@jgonzalezok | El parlamento argentino comenzó a debatir un paquete de leyes que significan una intervención más acusada en el funcionamiento de la economía, lo que ha despertado la oposición frontal de buena parte de la oposición y de las organizaciones empresariales, que hablan de una estatización del mercado. Las comparaciones con Venezuela han abundado entre los empresarios, aunque no hay que salir de las propias fronteras: en otros gobiernos peronistas ya se usaron normas contra el agio (especulación) y el acaparamiento de similar constitución.
El punto central es la modificación de la Ley de Abastecimiento. Los cambios principales tienen que ver con las nuevas atribuciones que tendrá el gobierno para fijar márgenes de utilidad, precios, volumen de producción, canales de distribución y niveles de stock. El gobierno, sin que medie intervención judicial alguna, podrá aplicar sanciones si considera que hay ganancias abusivas y acaparamiento de mercancías. Además de multas, se podrá llegar a clausuras de establecimientos comerciales o industriales. Y, antes de cualquier reclamo, las empresas deberán pagar las multas que les imponga la autoridad de regulación. Las autoridades estarán facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación.
Las principales organizaciones empresariales del país –Unión Industrial Argentina, Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, Cámara de la Construcción y Sociedad Rural-, calificaron el proyecto de inconstitucional y anunciaron que irían a la Justicia si el proyecto sale tal como lo envió el gobierno al Parlamento. Consideran que el mismo atenta contra la efectiva división de poderes y que es una intervención directa del Estado en la economía y las empresas.
Estas organizaciones empresariales, que se agrupan en el llamado Grupo de los 6, consideran que la iniciativa legislativa del gobierno “implica riesgos sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento”.
El presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, afirmó que la principal escasez que existe es de confianza y credibilidad. La respuesta debería ser “políticas de calidad y no una ley de Abastecimiento que genera más incertidumbre, afectando las cadenas exportadoras y la competitividad”.
El precandidato presidencial Hermes Binner (socialista, integrante del Frente Amplio-UNEN), consideró que “la aplicación de este proyecto puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores”. La Unión Cívica Radical (UCR), principal partido de oposición, también se mostró en contra, destacando que el proyecto “entrega al gobierno una especie de discrecionalidad que no estamos dispuestos a votar a favor”, según Ernesto Sanz, presidente del partido.
“No está en nuestro espíritu aplicar la ley como hizo Venezuela”, habría dicho a los empresarios el secretario de Comercio Interior, Juan Costa, según un relato del periodista Marcelo Bonelli. A lo que el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, le habría respondido: “y entonces, ¿para qué la quieren aprobar?”.
Muestra del clima que existe entre el gobierno y los sectores empresariales es la decisión de la Unión Industrial Argentina de anular el tradicional Día de la Industria, El titular de la entidad, Héctor Méndez, dijo que “hay una enorme tristeza y no están dadas las condiciones para festejar nada”. Generalmente, la organización empresarial hace un acto en el que suele estar invitada la presidente, que aprovecha para lanzar mensajes y reprimendas.
En las últimas horas, el objetivo del enfado presidencial han sido las empresas automotrices y las concesionarias de coches, a las que acusa de “encanutar” (esconder) los automóviles, para no venderlos. Desde el sector le respondieron que no veían cuál sería el negocio de retener la producción.
El gobierno sigue apostando al consumo para mantener en marcha la economía y evitar los despidos y las suspensiones temporarias –que afectan ya a muchas de las fábricas de automóviles del país-, ante las dificultades añadidas por el conflicto con los acreedores externos.
Según el diario Clarín, la presidente consultó los cambios a la nueva Ley de Abastecimiento con el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que desde su salida del cargo –diciembre de 2013-, ejerce de agregado comercial en la embajada argentina en Roma. Él fue el encargado de tratar de controlar los precios en los últimos años, sobre todo desde 2007, cuando la inflación empezó a convertirse en el gran problema económico del país.
Primero lo hizo negando la realidad y alterando las estadísticas. También solía llamar por teléfono a empresarios para ordenarles –generalmente a los gritos-, contención en los precios. Cada viernes, además, se reunía con ellos, en lo que popularmente se conocía como la escuelita de Moreno, con el mismo fin.
Actualmente está en vigor un programa que se llama Precios Cuidados, que en teoría asegura una serie de productos a precios sensiblemente menores. Pero sin éxito, ya que las empresas siempre encuentran la forma de burlar este control, y desde el primer momento se han registrado faltantes de productos.
La discusión en el Senado sobre la Ley de Abastecimiento comenzó después de aprobarse el proyecto de ley para cambiar el lugar de pago de la deuda. La presencia en el recinto, presidiendo la sesión, del vicepresidente, Amado Boudou, volvió a desatar la polémica.
La oposición le pidió que se aparte del cargo “por avergonzar el recinto”, después de que haya sido imputado formalmente por dos causas de corrupción. Sus problemas con la justicia, además, no conocen sosiego. En las últimas horas se supo que uno de sus coches lo tenía domiciliado en una dirección ficticia, para evitar el pago de multas e impuestos.
