Una latinoamericana presidirá la Asamblea General de la ONU

María Fernanda Espinosa

La ministra ecuatoriana de Exteriores, María Fernanda Espinosa, es la candidata con más posibilidades.

Coincidiendo con esta candidatura, y en clara sintonía con los tiempos que corren, Ecuador ha lanzado una campaña impulsando políticas de igualdad y equidad, para promover el desarrollo integral de las mujeres

@jgonzalez | El próximo período de sesiones de la ONU, a partir del próximo mes de septiembre, muy posiblemente va a ser presidido por una mujer, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Hace 45 años que no ocupaba dicho puesto un ecuatoriano y 19 que no lo hace ningún representante sudamericano. Este año el cargo corresponde a la región de América Latina y el Caribe, según el mecanismo que va rotando por regiones y, aunque no es la única candidatura de la región, Espinosa parece ser la mejor colocada.

La actual responsable de la política exterior ecuatoriana tiene un largo currículum y una larga carrera internacional de más de 20 años. Durante el anterior gobierno, de Rafael Correa, fue ministra de Exteriores y Defensa. También fue embajadora de Ecuador ante la oficina de la ONU en Ginebra y en Nueva York. Y tiene experiencia en negociaciones internacionales sobre paz, seguridad, defensa, derechos humanos y medio ambiente.

La otra candidata para presidir el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas es la hondureña María Elizabet Flores, embajadora de su país en la ONU. La ministra de Exteriores de Honduras, María Dolores Agüero, reclama a Ecuador que cumpla un acuerdo no escrito del año 2015, por el cual el país centroamericano apoyaba al ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, para ocupar un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cambio del apoyo ecuatoriano para que Honduras presidiera la Asamblea General de la ONU.

Ahora, con nuevo gobierno en Quito, presidido por Lenín Moreno, Ecuador relanza su candidatura. Y argumenta que su María Fernanda Espinosa “cuenta con el perfil y experiencia necesarios para conducir y fortalecer los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas”.  

Los candidatos deben presentar sus propuestas y planes de trabajo ante la Asamblea en el mes de mayo y en junio será la votación. Pero Espinosa ya envió una carta a la ONU en la que señala entre sus prioridades “acercar las Naciones Unidas a la gente” y trabajar de una forma “abierta, efectiva, transparente e inclusiva”. También apostó por facilitar respuestas rápidas de la Asamblea ante situaciones emergentes y prestar especial atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La ministra ecuatoriana declaró la semana pasada a Radio Cultura de Buenos Aires (Argentina), que ya tiene importantes apoyos, incluso de fuera de la región, pero se mostró prudente sobre el particular. 

Coincidiendo con esta candidatura, y en clara sintonía con los tiempos que corren, Ecuador ha lanzado una campaña impulsando políticas de igualdad y equidad, para promover el desarrollo integral de las mujeres. Iniciativa que se pretende imponer incluso en su diplomacia. La propuesta fue presentada este 21 de febrero en un documento de 79 páginas, bajo la idea de impulsar una diplomacia de paz con equidad. En este momento, de los 68 embajadores en servicio activo que tiene Ecuador, solo 11 son mujeres, lo que representa solo un 34% del total.

La Asamblea General de la ONU decidió el pasado año forma un grupo de trabajo especial para revitalizar su labor, determinar nuevos métodos de revitalizar su función, autoridad, eficacia y eficiencia.

Uno de los temas que se encontrará quien presida la próxima Asamblea General, sea la candidata ecuatoriana o la hondureña, será enfrentar la situación de impago de varios países miembros, que al no estar al tanto con sus cuotas están privados de su derecho a voto. Se trata de República Centroafricana, Yemen, Libia y Venezuela. Otros cuatro países que tampoco están al día, Somalia, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Bissau y Comoras mantienen su derecho al voto en virtud de la excepción que permite a un estado miembro argumentar que circunstancias ajenas a su voluntad contribuyeron a su incapacidad de pago.

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