martes 15.10.2019
ARGENTINA

¿Han oído hablar de política de rentas?

Junto a la profunda brecha de desigualdad representada por la inaceptable dimensión de la pobreza y la pobreza extrema, pueden encontrar en la política de rentas el escenario apropiado para lograr algunos objetivos importantes.

¿Han oído hablar de política de rentas?

En el artículo publicado y que sirve de referencia para las presentes notas, se pretendía hacer un llamado de atención sobre la conveniencia, dada la situación socio-económica y política argentina, de pensar en recurrir a los instrumentos de la política de rentas (PR) como alternativa a las fórmulas que tradicionalmente se han utilizado para enfrentar a la inflación y al desempleo.

Ambos, junto a la profunda brecha de desigualdad representada por la inaceptable dimensión de la pobreza y la pobreza extrema, pueden encontrar en la PR el escenario apropiado para lograr algunos objetivos importantes: hacer consciente en el conjunto de la sociedad que son problemas de todos, que la solución es responsabilidad compartida, que los instrumentos y medidas a poner en marcha deben surgir de un amplio consenso político y social y que debe procurarse la máxima coherencia de las diferentes iniciativas con la consecución de los objetivos planteados.

1. Materias principales de la PR

Aunque se peque de simplificación podrían señalarse tres problemas, necesariamente interrelacionados, objeto de una PR, cuya relevancia dependerá de la situación concreta  en que se pretenda actuar: inflación, desempleo y distribución de la renta.

Entiendo que la inflación, en la actual situación de Argentina, es el problema central  de cualquier PR:

- Mina los salarios reales, incrementa la tasa de explotación y empuja hacia el círculo vicioso precios-salarios-precios.

- Genera descontento social y perjudica a los más débiles.

- Introduce incertidumbre y hace caer la inversión privada productiva.

- Desacredita a la moneda nacional, convierte el tipo de cambio en la palanca de la política monetaria y propicia la evasión de capital al exterior.

- Aumenta la presión sobre el gasto público y el déficit.

2. Protagonistas principales de la PR

La estructura institucional del país, el mapa de fuerzas políticas y la estructura y peso de las organizaciones empresariales y sindicales, así como las formas de las relaciones industriales, especialmente de la negociación colectiva, y la influencia de la economía internacional, deben ser tenidas en cuenta para definir los actores, fijar los objetivos y diseñar la estructura y dinámica de la puesta en marcha de una PR creíble y efectiva.

Gobiernos – Principales Centrales Sindicales - Grandes Organizaciones Empresariales – Partidos Políticos, deben centralizar un proceso de Negociación Tripartita.

Gobierno Nacional

No es arbitro, pero tampoco puede asumir una posición de neutralidad. Debe tomar la iniciativa y mantenerla durante todo el proceso de negociación, poniendo sobre la mesa los datos reales de la situación y los objetivos  que se pretende alcanzar.

En tal sentido, la fijación del IPC previsto a futuro (uno, dos o tres años según se crea conveniente) es un compromiso a priori del gobierno que no admite discusión y  que será tomado en cuenta para el resto de materias como referencia principal. El IPC previsto adquiere un valor simbólico y práctico de primer  orden: concreta en una cifra la orientación de todos los esfuerzos que el conjunto de la nación realiza y permite valorar el logro o no del objetivo asumido y sus causas.

Gobiernos Provinciales

Una de las dificultades institucionales y políticas para una PR coherente, radica en la dinámica clientelar  existente en buena parte de las Provincias que utilizan el empleo público como casi única política de empleo y de cobertura del desempleo.

Dada la estructura federal de la República, el Gobierno Nacional no puede controlar las decisiones de los Gobiernos Provinciales en déficit público, incrementos salariales en el sector público y, en cierto modo, en políticas de empleo y subsidios.

Ante la inexistencia de un verdadero sistema de financiación federal con claras pautas de reparto de los ingresos federales y la formación de un fondo de solidaridad interterritorial con aportaciones provinciales y nacionales para avanzar en un sendero de convergencia, este podría constituirse en uno de los temas a concertar en una Mesa de Negociación Intergubernamental que permitiese llevar un proyecto de ley a las cámaras para su tramitación.

Por último, es necesario llevar a dicha mesa, criterios de racionalización y mejora de gestión de políticas de empleo y acciones asistenciales paliativos de la pobreza y de la marginalidad.

Interlocutores Sociales

Es necesario tener en cuenta cierta complejidad del escenario.

Organizaciones Sindicales

En primer lugar hay una importante dispersión sindical con tres nucleamientos (Centrales Sindicales) principales que responden a diferentes alineamientos ideológicos y políticos más que a diferentes concepciones de  estrategia  sindical. Por otra parte, los trabajadores del sector privado tienen lógicas diferenciadas respecto a los del sector público, al tiempo que su peso no es homogéneo en los tres nucleamientos.

Es previsible que, en una primera etapa, difícilmente las tres Centrales estén dispuestas a compartir mesa con empresarios y gobierno para negociar una PR. Incluso alguna pondrá reparos a sentarse con otra organización “hermana”. De  todos modos lo decisivo es comenzar el proceso aunque sea con una sola organización y confiar en que las restantes se irán sumando a partir de que la PR vaya ofreciendo resultados tangibles para su organización, sus afiliados y los sectores más castigados de la sociedad.

Organizaciones Empresariales

Aquí también prima la dispersión sectorial (el proyecto de CGE nunca prosperó) existiendo una relativa agrupación por grandes áreas: industria, comercio, agraria, construcción, etc. Todas tienen una larga experiencia de negociación con el Estado y de influencia en el diseño de políticas gubernamentales en defensa de sus intereses. No será difícil lograr una representación sustantiva de los mismos.

La práctica de la negociación colectiva, en Argentina, no ha logrado, a lo largo del tiempo, acceder a la normalidad sustentada en la libertad sindical plena y el libre reconocimiento de las partes en la negociación colectiva. Por otra parte la negociación salarial, cuando se ha llevado a cabo, se ha basado en el IPC pasado que alimenta la espiral inflacionaria. Por último, la propia estructura de las Centrales y de la negociación colectiva con el sesgo de empresa y  provincial, produce un fenómeno de deslizamiento que puede limitar la eficacia de la PR que requiere, como podemos ver, de un alto grado de centralización. Que, para superar las limitaciones ofrecidas por la realidad, debe ir acompañada de una articulación de ámbitos inferiores institucionales, sectoriales y territoriales.

Partidos Políticos

La participación de las Fuerzas Políticas en los diferentes niveles de gobierno y  cámaras legislativas, así como la propia dinámica de la competencia política, otorga una decisiva importancia a la búsqueda y logro de ciertos grados de acuerdo, al menos, entre las organizaciones mayoritarias. El logro de un acuerdo explícito sobre las líneas generales de la política propuesta, otorga a esta un grado de legitimidad y confianza invalorable. En cualquier caso, el gobierno debería formular su propuesta y abordar la discusión pública para que el conjunto de la ciudadanía pueda comprender la importancia de emprender las acciones necesarias y adecuadas a la gravedad de la situación. La búsqueda y logro de acuerdos parciales en el tratamiento parlamentario de muchas de las decisiones es inevitable.

En definitiva, se trata de un gran consenso social y no meramente de un conjunto de mesas de negociación o medidas unilaterales gubernamentales.

3. Eje central de la PR

Más allá de las discusiones académicas acerca de las políticas de rentas reales o nominales, estas fijan como objetivos centrales moderar los salarios reales con vistas a reducir los costos unitarios, mejorar la rentabilidad y la competitividad exterior y reducir la tasa de inflación y el desempleo.

Por ello la necesidad de fijar un IPC previsto sensiblemente inferior a la tasa de inflación pasada y lograr acuerdo sobre un % de incremento salarial nominal no superior al IPC previsto.

En los sectores sujetos a la competencia internacional y no protegidos, puede articularse la negociación de complementos variables sujetos a las mejoras de productividad, integrados en el concepto de incremento de masa salarial homogénea, para evitar deslizamientos que supongan una superación del incremento referencial pactado. La evolución a la baja de los precios en los mercados internacionales, tanto de productos de exportación como de importación, favorece la disposición de empresarios y trabajadores en ese sentido.

Los sectores privados no sujetos a competencia exterior, tienden a seguir las pautas de los sujetos a competencia y es importante propiciar cambios en las estructuras retributivas bajo el paraguas del concepto masa salarial homogeneizada, que da garantías de mantenimiento de la retribución global aunque desaparezcan unos conceptos en beneficio de otros más adecuados a las nuevas formas de organización del trabajo, condiciones técnicas de la producción, etc.

En el sector público no empresarial, especialmente en la fase inicial de puesta en marcha de la PR, no se debería seguir la misma pauta de incremento salarial que en el sector privado. Por una parte, debe ajustarse a la disciplina presupuestaria del Estado, teniendo en cuenta el peso del empleo público y su costo, que fuerzan a la fijación o negociación – según el caso – de incrementos inferiores. La estabilidad en el empleo y otras ventajas no salariales deberían compensar esta discriminación, especialmente en la primera fase de aplicación de la PR.

La pauta de incremento  salarial en el sector público de las provincias es un aspecto que debe ser resuelto, en coherencia con los resultados de la negociación  o fijación en el sector público nacional (más adelante se desarrolla). A nadie se le oculta que mientras a nivel nacional las estimaciones arrojan un porcentaje del 27% de empleo público sobre el empleo total, hay provincias en que el porcentaje oscila entre el 30% y el 41%. Por otra parte, así como a nivel nacional y en algunas provincias prima la negociación colectiva en materia salarial, en otras es facultad gubernativa avalada por los presupuestos provinciales.  Otra materia objeto de negociación intergubernamental.

4. Compensaciones y acciones complementarias de la PR

Dada la centralidad de la fijación de un IPC previsto y un incremento salarial derivado de aquel, que supone una pérdida de salario real, los sindicatos necesitan obtener compensaciones que les permitan mantener la disciplina de sus bases y el prestigio como defensores y garantes de los intereses de los trabajadores.

La patronal trae a la mesa de negociación reclamaciones tradicionales que complementen la ganancia por la disminución del salario real con la baja de cargas sociales e impuestos.

Por otra parte, la PR requiere la conjunción de diversas políticas gubernamentales que la complementan y le otorgan verosimilitud y garantía de realización.

Demos una mirada a estos aspectos.

Indiciación de los salarios

Dada la fijación del incremento salarial con referencia al IPC previsto, la existencia de una cláusula de revisión, en caso de desviación del IPC real sobre el IPC previsto, daría seguridad a los negociadores sindicales y obligaría al Gobierno y la patronal a hacer un mayor esfuerzo en sus respectivos ámbitos para la fijación del IPC previsto y el incremento salarial pactado, así como para lograr el cumplimiento de los objetivos previstos.

La clausula de revisión puede compensar toda o parte de la desviación ocurrida. También puede integrar el salario individual de cada trabajador o destinarse a fines que beneficien al conjunto de los asalariados, por ejemplo; engrosar la tesorería  del sistema público jubilatorio u otro tipo de servicios sociales.

La actual evolución de los precios internacionales a la baja, es favorable a la puesta en marcha de una PR; lo contrario ocurriría en una fase de alzas que impactaría directa o indirectamente en los costos laborales y los precios.

Deslizamiento salariales

Los trabajadores, en mayor medida si hay competencia entre Centrales que negocian o no la PR, tratan de conseguir mejoras salariales en los niveles inferiores de negociación colectiva. Si no se controla esta deriva se debilita la eficacia de la PR y puede hacerla fracasar.

La fijación del porcentaje de actualización no sobre las tarifas salariales sino sobre la masa salarial bruta homogeneizada de la empresa o grupos de trabajadores es la vía para superar el riesgo descripto.

Codecisión, participación en beneficios y el capital, etc.

Para facilitar la negociación, la propia eficacia de lo acordado y el éxito de la PR, es importante aprovechar la ocasión para avanzar en la modernización de las formas de organización del trabajo y participación de los trabajadores en la vida de las empresas.

Ampliar el ámbito de actuación de los comités o comisiones internas a nivel de centro, empresa y grupo de empresas, con mayor acceso a la información, en materia de condiciones de trabajo, innovación tecnológica, aumento de la productividad, seguridad e higiene, movilidad funcional, empleo, absentismo, etc. Consulta previa en decisiones sobre inversiones, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, empleo, etc.

Participación de los trabajadores en los beneficios y en los directorios o consejos departamentales con voz y voto en las decisiones. La participación en beneficios puede asumir la forma de un porcentaje para crear un fondo, de gestión paritaria, en beneficio de los trabajadores y familias en el plano educativo, formativo, cultural, deportivo, etc.

Los temas aquí mencionados, como otros relacionados al modelo de relaciones laborales merecería su tratamiento en una mesa bipartita patronales-sindicatos a nivel nacional.

Compensación vía fiscal, salario mínimo, empleo, prestaciones sociales, etc.

Entiendo que los anuncios de reforma del sistema impositivo actual, tienen visos de realidad y voy a suponer que el impuesto a las ganancias de las personas físicas incluirá las rentas salariales y a todos los perceptores de las mismas, al tiempo que tendrá una clara progresividad y la fijación de un mínimo no imponible razonable.

Así las cosas se puede pensar en las compensaciones que dicho impuesto ofrecería a los trabajadores con salarios medios y altos. Estos serían conscientes del juego entre Renta Real Bruta y Renta Real Disponible (después de impuesto), ya que al disminuir la primera y descender a un escalón inferior de la tabla podría ver compensada la pérdida, en parte,  porque la disminución de la Renta Real Disponible no sería proporcional a la disminución de la Renta Real Bruta.

Este tipo de situaciones pueden generar diferencias importantes entre los trabajadores de menos ingresos y los de nivel medio y alto, ya que aquellos que están por debajo del mínimo no imponible o en los escalones más bajos de la tabla no tienen ninguna o apenas mínima compensación.

Lo mismo ocurre cuando hay subidas de la tasa del IVA que afecta en mayor medida a las personas de bajos recursos.

Los trabajadores de bajos salarios, en estos casos, ejercen una fuerte presión sobre los negociadores sindicales que, generalmente, concentran buena parte de su esfuerzo en una subida generosa del Salario Mínimo Interprofesional. Al Gobierno y la patronal compete el definir el nivel razonable del SMI que sea aceptado por los trabajadores y no merme las aspiraciones de la PR.

Me temo que en las actuales condiciones de Argentina, la patronal tendrá que esperar a tiempos mejores para plantear sus reivindicaciones en materia fiscal y de contribuciones sociales.

Por otra parte, dado el hiperdesarrollo de subvenciones, ayudas asistenciales, pensiones graciables, etc. de clara orientación clientelar, junto a una dispersión de las políticas de formación profesional, de empleo y cobertura al desempleo, que conforman una buena parte de las compensaciones acostumbradas en las negociaciones de PR, entiendo que lo razonable sería llevar a la mesa tripartita y luego a la intergubernamental, propuestas integrales de racionalización.

Las PR se diseñaron para sustituir las políticas deflacionarias y monetaristas que entendían que en una situación de tipos de cambios flexibles, el Banco Central controlaría la oferta monetaria y el nivel de precios, dejando los salarios reales y el empleo en manos de la negociación colectiva. Moderación salarial y deflación sería la fórmula mágica del monetarismo. ¿Cómo llevarla a cabo en la Argentina actual? ¿Imponiendo congelación de precios y salarios o pauta obligatoria de actualización de salarios? Porque lo de la negociación colectiva requeriría una gran debilidad sindical. ¿Están en condiciones el actual Gobierno y el Banco Central de llevarlo a cabo?

Reconocimiento institucional

Tanto las organizaciones empresariales como,  fundamentalmente, las organizaciones sindicales necesitan un reconocimiento público e institucional del esfuerzo y responsabilidad puestos de manifiesto en el proceso negociador.

Mientras mayor el tamaño de las organizaciones, mayor el grado de centralización de la negociación y mayor el número de organizaciones involucradas, mayor será el énfasis e importancia de la redistribución de rentas en juego.

Las compensaciones sirven para evitar o disminuir el grado de desafección de los afiliados y trabajadores en general que pudiera generarse.

Debe darse la máxima visibilidad posible a la Mesa de Negociación para que los negociadores sean percibidos como actores que al conseguir bienes públicos compensatorios, cumplen con un papel político decisivo en la formulación de las políticas económicas y sociales del Gobierno.

La definición y concreción de las medidas compensatorias pueden formar parte del Gran Acuerdo o dejarse en manos del Gobierno y el Parlamento. Sin embargo lo deseable sería que formasen parte de la negociación tripartita y sus acuerdos, pues ello empoderaría a la sociedad civil y simbolizaría el avance de la participación social en la definición de las políticas macroeconómicas y sociales que, anteriormente, quedaban exclusivamente en manos del poder político. Esto, por supuesto, no excluye la necesaria sanción normativa y legal correspondiente.

5. El valor del consenso

En un país cuya historia pasada y presente se ha distinguido por la falta de consenso, entre los grandes actores sociales y políticos, a la hora de buscar soluciones a los graves problemas económicos que periódicamente lo han azotado, intentar el camino del acuerdo para extirpar el cáncer de la inflación y restaurar el valor de la moneda, en sí mismo significaría un cambio cultural de incalculables consecuencias. De la mayor duración y profundidad del consenso depende el éxito de políticas como las que aquí se ha intentado sugerir.

¿Han oído hablar de política de rentas?
Comentarios