Las horas previas al 7 D, el día en el que el gobierno está dispuesto a avanzar en el desguace del grupo Clarín -aunque la justicia tiene aún que dictaminar sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios-, varias declaraciones de representantes del gobierno plantean una situación inédita en los 30 años desde que se recuperó la democracia argentina. Y plantean un conflicto de poderes entre el Congreso, que aprobó la ley, y la Justicia, que estudia las objeciones sobre la constitucionalidad de la norma, interpuestas por el Grupo Clarín.
Después de recusar por segunda vez a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial, que tiene en sus manos la causa, el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que si la justicia prorrogaba la cautelar que ampara al Grupo Clarín, “sería un alzamiento contra una ley de la nación y una burla a la voluntad popular”, creando un conflicto de fondo con el Legislativo. El ministro dio vuelta al argumento de Clarín diciendo que es el gobierno el que se ve afectado por denegación de justicia.
El diputado Carlos Kunkel, una de las primeras espadas del kirchnerismo, hizo declaraciones igualmente graves, acusando a “la corporación judicial (…) de intentar gestar un golpe institucional para romper la continuidad de la democracia en la Argentina”. Hasta ahora era usual que el gobierno tachara de destituyentes a cualquier sector que muestre su disconformidad con las políticas del gobierno, pero las declaraciones de las últimas horas afectan a un poder del Estado como es la Justicia, incluyendo a la Corte Suprema, en el caso de Kunkel.
Una Corte, por cierto, que se conformó en el primer gobierno de Néstor Kirchner y que todo el mundo, incluida la oposición, saludó por su independencia y profesionalismo. Sobre todo por la nefasta experiencia de la Corte anterior, diseñada por el gobierno de Menem (1989-1999), que fue la garantía para la impunidad de los funcionarios corruptos de dicho gobierno.
El diputado oficialista Marcelo Fuentes, dijo por su parte que “los sectores conservadores se abroquelan instintivamente y se ven tentados de reemplazar el partido militar por el partido judicial”. Ignorando la separación de poderes y el papel de la Corte como último intérprete de la ley, sostuvo que las sentencias “no resuelven cuestiones de gobierno, gobierna quien tiene el mandato popular y los votos”.
El grupo Clarín, por su parte, hizo público un comunicado que titula Las mentiras de Alak, en el que afirma que la razón por la que el ministro de Justicia “no quiere ninguna resolución, ni de fondo ni cautelar, antes del 7 de diciembre, es muy simple. Porque el gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia Ley de Medios.
En este sentido señala que la prueba más clara es la última resolución de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) que eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes, habilitando al Estado a confiscar no solo las licencias de los medios, sino también sus bienes. “La única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal”, dice también la nota del grupo mediático.
El diputado Ricardo Alfonsín (UCR) mostró su extrañeza por las declaraciones de Alak, de que la Justicia no puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes: “es la primera vez que escucho semejante cosa (…) No puedo creer que sea nada más y nada menos que el ministro de Justicia el que incurra en semejante desvarío institucional. En cualquier país serio se le pediría inmediatamente la renuncia”.
El diputado socialista y ex candidato presidencial, Hermes Binner, dijo que todo esto demuestra una falta de observación a la Constitución y la ley. Y que se da una situación de indefensión del pueblo argentino. Margarita Stolbizer, diputada del centroizquierdista GEN, señaló: “es una vergüenza tener un ministro de Justicia que desconoce la división de poderes”
La diputada Elisa Carrió, del Frente Cívico, anunció que promoverá un juicio político contra el ministro de Justicia, por violación del artículo 36 de la Constitución, “atentando contra el orden democrático con el objetivo de violar la separación de poderes, avasallar la Justicia e intimidar a los jueces para que fallen de acuerdo a los deseos de la Presidente”. Otros diputados de la oposición, incluyendo representantes del FAP (Frente Amplio Progresista) y la UCR (Unión Cívica Radical), que ya habían pedido el juicio político, ampliaron su denuncia, señalando que “buscó designar un funcionario que le responda al Poder Ejecutivo, utilizando maniobras extorsivas a fin de lograr las renuncias de los funcionarios que fuesen nombrados, lo cual podría consistir en la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Al mismo tiempo, Marcelo Stubrin, uno de los dos directores que le corresponde a la oposición dentro de la AFSCA –hay otro pero fue recusado por el gobierno-, denunció irregularidades en el funcionamiento del organismo encargado de la aplicación de la Ley de Medios. A pesar de que fue nombrado el pasado 22 de noviembre, aún no pudo participar en ninguna reunión del directorio, incluyendo dos trascendentales que cambiaron las reglas relativas a la adecuación de los medios que no cumplían con la ley y el texto que reglamenta las transferencias de oficio para quienes no hubieran presentado un plan de desinversión, estando obligados a ello.
Las declaraciones de las últimas horas de funcionarios cuestionando el papel de la justicia recuerdan los problemas del kirchnerismo cuando gobernaba Santa Cruz, la provincia natal de Néstor Kirchner. En aquél entonces (1991-2003), el gobernador removió al Procurador General de la provincia, Eduardo Sosa, cuando empezó a investigar acusaciones de corrupción contra funcionarios. Dos fallos de la Corte Suprema provincial le impusieron la restitución en su cargo, pero no acató ninguno de ellos.
Una delegación de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se encuentra en Buenos Aires para estudiar la situación. Según el jefe de la misma, el uruguayo Claudio Paolillo, su objetivo no es defender al Grupo Clarín, sino determinar si está en juego la libertad de expresión y de prensa en el país. El periodista uruguayo señaló que ni los parlamentarios oficialistas ni nadie del gobierno han dado respuesta positiva a su petición para conocer de primera mano su posición.
