La mayoría de los anuncios de AMLO han generado amplia controversia entre los sectores de la opinión pública, ya que plantean medidas nunca antes tomadas en México y que implican fuertes cambios en las dinámicas de poder y gobierno
Apenas han pasado 50 días desde la elección presidencial en México, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dictado la agenda pública de las últimas semanas. Ello ha dejado al Gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, en el rezago informativo, pero sobre todo en la irrelevancia de la toma de decisiones, a pesar de que su Gobierno sigue vigente hasta el 1 de diciembre.
En México, entre el día de la elección y la toma de posesión del nuevo presidente, hay un periodo de transición de cinco meses, lo cual genera una especie de impasse en la agenda política nacional: el Gobierno vigente pierde toda legitimidad mientras que el Gobierno entrante no tiene aún las facultades legales para tomar decisiones. Por ello, los presidentes electos suelen permanecer sin mucha actividad durante esos cinco meses. Sin embargo, López Obrador ha marcado las tendencias noticiosas de manera consecutiva desde el 1 de julio, ya que ha hecho diversos anuncios sobre su futuro equipo de trabajo, las políticas públicas que implementará y los proyectos de su sexenio. A pesar de que las conferencias se dan de una manera austera y prácticamente espontánea, los medios de comunicación acuden al llamado para informar de la actividad del presidente electo.
Pero no sólo eso, sino que la mayoría de los anuncios de AMLO han generado amplia controversia entre los sectores de la opinión pública, ya que plantean medidas nunca antes tomadas en México y que implican fuertes cambios en las dinámicas de poder y gobierno. De entre todos los temas que se han tocado en las últimas semanas, pueden mencionarse tres principales, que muestran cómo López Obrador está marcando la ruta de lo que será su próximo Gobierno: la austeridad republicana, la designación de los delegados estatales y la posible cancelación del proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Austeridad republicana
Uno de los primeros anuncios de AMLO fue la política de austeridad que se establecerá en el Gobierno federal a partir de su asunción, la cuales presentó en 50 puntos. Esta política incluye temas como la transformación de la actual residencia oficial presidencial, Los Pinos, en un centro cultural para uso y disfrute toda la ciudadanía, así como la venta del avión presidencial y la cancelación de los servicios de seguridad de alto nivel provistos por el Estado Mayor Presidencial a su persona. Sin embargo, la polémica de este anuncio se desató con la noticia de los recortes salariales a los funcionarios, empezando por el mismo Andrés Manuel, quien ganará menos de la mitad del sueldo actual del presidente, quedando esta cifra en 108 mil pesos (unos 5.700 dólares) mensuales.
Atendiendo a la normatividad constitucional vigente, ningún funcionario puede tener un sueldo mayor al del presidente, por lo que todos los funcionarios que actualmente ganan más de 108 mil pesos (casi 35 mil personas, según algunas estimaciones), verán sus sueldos recortados a partir del próximo sexenio. La medida generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación convencionales, pues algunos periodistas y analistas acusaron que reducir los sueldos a los altos funcionarios podría generar corrupción y consideraron que provocaría la salida de las personas mejor calificadas de la administración pública. Del otro lado, las razones que plantea AMLO, atienden particularmente a la desigualdad existente en México, donde mientras un funcionario gana más de 108 mil pesos, el salario mínimo mensual se establece en 2.649 pesos.
Delegados estatales
Al ser una República Federal, una de las facultades de los gobiernos federales en México es la designación de delegaciones de las Secretarías de Estado y otras instancias nacionales en los diferentes estados. Es así que actualmente existen 4.600 plazas de servidores públicos que trabajan en las delegaciones de 17 instituciones federales en cada uno de los 32 estados. AMLO ha anunciado que eliminará esta diversidad de delegaciones, concentrando las funciones de la delegación de instancias federales en una sola persona por cada estado, reduciendo así la burocracia de manera muy importante.
La medida desató fuertes críticas también, particularmente de personajes que argumentan una intromisión del gobierno federal en los gobiernos estatales y una violación a su soberanía. Incluso, varios analistas denominaron a estos 32 delegados y delegadas, los ‘virreyes’, haciendo alusión a la figura de la época colonial. Sin embargo, como han explicado ya varios integrantes del equipo de Andrés Manuel, la Constitución faculta al presidente para nombrar delegados del gobierno federal, por lo que no existen intromisiones ni violaciones a la soberanía, ni mucho menos fungirán como intermediarios entre el gobierno federal y los gobernadores, sino que en lugar de tener en promedio 217 plazas por estado, éstas se reduzcan de manera muy importante, recortando también el presupuesto actual de más de 181 millones de pesos (9.5 millones de dólares, aproximadamente) al mes.
Cancelación del NAIM
Una de las promesas de campaña de AMLO fue la cancelación del proyecto de infraestructura más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
Una de las promesas de campaña de AMLO fue la cancelación del proyecto de infraestructura más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se empezó a construir en septiembre de 2015 con costo de 13 mil millones de dólares en un esquema de asociación público-privada. Desde el inicio, la construcción del NAIM ha generado fuertes críticas por la opacidad del proceso de licitaciones y por el impacto ambiental y urbano que se generaría en la zona. Durante la campaña, López Obrador denunció que la obra era innecesaria y que respondía a intereses políticos y económicos más que a cuestiones técnicas, por lo cual de ganar la presidencia, suspendería las obras para revisar los contratos y estudios técnicos.
La propuesta desató desde entonces debates y fuertes críticas (particularmente por parte de los inversionistas y de medios de comunicación ligados a agendas empresariales), quienes alegaban que la cancelación implicaría contravenir a los contratos ya firmados con el Gobierno federal y, por lo tanto, generar una serie de multas y fianzas que se calculan en 100 mil millones de pesos (unos 5 mil millones de dólares). Al salir victorioso de la contienda presidencial, AMLO mantuvo su postura, pero ha expresado que la decisión es compleja por la inviabilidad de otros proyectos que pudieran satisfacer la demanda de vuelos que actualmente existe en México y por los costos que generaría la cancelación de la obra.
El viernes pasado, López Obrador anunció que, tras solicitar opiniones técnicas y realizar foros ciudadanos, la decisión de continuar o cancelar las obras del aeropuerto, se someterá a consulta de la ciudadanía el próximo mes de octubre. Aunque la Constitución mexicana prevé las consultas populares, su regulación vigente no permitiría realizarla de manera formal, ya que se exige que éstas sean llevadas a cabo de manera coincidente con las elecciones federales, entre otros requisitos. Sin embargo, el planteamiento es realizar una encuesta a nivel nacional con carácter vinculatorio para la determinación del Gobierno entrante. Nuevamente, muchos analistas y opinadores han espetado que un tema técnico como la construcción de un aeropuerto no debería ponerse a consulta popular, pues consideran que la población no tiene suficiente información ni preparación para decidir.
A este respecto, el propio Andrés Manuel y su equipo han argumentado que las decisiones complejas sobre el futuro de México deberán ser consultadas con la ciudadanía “para no equivocarse”, ponderando el ejercicio democrático y declarando que el pueblo mexicano tiene la capacidad necesaria para definir sobre el presupuesto y las decisiones de mayor relevancia.
Hacia un nuevo destino para México
A pesar de lo reciente de las elecciones presidenciales, los anuncios de Andrés Manuel López Obrador y las reacciones de la opinión pública dan cuenta ya de un cambio de régimen en México. Los recortes a la alta burocracia, la eliminación de los privilegios y de las funciones innecesarias, y las consultas democráticas sobre proyectos de infraestructura con trascendencia transexenal implican modificar muchas de las dinámicas tradicionales en la política nacional. Las propuestas lopezobradoristas revolucionan el panorama político de manera radical (atendiendo a su origen etimológico: de raíz) y generan reacciones inmediatas por parte de quienes ven sus intereses afectados, pero principalmente de quienes se han beneficiado de los abusos de poder que han caracterizado a las cúpulas del poder político y económico en las últimas décadas.
Sin embargo, y contrario a la percepción que quiere imponerse desde los medios de comunicación conservadores, la ciudadanía respalda las decisiones del presidente electo. Una encuesta realizada en julio pasado a nivel nacional por Consulta Mitofsky -una de las casas encuestadoras más importantes en México- muestra que la imagen del líder político incluso mejoró después de la elección presidencial, teniendo un repunte de 7 puntos porcentuales respecto al mes de junio.
Así, López Obrador sigue sorprendiendo a propios y extraños, pues parece fortalecer cada vez más su liderazgo a pesar de las andanadas de opiniones en contra que quieren minar su popularidad. Aún pasada la elección, la crisis de legitimidad de los actores políticos que ahora son oposición es tan grave que sus acusaciones no han logrado disminuir el apoyo al tabasqueño. Por otra parte, los anuncios de sus futuras decisiones robustecen la idea de un cambio radical que, a su vez, ha generado enormes expectativas tanto al interior como fuera de México. Ejemplos de ello son eventos como la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, apenas unos días después de la elección presidencial y del canciller japonés, Taro Kono, la semana pasada. La opinión pública está en desconcierto ante la incertidumbre, pero para el pueblo mexicano hay una certeza que da esperanza: AMLO está ya en la ruta de la Cuarta Transformación.
Artículo de Ana Montaño, publicado en el portal de Celag
