la policía encontró armas, aparatos de espionaje, coches con balizas policiales, chalecos antibalas, una placa de la DEA y una camiseta del FBI. Y se supo que en el 2016 se le inició una causa por lavado de dinero. Tiene inhibidos sus bienes y se le ha prohibido salir del país.
Quien publicó la acusación contra Stornelli es el controvertido periodista Horacio Verbitsky, autor de las más resonadas investigaciones contra el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), que fue uno de los periodistas más identificados con los Kirchner. Ex jefe de inteligencia del grupo guerrillero Montoneros, su bien ganado prestigio se vio afectado en los últimos años. Fue acusado de haber colaborado con el gobierno militar, en concreto con la Fuerza Aérea. Y fue el impulsor de la denuncia por la presunta desaparición en la Patagonia del artesano Santiago Maldonado en agosto de 2017, en el curso de una manifestación de apoyo a una ocupación de tierras por parte de un grupo de indios mapuches. El caso fue presentando por Verbitsky como “el primer desaparecido de Macri”. La posterior aparición del cuerpo en aguas del río Chubut, y el dictamen de los 55 peritos que examinaron el cuerpo, que no hallaron ningún signo de violencia en el cadáver, no fue obstáculo para que siguiera hablando de una desaparición forzada.
La diputada oficialista Elisa Carrió, la más eficaz en las últimas décadas en la lucha contra la corrupción, denunció judicialmente esta presunta operación contra el fiscal Stornelli. Y lo hizo en base a escuchas telefónicas a Roberto Baratta, el ex número 2 del ministerio de Planificación, en prisión preventiva por el caso de los cuadernos. Este ex funcionario sería el principal recaudador de los sobornos entre empresarios de la obra pública. De hecho, fue su chofer -Oscar Centeno-, el autor de los famosos cuadernos.
Otros involucrados en la operación serían el ex embajador argentino ante el Vaticano durante el gobierno anterior, Eduardo Valdés, el ex secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, y el juez Alejo Ramos Padilla, ante quien se presentó la denuncia contra el fiscal Stornelli y al que se le considera próximo de La Cámpora, la organización juvenil del kirchnerismo.
El fiscal considera que la operación se hizo para apartarlo del caso, en el que ya se pudo reconstruir el sistema de recaudación, lavado y ocultamiento de bienes “con un grado de verdad bastante importante”.
Estas denuncias hay que inscribirlas en la campaña electoral y la difícil situación que enfrenta la ex presidente, Cristina Fernández. La ex mandataria no ha hecho oficial aún su candidatura, pero en la oposición es la figura que más mide en las encuestas. Y, aunque las denuncias de corrupción parecen no tener una influencia significativa en su electorado, es evidente que tampoco suma.
Las malas noticias en el campo judicial para Cristina Fernández, además, no cesan. El que fuera histórico contable (contador en Argentina) de la familia, Víctor Manzanares, detenido desde hace casi un año y medio, pasó a integrar la lista de arrepentidos o colaboradores con la Justicia y puede aportar nuevos datos demoledores. Manzanares decidió que no tiene sentido seguir protegiendo a los Kirchner ya que, desde que está en prisión, se vio abandonado por sus antiguos empleadores.
La justicia considera que los arrepentidos del círculo más íntimo, como es Manzanares, son los más importantes. Como dijo el fiscal Stornelli, “quizá les ha costado más quebrar lazos de afecto, amistad, conocimiento de muchos años o intimidad compartida”.
Entre los datos que ya aportó Manzanares está la confirmación de una gravísima denuncia periodística de hace nueve años, que en ese momento fue ignorada: que el ex juez federal Norberto Oyarbide manipuló una pericia para poder sobreseer al fallecido Néstor Kirchner en una denuncia por enriquecimiento ilícito. Ante la insólita declaración de bienes correspondiente al 2008, que suponía un incremento patrimonial del 158 % en un solo año, el juez le indicó cómo podía resolverlo. Oyarbide, por cierto, ya declaró en agosto pasado que en su momento había cerrado la causa contra Kirchner porque “lo agarraron del cogote”. Y la Unidad de Información Financiera pidió reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito de los Kirchner.
Este 26 de febrero comienza el primero de los juicios contra la ex presidente, que ya ha sido procesada en seis causas diferentes, la mayoría por corrupción. En este caso se trata de la causa por fraude en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Allí, un amigo de los Kirchner -Lázaro Báez, que está por ver si también fue testaferro- fue el adjudicatario del 80 % de las obras. Gracias a estos negocios, Báez se convirtió en uno de los grandes terratenientes de la argentina, aunque era un simple empleado de banco antes de conocer a Kirchner.
Un día antes del comienzo de este juicio, la ex mandataria tendrá que comparecer nuevamente ante el juez Claudio Bonadio, pero en esta ocasión por el caso de los cuadernos, que está todavía en fase de instrucción.
