La fiscalidad no sólo es una de las relaciones más persistentes entre un individuo y el Estado, sino también una de las más conflictivas. Convertir recursos privados en públicos exige un sacrificio y esto genera frecuentes resistencias. Este potencial de conflicto ha contribuido a explicar diversos procesos históricos, como la Independencia de Estados Unidos. Para el caso de nuestra guerra de Independencia, los trabajos de historiadores como Carlos Marichal y Gisela von Wobeser sugieren que la relación entre una exacción fiscal excesiva (o considerada injusta) y la inestabilidad política y social fue un elemento clave.
A escasos días del aniversario del inicio de la lucha insurgente (noche del 15 de septiembre de 1810) e iniciando apenas la discusión sobre la reforma hacendaria planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto el domingo pasado, es un buen momento para recordarlo.
La política fiscal moderna inició en Nueva España en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Su implementación buscaba la sujeción fiscal de las Colonias, pero respondía también a las circunstancias bélicas del momento: en esos años, el Imperio Español protagonizó varios conflictos con Inglaterra y Francia de los que salió muy mal parado. Las sucesivas guerras generaron un cuantioso déficit que trató de cubrirse incrementando la recaudación en América, por medio de instrumentos ordinarios y extraordinarios. Gran parte de estos ingresos fueron enviados como remesa a la metrópoli o a sus bases militares en el Caribe, lo que provocó una descapitalización general en Nueva España que afectó a casi todos los sectores sociales y generó un amplio descontento.
El momento cumbre de este proceso extractivo fue la aplicación de la “Consolidación de Vales Reales” a partir de 1804, una medida cuyos efectos ayudan a entender el complejo entramado de causas detrás del movimiento insurgente.
En palabras de Gisela von Wobeser, la Consolidación disponía “que las catedrales, parroquias, conventos, cofradías, juzgados de capellanías y obras pías, hospitales y colegios, se desprendieran del dinero líquido y de los bienes raíces y capitales de inversión que poseían y los depositaran en la Tesorería Real, a modo de préstamo forzoso. De igual manera debía procederse con los capitales de capellanías de misas y obras pías”.
Era una empresa arriesgada: Miguel Cayetano Soler, ministro de Hacienda e impulsor de la Consolidación, sabía lo que ésta podría implicar para la estabilidad de las colonias, a quienes “se les iba a extraer el jugo”.
La medida significó un duro golpe para las finanzas del clero, pero también para la economía general del Virreinato. La razón es el papel central que tenía la Iglesia en el sistema crediticio de Nueva España: la Consolidación implicaba que todo el capital prestado por la Iglesia, que en palabras del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, era "el asilo universal, el pronto socorro, el espíritu que mueve a la agricultura, a la minería, al comercio y a la industria", fuera recogido y depositado forzosamente a la Corona.
Por ello, la medida se enfrentó a una oposición generalizada y provocó un número inusitado de protestas, llamadas Representaciones (una vía utilizada para dirigirse al rey). Para von Wobeser, este fue el primer movimiento masivo de resistencia contra la Corona, que unió en una sola causa a distintos sectores sociales y permitió el surgimiento de algunos líderes que luego tendrían una participación destacada en la lucha insurgente. Es el caso del corregidor Domínguez, quien redactó la Representación del Tribunal de Minería.
Un colectivo que resultó especialmente afectado por la Consolidación fue el de los deudores. Imposibilitados muchos de ellos para saldar sus deudas pagando a la tesorería Real, perdieron los bienes que garantizaban sus adeudos, especialmente negocios y casas. Numerosas propiedades fueron embargadas y subastadas de este modo. Algunos de los primeros líderes insurgentes se contaban entre estos novohispanos arruinados: el padre del militar Ignacio Allende perdió su hacienda familiar a causa de la Consolidación y el propio cura Miguel Hidalgo (iniciador formal de la lucha armada) casi ve perdido su patrimonio, la Hacienda de Santa Rosa Jaripeo, por la misma razón.
El caso del bajo clero, que nutrió las filas independentistas al grado que la primera fase de la lucha armada ha llegado a considerarse casi una obra de curas, es también llamativo: la Consolidación los privó de sus capellanías de misas y de sus rentas, arrojándolos prácticamente a la mendicidad.
Finalmente, los pueblos indígenas también resultaron afectados. En conjunto aportaron 655,252 pesos a la Consolidación: alrededor de dos terceras partes de sus ahorros.
No parece casual que, de acuerdo con el estudio que realiza Iván Franco de la región de Valladolid (hoy Morelia, en el occidente de México), las huestes insurgentes estuviesen conformadas mayoritariamente por estos tres colectivos: religiosos al mando de peones e indígenas, y sectores criollos apoyando estas alianzas.
Con todo, es difícil determinar exactamente cuánto influyó la presión tributaria o los efectos de medidas como la Consolidación en la búsqueda de la Independencia entre los diferentes actores sociales. Lo que la evidencia sí sugiere es que muchos de los agravios que facilitaron la coalición revolucionaria que integró a los insurgentes tenían un origen fiscal. En resumen, como diría Carlos Marichal, cuando la política fiscal de la Corona, obligada por las circunstancias bélicas internacionales y por un proyecto centralista, se hizo cada vez más despótica y extraordinaria para los novohispanos, los problemas no sólo económicos sino políticos comenzaron a aflorar con mayor intensidad.
¿Qué dice esta historia a la coyuntura mexicana actual? ¿Qué lecciones aporta a la discusión de una reforma fiscal?
Al menos, tres cosas: 1) que la coerción no es suficiente para que una política tributaria sea sostenible, pues es necesario también un cierto grado de consentimiento; 2) que este consentimiento es crucialmente dependiente del destino de los tributos, de quiénes resultan beneficiados por el gasto público; y 3) que la decisión de resistirse a los impuestos puede significar un desafío al orden social existente, la base misma de su cumplimiento. Hay que considerarlas.
