@jgonzalezok | Después de casi tres años de apagón estadístico, el gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a publicar datos sobre pobreza e indigencia. Según el informe del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en el segundo trimestre de este año el 32,2 % de los argentinos era pobre y, de ellos, el 6,3 % estaban en la indigencia, es decir, sin ingresos suficientes para alimentarse. Estas cifras son aún peores al medir la pobreza infantil, donde surge que el 47,7 % de los niños son pobres, mientras que están en la misma situación el 38,6 % de los jóvenes de 15 a 29 años.
La cifra no sorprendió. Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica), había estimado que a fines del 2015 el número de pobres era del 29%, cifra que subió al 32,6 % en abril, lo que supuso 1,4 millones de nuevos pobres. Este importante aumento en el primer trimestre se explica por el rebrote inflacionario y el aumento en el número de desempleados. La oposición kirchnerista empezó inmediatamente a hablar de los pobres de Macri, sin hacerse cargo de los pobres que ocultaron en su gestión ni de la herencia y el desbarajuste económico que dejaron detrás.
Para el titular del Indec, Jorge Tudesca, “es indudable que esta masa de pobres e indigentes no se creó en estos meses”. También subrayó que hay falta de fuentes de trabajo, falta de cultura del trabajo y falta de capacitación para el trabajo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley dijo, por su parte, que “hay una pobreza estructural que viene de arrastre, de hace mucho tiempo y que no se ha revertido en estos años”.
Hace casi tres años, el gobierno de Cristina Fernández sostenía que el índice de pobreza era del 4,7%. A partir de ese momento se inició una disparatada polémica en la que llegó a sostenerse que Argentina tenía menos pobres que Alemania (sic). El ministro de Economía de entonces, Axel Kicilloff, llegó a justificar que Argentina dejase de publicar sus estadísticas de pobreza porque era “estigmatizante”.
Las estadísticas empezaron a ser manipuladas por el anterior gobierno cuando la inflación empezó a descontrolarse y las estadísticas sociales entraban en contradicción con el relato del gobierno. Su reacción fue arremeter contra quien sostuviera datos diferentes.
Fue el caso, por ejemplo, de los informes del Observatorio Social de la Deuda. Su responsable, el sociólogo Agustín Salvia, dijo al diario La Nación: “De 2007 a 2015 fuimos desconocidos por el gobierno (de Cristina Fernández). Fuimos negados como fuente confiable de información, acusados de tener debilidades metodológicas o intereses políticos”. También afirmó que en ese tiempo él y su equipo tuvieron amenazas telefónicas en sus domicilios particulares o amenazas institucionales a la Universidad para que suspendieran sus presentaciones.
Menos suerte tuvieron las consultoras privadas que empezaron a medir la inflación que, como media, eran el doble de los datos proporcionados por el Indec, una vez que fueron expulsados los principales técnicos del organismo. Varias de estas consultoras recibieron importantes multas, que después serían revocadas por la justicia. Incluso se actuó contra organizaciones en defensa de los consumidores y usuarios que denunciaban la falsedad de las estadísticas sobre precios.
Al dar a conocer estos nuevos datos sobre pobreza e indigencia, el presidente Macri convocó una conferencia de prensa en la que dijo: “Después de años de manipulación, hoy sabemos qué realidad nos golpea, porque uno de cada tres argentinos es pobre y es algo que nos duele y nos compromete a trabajar juntos (…) No habrá más manipulaciones, mentiras ni falta de respeto, como que nos digan que en Argentina hay menos pobres que en Alemania, como dijeron meses atrás”.
Uno de los lemas de la campaña electoral de Macri fue el de pobreza cero. El presidente admitió que era obvio que es un objetivo que no se alcanza en cuatro años y que lo que se hizo fue fijar un camino”. No hay duda de que las medidas de ajuste económico tomadas por el gobierno explican que la pobreza no solo no se haya reducido, sino que aumentó. Los aumentos de las tarifas públicas, en parte abortados por la justicia, pero que serán una realidad en breve, agravarán la situación de los sectores populares.
No obstante, desde el gobierno se destaca que las ayudas sociales han aumentado respecto del gobierno anterior. Es el caso, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa social estrella del anterior gobierno, que añadió un millón de nuevos beneficiarios. En esta línea está la decisión de pagar la actualización de jubilaciones, que miles de beneficiarios tenían denegados y empantanaban los juzgados; o la disminución de impuestos para las PYMES.
El gobierno había previsto que en el segundo semestre del año habría una recuperación económica, después de haber resuelto el tema de la deuda con los fondos buitre y levantar los distintos cepos que se habían establecido en la economía. Pero los frutos todavía no han llegado. Y las inversiones externas, que podrían dinamizar la economía, tardan en llegar.
Se acaba de anunciar un gran programa de inversión en obras públicas que pretende, entre otras cosas, llevar cloacas y agua corriente a la enorme masa de ciudadanos que todavía carecen de estas mínimas comodidades. Este plan tiene como objetivo no solo estimular la economía, sino también crear un buen clima social de cara a las elecciones del próximo año, cuando se renueva la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado. La continuidad del gobierno de centro-derecha de Macri solo tendría éxito si consigue mantener el apoyo ciudadano que logró en las elecciones generales de fines del 2015.
