viernes. 29.03.2024
hebe

@jgonzalezok | Durante varias horas, la histórica dirigente de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, estuvo técnicamente prófuga y con pedido de captura, por su negativa a volver a declarar ante un juez que investiga presuntos desvíos millonarios en el programa Sueños Compartidos, destinado a la construcción de viviendas populares. Un programa coordinado por las Madres y que se interrumpió en 2011 al desatarse el escándalo. El Estado entregó para el mismo 748 millones de pesos, pero 206 millones desaparecieron en el camino y fueron desviados.

Hebe de Bonafini, de 87 años, había desconocido dos veces seguidas la convocatoria del juez Marcelo Martínez de Giorgi, haciendo declaraciones en las que descalificaba en general a la justicia argentina. El magistrado decidió entonces ordenar su detención para llevarla ante su presencia. Pero, finalmente, tras una negociación con sus abogados, se acordó levantar la orden de arresto, con el compromiso de que el juez le tomará declaración en la sede de las Madres.

La actitud de Bonafini recibió apoyos y condenas. Algunos dirigentes kirchneristas -incluyendo a Máximo Kirchner, el hijo de Néstor y Cristina-, estuvieron entre los primeros. Algunos diputados integraron la barrera humana que se interpuso frente a la policía cuando pretendió ingresar a la sede de las Madres, a metros del Congreso Nacional. Lo mismo sucedió cuando, poco después, Bonafini acudió a la Plaza de Mayo, como cada jueves, desde 1977.  

Pero también hubo críticas. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz 1980, secuestrado durante la dictadura, afirmó que Bonafini “tendría que haberse presentado, porque ante la ley somos todos iguales”. Y condenó la corrupción “provenga de quien provenga”. Añadió, eso sí, que el juez debería haber evitado esta situación, tomándole la declaración en el domicilio de Bonafini.  

El presidente, Mauricio Macri, que viajó a Río de Janeiro para la inauguración de los Juegos Olímpicos, declaró desde Brasil que la señora de Bonafini debía someterse a la justicia y aportar su testimonio para colaborar en la investigación. Su vicepresidente, Gabriela Michetti, afirmó que Bonafini “está manipulando a una de las instituciones más sensibles que son las Madres de la Plaza de Mayo (…) La señora de Bonafini está sospechada de formar parte de un grupo de personas que terminó haciendo hechos ilícitos, de corrupción. Ella tiene que aprovechar esa instancia para defenderse”.

La señora Bonafini no está personalmente acusada en el caso, pero su firma aparece en muchos documentos y el juez necesita precisiones. Los principales inculpados en el caso son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, dos parricidas que trabajaban en la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo como apoderados. El juez considera que ambos “actuaron en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la secretaría de Obras Públicas”. Pero también señala a “otros empleados infieles de la fundación, así como terceras personas y empresas que fueron usadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.

Entre los funcionarios involucrados está José López, que fuera subsecretario de Obras Públicas, sorprendido recientemente cuando intentaba ocultar más de 9 millones de dólares en un convento. Y está seriamente sospechado el ex titular del ministerio de Planificación, Julio De Vido.     

En los últimos años Hebe de Bonafini ha perdido todo el inmenso capital moral y simbólico que acumuló como cabeza visible de las Madres de la Plaza de Mayo, que plantó cara a los generales genocidas de la dictadura (1976-1983). Su lucha por la aparición de los miles de desaparecidos durante esos años y por el castigo a los culpables despertó simpatías y solidaridad en todo el mundo. Pero su radicalización y opiniones tan controvertidas como el apoyo a ETA o la celebración de los atentados del 11-S, la fueron aislando. De hecho, gran parte de los fondos que recibía de numerosas Organizaciones No Gubernamentales fueron siendo paulatinamente canceladas.

La llegada de los Kirchner al poder suplió, sin embargo, estos apoyos económicos. La pareja presidencial, que al comienzo necesitaba ganar legitimidad, después de que en las elecciones solo consiguiera el 22 %, se alió con organismos defensores de los derechos humanos y ciertos sectores de la izquierda.

El gobierno kirchnerista les dio a las Madres de la Plaza de Mayo subvenciones, una radio y una universidad. Y les entregó 765 millones de pesos para financiar el programa Sueños Compartidos, para construir casas populares, con la idea de retomar los ideales de sus hijos desaparecidos.

Entre sus controvertidas actuaciones, en el año 2000 echó violentamente a inspectores de Hacienda que trataban de investigar las cuentas de la asociación. Los persiguió con una escoba y declaró que ella no pagaba impuestos, justificándolo así: “No lo hago porque se los gastan para las campañas políticas, lo usan para mantener a sus amantes, para sus casas y sus barcos y después alegan que heredaron todo de la abuela. No solo no los pago, sino que envié varias cartas a los responsables de cobrarlos para explicar que no voy a aportar el dinero con el que se compran las balas para matarnos”.

Bonafini asumió como propia la idea de la superioridad moral de las víctimas para colocarse por encima de la ley. Promovió parodias de juicios públicos contra los miembros de la Corte Suprema y contra periodistas, algunos de los cuales –como Magdalena Ruiz Guiñazú- se jugaron la vida entrevistándola cuando la dictadura estaba aún en el poder.

Pero la actitud más incomprensible fue su defensa del jefe del Ejército en el segundo gobierno de Cristina Fernández, el general César Milani, investigado por la desaparición en 1976 de un soldado durante la dictadura. 

Hebe de Bonafini estuvo prófuga de la Justicia argentina