@jgonzalezok | Cuando no ha transcurrido todavía un mes de gobierno y a pesar de las vacaciones del verano austral, el presidente argentino, Mauricio Macri, ha comenzado a desarmar el complejo entramado institucional que le dejó en herencia su antecesora, Cristina Fernández. En realidad todavía no sabe con exactitud cuál es el legado, tarea que ha encargado a sus principales funcionarios y que puede llegar a demandar unos seis meses. Pero algunos de los nudos gordianos ya recibieron el golpe de su espada.
La más emblemática y controvertida de las decisiones fue dar por muerta la ley de Medios, que el kirchnerismo había hecho la madre de todas las batallas y el instrumento para acabar con el Grupo Clarín. “Por pedido del presidente Macri hoy se terminó la guerra contra el periodismo en la Argentina”, dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al anunciar el nuevo marco por el que se regirán las comunicaciones. “El periodismo debe ser siempre independiente y crítico del poder, esa es su tarea y ese es su sentido que tiene dentro de la democracia”, añadió Peña.
Macri tomó la decisión de actuar por decreto, sin esperar a que se reanude la actividad parlamentaria, en el mes de marzo. La idea es atacar cuanto antes en los frentes difíciles, ahora que tiene un amplio consenso social. La medida provocó la reacción desmedida del kirchnerismo. Martín Sabbatella, el titular del AFSCA (Autoridad Federación de Servicios de Comunicación Audiovisual), el organismo que estaba encargado de controlar la ley de Medios, amagó con hacerse fuerte en sus oficinas.
Sabbatella, que se ha declarado un orgulloso soldado del kirchnerismo, a pesar de que su cargo requería imparcialidad, dijo que la medida era una agresión brutal a la democracia y acusó al presidente de obedecer órdenes de Héctor Magnetto, el CEO del Clarín. “Macri es peor que un dictador porque entró por los votos” (sic), dijo por su parte Hebe de Bonafini, presidente de la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, aliada política del kirchnerismo.
Pero las medidas siguen en otros ámbitos. La vicepresidente y presidente provisional del Senado, Gabriela Michetti, ordenó dar de baja los contratos de los 2.035 empleados que había contratado desde enero su antecesor, Amado Boudou. También se estudiará la recategorización de otros 2.317 en el mismo período (800 un mes antes de irse). Los nombramientos fueron semiclandestinos, ya que Boudou se negó a publicarlos en la página oficial de la cámara.
La cámara de Diputados y el Senado son dos ejemplos perfectos del uso del Estado como instrumento para el clientelismo político y el nepotismo. El personal legislativo, cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, era de 9.605 empleados; a fines del 2015 la cifra ascendía a 15.248. En porcentajes, el Senado aumentó su personal un 127 %, sobrepasando por primera vez en la historia al de la cámara de Diputados, que aumentó un 14 %. La Biblioteca del Congreso sufrió un incremento del 68 %.
Pero el aumento desmesurado del empleo público alcanza a todos los rincones de la administración, desde el Estado nacional a las pequeñas municipalidades, sin que tenga más explicación que el clientelismo. Hay casi 4 millones de empleados públicos, frente a los 2,2 que había en el 2003. El número fue creciendo sobre todo los años en que había elecciones, es decir, cada dos años. Y especialmente en este pasado 2015.
La firma de auditores KPGM hizo un estudio que concluyó que aproximadamente un 7 % de ellos serían fantasmas. Calculando su sueldo promedio, el estudio señaló que sería una cifra similar a la que se venía destinando a la Asignación Universal por Hijo (AUH), programa estrella del gobierno kirchnerista. Es decir, haciendo una limpieza se podría haber duplicado el modesto monto de menos de 60 dólares mensuales por cada hijo de las familias más pobres.
Estos empleados fantasma tienen varias modalidades. Bien solo iban a cobrar a fin de mes, sin cumplir ninguna función más que la militancia política; bien cambiaban de destino y pasaba a cobrar en los dos puestos, o bien eran inexistentes. En este último caso estaríamos ante una curiosa y perversa forma de financiación de la política: habría personas en nómina del Estado sin saberlo y su sueldo iba a las cajas de diversas organizaciones políticas.
Una variante es la que se dio en el recientemente disuelto AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), el organismo encargado de controlar la difunta ley de Medios. Allí, el titular era Martín Sabbatella, líder del partido ultrakirchnerista Nuevo Encuentro. La mayoría de sus trabajadores eran militantes del partido, que “donaban” el 8 % de su sueldo al partido. En el 2013 hubo una denuncia por esta práctica, aunque un juez desestimó la demanda al aceptar que esta operatoria fuera consentida por los afectados. Pero un fiscal acaba de ordenar que se reabran las investigaciones.
La resistencia contra el gobierno de Macri la está encabezando la ex presidente, Cristina Fernández, que desde el 10 de diciembre está refugiada entre sus casas de Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia. “Estamos trabajando para volver”, dijo Andrés Larroque, uno de los referentes de la agrupación La Cámpora, la tropa propia de la ex presidente. El hijo de la ex mandataria, Máximo, elegido diputado en las últimas elecciones, dijo: “Cristina es la que conduce”.
La derrota en las elecciones plantea un reacomodo en el peronismo/kirchnerismo que todavía no se dio. Cristina Fernández sigue conservando poder, como está demostrando con sus continuas llamadas telefónicas a Buenos Aires dando instrucciones. La presidente sigue tratando a legisladores y gobernadores de su fuerza con el látigo y como si fueran sus empleados, no sus aliados políticos. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no pudo tratar el presupuesto anual porque la orden desde el sur fue no dar quórum en la sesión correspondiente.
Pero algunas medidas que pueden perjudicar a Macri también golpean a gobernadores y alcaldes peronistas, que ahora dependen de la ayuda del gobierno macrista para pagar sueldos y otros gastos. Hay provincias en las que el 90 % de la nómina de sus funcionarios dependen de la ayuda del gobierno central. La contradicción más evidente es la provincia de Santa Cruz, gobernada ahora por Alicia Kirchner –hermana del ex presidente-, que ya ha pedido ayuda urgente a Macri, a pesar de que los Kirchner gobiernan directa o indirectamente la misma desde 1987.
