Esta semana se ha conocido que el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, autorizará a las Fuerzas Armadas a que inicien una lucha contra la “subversión” y el “terrorismo”, posibilidad que se encuentra vedada por el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, promulgado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner.
El contexto en el que se conoce esta noticia está marcado por una actividad creciente, según el gobierno, de “grupos extremistas que pretender desestabilizar la democracia”. Curiosamente no hay hasta el momento ningún indicio que compruebe la existencia de dichos grupos, como así tampoco del tan temido enemigo interno que los medios de comunicación afines al poder pretenden crear, partiendo de la base de reclamos de los pueblos originarios del sur del país, que solicitan se respete el artículo 75 de la Constitución de 1994, en el cual se constitucionaliza la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, así como también la posesión y propiedad de tierras.
Las fuerzas de Seguridad batallan contra los mapuches del sur argentino, a quienes los medios de comunicación desestiman, estigmatizan y criminalizan, incluso asociándolos con grupos terroristas como el ISIS. Sin embargo estos mismos medios omiten en sus intervenciones, toda referencia a la posesión de miles y miles de hectáreas de territorio argentino por parte de empresarios y amigos del presidente, tales como Joe Lewis y Luciano Benetton.
Este es el marco en el que aparece la noticia del proyecto del Senado de la Nación que permite el ingreso de tropas norteamericanas para llevar adelante un ejercicio combinado denominado “Cormorán”. La aprobación de la Cámara Alta ya encontró algunas voces en contra, como la de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la provincia de Río Negro que exige a los diputados no votar a favor de este proyecto, ya que, según sostienen “Busca de forma secreta proteger los intereses de los Benetton y los Lewis en la región”.
Las grandes extensiones territoriales de la Patagonia son parte del debate que a nivel nacional se da en torno a las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, ambos relacionados con la represión que ejerce Gendarmería en el sur argentino. Sin embargo el proyecto de ejercicios combinados “Cormorán” tiene un inicio anterior a la muerte de Maldonado. Si bien el Senado no publicó aún los términos de la aprobación en la Cámara Alta, se pudo conocer el documento original presentado por el Ministerio de Defensa, firmado por su titular Oscar Aguad, por el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Marcelo Faurie, por el jefe de Gabinete Marcos Peña y por el propio Presidente de la Nación Mauricio Macri a fines de agosto.
En el Anexo I de dicho documento se plantea que el pedido se fundamenta en una carta enviada por el Agregado Naval de la Armada de Estados Unidos -en enero de 2017- ofreciendo traer al país dos aviones P-3 C Orion con la finalidad “del intercambio de experiencias”. En el documento se detalla también que las maniobras serán en las bases aeronavales “Almirante Zar” de Trelew (Chubut) y “Comandante Espora) en Bahía Blanca (Buenos Aires). También establece que los ejercicios serán en aguas de la República Argentina “Fuera del mar territorial de nuestro país, conforme a los criterios fijados para este tipo de ejercitaciones”.
Instalar la idea de la existencia de grupos terroristas es la misión en la que se encuentran abocados los medios de comunicación que reproducen como verdades irrefutables las declaraciones de los funcionarios. Aún sin evidencia ninguna de dichos grupos, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que el gobierno luchará para garantizar la democracia. La interpretación que hacen las pocas voces críticas que aún sortean la censura, es otra: Se pretende aterrorizar a la población. La represión a la comunidad mapuche no difiere de la que han sufrido los maestros en su reclamo, los desocupados, los trabajadores, los vendedores ambulantes, etc. Se está creando un enemigo interno con la intención de justificar la represión contra todo aquel que no comulgue con las decisiones del gobierno. Guillermo Carmona, Diputado Nacional por el Frente Para la Victoria, expresó que estos ejercicios militares “violan la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior”.
