@jgonzalezok | La Corte Suprema de Argentina ha decidido hacerse cargo de la causa por la polémica reforma judicial, después de que una juez considerase como inconstitucional algunos artículos del texto. Tras esta derrota, el gobierno acudió al per saltum, figura jurídica que le permite saltarse instancias intermedias y poner el caso en manos del máximo tribunal.
La Corte Suprema cree que hay razones de urgencia para tratar el tema, ya que el proyecto del gobierno incluye que en las elecciones parlamentarias de octubre ya se vote una lista con parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la propuesta de nuevos jueces y también su posible destitución.
Avizorando una derrota, el gobierno ha redoblado su ofensiva sobre el poder judicial, poniendo énfasis en los integrantes del máximo tribunal del país. Con el argumento de que la Justicia no puede ser un contrapoder y que no puede ejercer la labor de control que le otorga la Constitución, se está presionando a los jueces para que avalen el proyecto gubernamental.
Quienes se oponen al mismo recuerdan que la Constitución establece que los integrantes del Consejo de la Magistratura que lo integran en calidad de representantes de jueces, abogados y académicos, sean elegidos por sus pares, no por sufragio universal. Destacan que su inclusión en una lista electoral partidaria pondría en serias dudas la imparcialidad que se le supone a la Justicia. Y también rechazan el cambio en la mayoría necesaria para las decisiones del Consejo de la Magistratura, de la actual mayoría cualificada a la simple. Esto último daría al gobierno de turno un control total de los jueces.
La presidente, Cristina Fernández, defendió su proyecto al afirmar que “ningún juez sale debajo de una baldosa ni de un repollo (…) y es bueno saber cuáles son sus ideas políticas”. Recordó que algunos de los integrantes de la Corte Suprema tuvieron en el pasado militancia política. Y descalificó a uno de sus integrantes por su edad, el juez Carlos Fayt, de 95 años. Actualmente, los jueces deben dejar su cargo a los 75 años, pero cuando Fayt fue nombrado no existía tal limitación.
A coro, numerosos oficialistas secundaron el avance de la presidente. El senador Marcelo Fuentes es uno de los que más lejos fue al afirmar que hay en el país un clima destituyente y de odio, que comparó al que existía en el país en 1955, cuando fue derrocado Juan Domingo Perón. “Antes era el golpe de Estado, ahora son las sentencias judiciales”, afirmó. También aseguró que no recordaba ningún presidente “que haya sido objeto de tamaña campaña de injurias, agravios, intentos de corridas cambiarias, amenazas de los caos que vienen”.
Hebe de Bonafini, titular de una de las dos agrupaciones de Madres de la Plaza de Mayo, se sumó al pedir que la Corte “se ponga del lado del pueblo”, añadiendo que para ellas fueron siempre “la Corte Suprema de la Injusticia”. En todos los casos, desde el oficialismo se insiste en descalificar a los jueces hablando de la corporación judicial.
Se espera conocer la decisión de la Corte en cuestión de días. Y las perspectivas no son buenas para el gobierno, que había puesto en esta nueva batalla todo su empeño. Después de haber fracasado en sacar adelante la Ley de Medios –la Justicia aún estudia la constitucionalidad de algunos de sus artículos-, ésta se había convertido en su principal preocupación, defendiéndola con su habitual tono épico.
Entretanto, los principales problemas del país, según lo indican los ciudadanos en los sondeos de opinión, siguen descontrolados: la inflación y la inseguridad empeoran después de diez años de gestión kirchnerista. Para colmo, un nuevo accidente ferroviario, en la misma línea donde hace un año y medio murieron 51 personas, volvió a poner al desnudo el deterioro de la red y la falta de cumplimiento de las promesas, que aseguraban que habría una revolución en el transporte.
