jueves. 28.03.2024
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Foto: Amnistía Internacional

El estado de Pará presenta uno de los índices de muertes violentas más altos de todo Brasil

Por José Manuel Rambla | El asesinato de nueve personas, presuntamente a manos de la policía, ocurrido en la periferia de la localidad amazónica de Belém de Pará, ha vuelto a poner de manifiesto la lacra que la violencia sigue siendo para Brasil. Amnistía Internacional ha reclamado la apertura urgente de una investigación para esclarecer lo que ya es considerado una matanza que, según algunas fuentes recogidas por el Correio do Brasil, podría elevarse el número de víctimas mortales.

Todo indica que los crímenes son una venganza por el asesinato de un policía militar, el cabo Antonio Figueiredo, ocurrida el pasado martes sobre las 20 horas, cuando paseaba de paisano cerca de su domicilio. Según algunas informaciones, la víctima podría formar parte de una milicia, grupos parapoliciales integrados por policía y ex militares que disputan el control de territorio a las bandas delictivas, ejerciendo la extorsión a cambio de una supuesta protección. De hecho, algunas informaciones vinculan el atentado que costó la vida del policía a sus implicaciones en diversas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la periferia de Belém.

Nada más conocerse esta muerte, compañeros de la víctima comenzaron a intercambiarse mensajes por las redes sociales en una especie de convocatoria para responder al crimen, según estaría investigando la División de Homicidios de la Policía Civil. En total, se habrían confirmado nueve personas muertas en diferentes barrios periféricos de Belém. En al menos seis de los casos, los agresores actuaron de la misma forma: abordando a sus víctimas por la calle, desde una motocicleta y encapuchados o con el rostro oculto por un casco. La mayoría de los asesinatos apuntan por sus características a una auténtica ejecución.

Una de las víctimas fue Eduardo Chaves de 16 años. Su novia describía así a O Globo el momento de su asesinato: “Íbamos a casa de su abuela cuando fuimos abordados por varias personas encapuchadas. Me ordenaron que le soltara la mano y me fuera. Yo me agarré a él y ellos me tiraron del brazo. Entonces lo mataron”.  Valmir Fonseca también se mostraba impactado tras identificar el cadáver de su ahijado Alex dos Santos Viana, de 20 años. “Me horroricé con los disparos, fueron más de 30 tiros”, comenta.

Amnistía Internacional se ha hecho eco del relato de los moradores en los barrios afectados que las entradas y salidas de las zonas donde ocurrieron los asesinatos fueron cerradas por vehículos oficiales de la policía militar. Así mismo también advierte en su comunicado de que “existen sospechas de que el número de víctimas pueda ser mayor que las reconocidas oficialmente por el gobierno del estado hasta el momento”. Por todo ello, la organización defensora de los derechos humanos reclamaba que “siga este caso y que las autoridades del gobierno de Pará tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad inmediata de los residentes en los barrios donde ocurrieron las muertes”. Igualmente Amnistía también pide que se investigue la muerte del policía que, aparentemente, dio origen a la matanza.

El secretario de Seguridad Pública de Pará, Luiz Fernandes, aseguró en rueda de prensa que la protección de los vecinos está garantizada y que los batallones de la policía habían sido reforzados. En cualquier caso, el responsable policial calificó de “irresponsables” algunas informaciones que circulaban por las redes sociales y rechazó que existiera una “matanza deliberada”.

También el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados en Pará, Luana Tomás, alertaba sobre el peligro que representan algunos rumores recogidos por las redes sociales. De hecho, el clima de miedo que se vive en la ciudad tras estos hechos llevó a muchos estudiantes de la Universidad Federal a ausentarse de las clases, especialmente en los turnos de tarde y noche, por temor a que se produzcan nuevos actos de violencia en las inmediaciones de los campus, según señalaba el Diario de Pará.

En cualquier caso, el letrado adelanto que la comisión se desplazó a los barrios afectados para recoger testimonios y reconoció que además de las víctimas mortales también existen heridos cuyo número e identidad no ha sido revelado. Ahora su departamento está analizando los hechos así como diferentes fotografías y videos aportados por supuestos testigos de los crímenes.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de los abogados de Pará no ocultaba su preocupación por la escalada de violencia que existe en este estado en la desembocadura del Amazonas. “Recibimos innumerables informaciones de  implicaciones de la Policía Militar, de milicianos, tenemos innumerables denuncias sobre la situación de violencia en varios barrios de Belém y estamos preocupados porque hemos visto crecer esa violencia”, afirma Luana Tomás.

De hecho, este el estado de Pará presenta uno de los índices de muertes violentas más altos de todo Brasil. Según los datos del Sindicato de Policía Civil recogidos por el Diario de Pará, hasta el pasado mes de octubre el número de homicidios contabilizados en el estado se eleva a 3.234. Sin embargo, el problema no se reduce a esta región amazónica. Se estima que cada año mueren por causa de la violencia más de 50.000 personas en todo Brasil, mayoritariamente jóvenes, pobres y negros. Unos niveles de violencia que se ven agravados por la alta letalidad que presenta la policía en sus intervenciones. Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, se estima que cinco brasileños mueren cada día en operativos policiales. 

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