Miércoles 26.06.2019
PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS | ANA INéS LóPEZ

Inhabilitar a las calificadoras de riesgo

La demanda a las calificadoras de riesgo por parte del gobierno de Estados Unidos actualiza el debate sobre la “autoridad” de estas dudosas instituciones privadas.

La inhabilitación lisa y llana es lo que reclamó la semana pasada la presidenta argentina, Cristina Fernández, a través de su cuenta en twitter que tanto disgusto causa a los medios de comunicación corporativos, sencillamente porque los salta y establece una comunicación directa, sin que puedan “editar” sus palabras fuera de contexto, como suelen hacer. Los mismos medios que blanden, como carta de triunfo, las malas notas que las calificadoras de riesgo ponen al país, sin importarles ni la pertinencia ni las consecuencias que tienen para los pueblos de los que se auto-designan voceros. Y cuyos mensajes levantan y repiten otros, hasta el infinito.

Después de repasar el daño que hicieron y continúan haciendo a Argentina y pensando “en los millones de ciudadanos de USA y Europa que han perdido sus casas, sus empleos o, peor aún, ambos a la vez. No tiene precio, es la tragedia de las sociedades contemporáneas”, Cristina Fernández se pregunta: “¿Qué más entonces? La inhabilitación para actuar como calificadoras debería ser la verdadera y más efectiva sanción”. Y ya puesta, avanza: “¿Y el FMI dónde está?”.

El disparador inmediato

En la primera semana de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con seis estados de ese país y el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, inició una demanda civil por fraude a la empresa calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P). La acusan de “inflar deliberadamente calificaciones de crédito” para los bonos hipotecarios conocidos como CDO (Collateralized Debt Obligations, obligaciones de deuda secundaria) con el fin de beneficiarse , causando unos 5.000 millones de dólares (unos 3.800 millones de euros) en pérdidas.

Los títulos a los que se refiere la demanda fueron colocados entre 2004 y 2007, en los años previos a la crisis en la que colapsaron los bonos vinculados con cédulas hipotecarias. “Esta conducta es indignante y está en el centro de la crisis financiera”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, al realizar la presentación ante los juzgados. La causa se centrará entre marzo y octubre de 2007, el último tramo de la burbuja inmobiliaria, cuando “casi todas las CDO respaldadas por una hipoteca única y calificadas por S&P no solo dieron un pobre rendimiento, sino que fracasaron”, añadió Holder.

A esta demanda se le sumó el conocimiento de la investigación impulsada por el fiscal federal de Nueva York, Eric Schneiderman, sobre la actuación reciente de las tres principales calificadoras de riesgo: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch.

El objetivo de esta indagación es establecer si las calificadoras cumplieron un acuerdo establecido con el fiscal anterior – Andrew Cuomo, actual gobernador del estado de Nueva York- , en 2008, por el que se comprometieron a modificar los mecanismos para valuar y calificar los préstamos hipotecarios residenciales y difundir los criterios de evaluación. A cambio, Cuomo se comprometió a no avanzar en las investigaciones sobre el papel que jugaron en la crisis financiera internacional ni impulsar acciones legales contra las compañías por este motivo. El acuerdo venció en 2011, con escasos avances por parte de las empresas y Schneiderman activó la pesquisa.

Por supuesto, las calificadoras niegan cualquier responsabilidad respecto a la crisis. En un comunicado, S&P sostuvo: “Afirmar que mantuvimos las notas altas cuando sabíamos que debían ser más bajas no es verdad. Vamos a defendernos vigorosamente. En todo momento nuestros ratings reflejaron nuestros mejores análisis. Desafortunadamente, S&P, como todas las otras empresas, no predijo la velocidad y profundidad de la crisis”.

El único antecedente judicial en la materia es la sentencia del Tribunal Federal de Sidney (Australia) que, el 5 de noviembre de 2012, condenó a S&P como culpable de desencadenar el colapso financiero de 2008 en el país causando, con la calificación “engañosa” de productos financieros, pérdidas ingentes a 12 municipios. La condena obliga a la calificadora, junto con el banco de inversiones holandés ABN- AMRO y la empresa Servicios Financieros a pagar a los demandantes 31 millones de dólares (24,2 millones de euros).

El mercado de las hipotecas subprime o “basura”

Recordemos: la compleja ingeniería de los bonos hipotecarios fue diseñada por diversos bancos de inversión que contrataron a las agencias de calificación para que emitiesen valoraciones sobre la calidad y solvencia de esos paquetes financieros. Es decir, quienes pagaban a las calificadoras eran los mismos que generaban el producto y, lógicamente, querían notas altas, muy altas. El cliente manda.

Los CDO se armaban a partir de las hipotecas que se hacían sobre la venta de propiedades a crédito (por el ciento por ciento del valor) que muchas veces adquirían compradores con ninguna o muy débil capacidad de pago de las cuotas; en otros casos, se trataba de ahorristas que especulaban con la valorización de la casa, confiando en que el encarecimiento de la vivienda de la década anterior continuaría indefinidamente.

Por su parte, las entidades financieras informales captaban la mayor cantidad posible de ventas hipotecadas, las juntaban y las vendían a bancos que les pagaban con el dinero con el que financiaban las compras de propiedades. Con esas hipotecas los bancos armaban el “paquete” de fondos de inversión o CDO, que recibían la calificación de inversiones confiables por parte de las agencias, lo que subía su precio en el mercado. Si el primero de la cadena fallaba (el comprador de la vivienda), el problema había sido transferido al último eslabón, el ahorrista que había comprado el CDO. Todos los del medio (entidades financieras, bancos y agencias de calificación) habían sacado ya su tajada y transferido la posibilidad de pérdidas.

En la demanda presentada por el gobierno estadounidense se puede leer, entre otras, la siguiente afirmación: “Lo que S&P pretendió fue asegurarse un buen margen de negocio, beneficios e ingresos, y eso la llevó a tomar bonos que sabía que eran de plomo y decirle al mundo, a través de sus calificaciones, que eran de oro.

Pero, ¿qué son las calificadoras de riesgo?

En teoría, las agencias de calificación de riesgos, agencias de calificación de créditos, agencias de rating o agencias de calificación, a secas, son empresas que, a pedido de un cliente, califican unos determinados productos financieros o activos, ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales.

En sus orígenes, a mediados del siglo XIX y fundamentalmente principios del XX, estas agencias trabajaban para suscriptores y sus informes eran confidenciales. Los clientes eran inversores que querían disponer de buena información antes de decidir dónde poner su dinero. Hoy día, las pequeñas todavía mantienen este modelo.

A partir de los años 40 del siglo pasado, comenzaron a producirse fusiones y compras que cambiaron completamente el mapa de las agencias calificadoras. Y en la década de los setenta, con el despegue de la globalización financiera, las grandes empresas cambiaron su modelo de negocios, basándolo no ya en los inversores sino en los emisores de créditos y de deuda: cuando una empresa, banco, gobierno quiere emitir deuda o solicitar financiación, una de estas agencias la evalúa para que los inversores y prestatarios tengan una orientación para fijar el tipo de interés al que concederían la financiación. Actualmente, las agencias califican incluso emisiones de deuda sin que medie una solicitud por parte del emisor.

Si se tiene en cuenta de que hoy día existen algo más de 150 agencias calificadoras en el mundo pero que cerca del 95% del mercado está controlado por tres grandes compañías neoyorquinas (S&P, Moody’s y Fitch – Fitch Rating), está claro que se trata de un oligopolio: S&P y Moody’s ostentan aproximadamente un 40%, mientras la participación de Fitch sería del 15%.

Pero si tomamos en consideración quiénes son los dueños de estas empresas, se trata, sin lugar a dudas, de un monopolio.

Específicamente, estas agencias de evaluación de los productos financieros (en inglés Credit Rating Agencies) “en teoría, valoran tales productos –como los bonos públicos de los Estados- y dicen a las instituciones financieras si vale la pena invertir en ellos o no. Cuando una de tales agencias valoran negativamente los bonos públicos de un Estado, éste tiene que aumentar los intereses de tales bonos a fin de hacerlos más atractivos para las instituciones financieras. Es lo que se llama “recuperar la confianza de los mercados”(2).

Vicenç Navarro señala que, lejos de cualquier supuesta objetividad, estas agencias “son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguros u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras.”

Si en 2001 con el caso ENROM ya habían puesto en entredicho su capacidad para evaluar correctamente, en la génesis de la crisis financiera actual fueron actores plenos en el diseño de los instrumentos “basura”.

Un ex vicepresidente de Moody’s, Mark Froeba, declaró el año pasado ante la Comisión Federal de Estados Unidos que investiga las causas de la crisis financiera que lo más importante para esa agencia no era la objetividad en sus calificaciones de los productos financieros sino la satisfacción de los clientes que encargaban dichos estudios(3). A confesión de parte, relevo de pruebas.

Ya (o recién) en 2008, un estudio del Banco Mundial sobre “El derrumbe de la securitización estructural de 2007”, indicaba que “las agencias enfrentan un incentivo a sobreestimar la calidad del título de manera de construir una buena relación con el cliente” y advertía que “los honorarios influeyen demasiado las calificaciones”(4).

En 2010, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió que “es reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos. Pero no fue así; fue, en gran medida, el resultado de un sistema corrupto. Y las agencias de rating fueron una parte grande de esa corrupción” (5).

La mano invisibilizada de las calificadoras

Lo que indigna y entristece es ver que para juzgar a países periféricos se tiende a dar por buenas las calificaciones de estas agencias, sin mayores cuestionamientos. Mientras no está afectada directamente la propia región, son pocos los políticos, investigadores y periodistas que se plantean la legitimidad y pertinencia de estas instituciones; y, además, tienen muy escasas posibilidades de dar a conocer su pensamiento a través de los medios de comunicación corporativos.

Me recuerda a un joven académico que estaba estudiando los impactos del SIDA en las sociedades contemporáneas y situaba su aparición en el momento que surgió en los Estados Unidos y pasó a Europa. Al preguntarle qué pasaba con África respondió, con un eurocentrismo sin pudor: ah, no, eso es la prehistoria del sida.


Agustin D’Attellis (2013): “Defraudó, engañó y participó…”
Vicenç Navarro (2012): ¿Quién define la confianza de los mercados financieros?
John Ryan (2012): “Do we need Credit Rating Agencies?”
Banco Mundial (2008): “The 2007 Meltdown in Structured Securitization”
Paul Krugman (2010): “Berating the Raters”

Inhabilitar a las calificadoras de riesgo