sábado 23/10/21
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Se hunde la credibilidad de las instituciones en Brasil

Con la detención del tesorero del PT, se complica cada vez más la situación de Dilma Rousseff.

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@jgonzalezok / Las imágenes de la detención del tesorero del PT, João Vaccari Neto, esposado y sin su inseparable mochila, vuelven a golpear a la presidenta, Dilma Rousseff, que siente cómo cada vez está más cerca de verse involucrada personalmente en el escándalo. El caso de Petrobrás está teniendo consecuencias sobre su popularidad, ahora en cotas mínimas 13 %), y también sobre las instituciones.

El impacto de la detención de Vaccari Neto –hombre de confianza de Lula, pero no de Dilma-, golpea al PT, que lo defendió sin fisuras hasta el último momento. La credibilidad del ya ex tesorero se vio seriamente comprometida, además, cuando la justicia también involucró en el esquema de corrupción a su esposa, su hija, se hermana y su cuñada.

La credibilidad en las instituciones del país está cayendo en picado, con la propia presidente sospechada y numerosos parlamentarios investigados. Solo la justicia mantiene un alto grado de consideración.

El Supremo Tribunal Federal autorizó el pasado mes de marzo a abrir investigaciones sobre 48 políticos, la mayoría del PT y del PMDB, su aliado en el gobierno, y al que pertenecen el vicepresidente y los presidentes de las dos cámaras del parlamento. Todos los investigados tienen fueros parlamentarios, por lo que su eventual juzgamiento  tendría que atravesar dificultades extra, ya que deben ser juzgados por la Corte Suprema.

La detención de Vaccari Neto supone para el PT la pérdida de uno de sus hombres fundamentales, y es el segundo tesorero que cae por motivos de corrupción. Su antecesor, Delubio Soares, fue condenado hace dos años por el llamado mensalão, otro escándalo de 2005, por sobornos a legisladores de la oposición.  

Como decía gráficamente un editorial del diario O Estado de São Paulo, la prisión de Vaccari Neto “fue solo una espina más en la corona que el escándalo de Petrobrás representa para el PT y para el gobierno”.

Tras dos imponentes movilizaciones contra el gobierno, el 15 de marzo y el 12 de abril, una nueva marcha pretende ahora unir São Paulo con Brasilia –más de 1.000 kilómetros-, con llegada prevista para el próximo 20 de mayo. Grupos ciudadanos, como Movimiento Brasil Libre, Vem para Rua y Revoltados Online, están promoviendo estas manifestaciones y el juicio político para Dilma Rousseff. La estrategia ahora es dejar las movilizaciones en las calles y presionar al Congreso.

El principal partido de la oposición, el PSDB, que había descartado hasta ahora esta última posibilidad, decidió unir fuerzas con otros partidos, como DEM, PPS, Partido Verde y el SDD, para impulsar el impeachment de Dilma Rousseff. Se estudian las alternativas jurídicas que pueden servir como base para una acusación contra la presidente.

Una encuesta reciente de Datafolha señala que seis de cada diez consultados repudian al gobierno y que el 63 % está a favor del impeachment de Dilma. El enjuiciamiento presidencial está previsto en el artículo 85 de la constitución. Dos tercios de la Cámara de Diputados debe estar de acuerdo en que hay bases jurídicas para proceder al impeachment, siendo el Senado la Cámara que procede al juicio.

El ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, señaló que existe una desesperación compulsiva de la oposición para encontrar algo que justifique el enjuiciamiento de la presidente. Y calificó de patético el intento, mencionando directamente a Aécio Neves, el líder del PSDB.

Desde el año 2003, el esquema de corrupción de Petrobrás habría movilizado 4.000 millones de dólares. Es el dinero que unas 230 empresas, entre ellas las principales constructoras del país –y algunas empresas extranjeras- habrían dado como propina, nombre que en portugués designa al cohecho, a cambio de contratos sobrefacturados. Este dinero, aproximadamente un 3 % de los contratos, sirvió para engordar los bolsillos de algunos políticos y para financiar al PT y partidos aliados. Esto hace suponer que las tres últimas elecciones presidenciales, la segunda de Lula y las dos de Dilma, fueron financiadas ilegalmente.

Otra denuncia apuntó contra la Controlaría General de la Unión, que habría esperado a que pasara la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales para actuar ante la denuncia de un ejecutivo de la empresa holandesa SBM Offshore, que admitió que dicha empresa pagó 31 millones de dólares a un intermediario en concepto de soborno para tener un contrato con Petrobrás.

Pero las ramificaciones del escándalo alcanzan otras instituciones. La estatal Caixa Económica Federal y el ministerio de Salud, habrían inflado sus contratos de publicidad, para pagar sobornos. Y el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), el mayor banco público de fomento del país, que habría hecho préstamos sospechosos a empresas investigadas en el escándalo Petrobrás.   

La crisis política tiene también serias implicaciones en la relación del gobierno con el Congreso. Se ha resquebrajado el vínculo entre el PT y su principal aliado, el PMDB, lo que hace más difícil para el gobierno el necesario apoyo parlamentario para la aprobación de las medidas económicas de ajuste con las que pretende salir de la crisis y el estancamiento. 

Se hunde la credibilidad de las instituciones en Brasil
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