En la inauguración del nuevo período de sesiones del Congreso, Cristina Fernández empezó a dar forma a su anuncio de diversas iniciativas para “democratizar la justicia”, mediante la presentación de siete proyectos de ley. Una idea que venía repitiendo en sus últimos discursos, sobre todo cuando empezó a sufrir diversos reveses judiciales relacionados con la aplicación de la Ley de Medios. Los ataques contra la Justicia tomaron nuevos vuelos después de la medida cautelar a favor de la Sociedad Rural, ante el intento de expropiación del recinto ferial de Palermo, que para el gobierno es la representación más simbólica de la oligarquía ganadera.
El principal proyecto sería el de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona las ternas de jueces para su designación por parte del gobierno y el Senado. También supervisa la labor de los jueces y puede iniciar un juicio político a los magistrados que tengan un mal desempeño de sus funciones. Actualmente, este Consejo de la Magistratura está formado por seis legisladores, un representante del Gobierno, tres jueces, dos abogados y un académico. La idea oficial también plantea ampliar la representación con representantes de otros sectores, aunque nada tengan que ver con la Justicia.
Chequeado.com, un medio independiente que se dedica a contrastar y chequear los mensajes políticos, sostiene: “los Consejos de la Magistratura nacieron en Europa como una forma de garantizar la independencia de los Poderes Judiciales a través de controlar la capacidad técnica de sus miembros. La lógica de la prevalencia de las profesiones jurídicas descansa en la visión formalista del Derecho de tradición continental por la cual, el solo hecho de conocer la ley y demostrarlo es suficiente para ejercer la magistratura”.
La elección popular de este cuerpo puede desnaturalizar la función de uno de los tres poderes del Estado, cuya razón de ser es el control del Ejecutivo y servir a un efectivo equilibrio de poderes. El gobierno, sin embargo, no concibe que la Justicia tenga opinión propia, frente a la legitimidad que otorgan los votos.
¿Se trata de democratizar la justicia o de controlarla? En el mundo judicial se ha producido una clara división y, como es habitual, hay quien sostiene una cosa, con la mitad de la biblioteca a favor y hay quien usa la otra mitad en contra. El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, considera que la elección mediante el voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no es compatible con la Constitución. Desde la agrupación Justicia Legítima, alineada con el gobierno, lo defienden, como “la única forma de romper con el espíritu corporativo“, al incorporar sectores de la sociedad que no forman parte del mundo judicial.
En el arco político opositor las reacciones han sido unánimemente negativas. El socialista Hermes Binner, alertó sobre consecuencias muy graves y dijo que el gobierno va hacia el unicato, porque “el gobierno va concentrando cada vez más poderes”. Elisa Carrió, de Coalición Cívica, sostuvo que “lo único que desea Cristina es su impunidad y la de sus funcionarios que roban”. Margarita Stolbizer, diputada del centroizquierdista GEN, afirmó que era un mecanismo para disciplinar a los jueces. Y el derechista Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sostuvo: “obviamente, es una maniobra del gobierno para maniatar a la Justicia”.
Otros dos anuncios destacaron en el discurso de la mandataria. La creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado. En el primer caso se apunta a restarle poder a la Corte Suprema, ya que serán una instancia previa y los nuevos jueces que las integren serían más confiables para el gobierno. Y entra en contradicción con la reciente iniciativa del gobierno al instituir el per saltum, que le permitía acelerar los tiempos para que la Corte Suprema –entonces confiable para el oficialismo- asumiera sin pérdida de tiempo la cuestión de la Ley de Medios.
En cuanto a las medidas cautelares, es la obsesión del gobierno en su lucha por el desmantelamiento del Grupo Clarín, que ha logrado que la justicia paralice la aplicación de dos de los artículos de la Ley de Medios.
Horas antes de los anuncios presidenciales, la Procuradora General de la Nación –jefa de los fiscales-, Alejandra Gils Carbó, calificó la justicia actual como ilegítima, porque es “corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, en declaraciones también previas a los anuncios de la presidente, la contradijo al afirmar: “nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución”.
La ofensiva contra la Justicia llevó a Cristina Fernández a asegurar que el sistema democrático está severamente dañado por la falta de administración de justicia. Una queja que nunca, en casi 10 años de gobierno kirchnerista, había sido formulada. Es más, la corporación judicial cambió mucho en estos años y el gobierno tuvo la posibilidad de conformar un plantel de nuevos jueces, al punto que ya casi no queda ninguno de la época de la dictadura. Un reciente informe del diario La Nación estableció que, de los 730 jueces que hay en el país, 400 fueron designados a partir del 25 de mayo de 2003, es decir, durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner o de su esposa, la actual mandataria. Y en el caso de la Corte Suprema, de sus 7 miembros, 4 fueron designados en este período.
Fue, precisamente, la nueva Corte Suprema que logró conformar Néstor Kirchner, la que permitió al gobierno presentar unas credenciales democráticas que después se vieron empañadas. Sobre todo cuando el gobierno desconoció algunos de sus fallos, como los que deberían haber obligado al ejecutivo a no discriminar al diario Perfil en la publicad oficial, a reconocer ciertos derechos de los jubilados o a reponer en su puesto al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, destituido por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.
Es célebre la frase que pronunció el Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini, en una visita a Santa Cruz, después de que la Corte ordenara la reposición del fiscal Sosa: “¿Dónde está mi decepción con esta Corte? Que nosotros la pusimos para otra cosa”.
