Por el momento Argentina no puede aún considerarse un país fascista, aunque exista quien ya advierta insignificantes similitudes
En sintonía con la adhesión que la ultraderecha europea ha logrado en la última década, crecen en América Latina los seguidores de líderes cuyas propuestas retrotraen a las épocas más oscuras de la humanidad.
El reflejo del auge de la extrema derecha en países como Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Hungría o Polonia, llega a Sudamérica mediante el contundente apoyo que Jair Bolsonaro recibió en las pasadas elecciones presidenciales de Brasil. Pero cabe preguntarse si Brasil tiene casi 50 millones de ciudadanos homofóbicos, militaristas e intolerantes, o si los votos que recibió el líder del Partido Social Liberal expresan en realidad el profundo rechazo hacia los demás candidatos a la presidencia.
Del resultado del próximo 28 de octubre dependerá el futuro de la región. El “efecto contagio” podría ser inmediato; ya que, amparadas por los grupos hegemónicos de comunicación, las derechas latinoamericanas se han abierto camino impulsando discursos de odio contra los líderes populares de la izquierda, y contra sus seguidores.
En este sentido, Argentina podría ser tierra fértil para la aparición de un Bolsonaro que canalice el desprecio que la clase dominante y los medios del poder, vuelcan a diario sobre los sectores más vulnerables. A la estigmatización de la pobreza que practican los medios oficialistas, se le han sumado las voces de gobernadores y ministros que no han dudado en expresar su postura respecto de esos seres a los que Eduardo Galeano llamaba “los nadies”: “Los pobres tienen que entender que van a seguir siendo pobres”, dijo la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, a pocos meses de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la nación. “¿De qué sirve construir universidades públicas si todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad”, señaló la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante una rueda de prensa. “Los pobres no sirven ni para procrear”, sentenció Bolsonaro.
El discurso no se transforma en fascista de la noche a la mañana. Casi subrepticiamente, va naturalizándose como consecuencia de un odio de clases que crece a fuerza de estigmatización. El ejercicio es constante. La prensa del poder construye un “enemigo” de todo aquel que reclame lo que por derecho le corresponde.
El fascismo no respeta la democracia, porque para el fascista no se trata de construir un régimen de mayorías ni de darle el poder al pueblo, sino de usar el gobierno como una suma de individuos amalgamados en un proyecto determinado por los intereses de la clase dominante
La deslegitimación de la oposición, a través de operaciones mediáticas y noticias falsas, fue fundamental para despertar el odio hacia las voces críticas del actual gobierno. Discrepar con las medidas del oficialismo significa “pertenecer” a esa clase de “enemigos del Estado” que el periodismo construyó asociando cualquier disidencia al proceso de gobierno anterior. La protesta social es transmitida como una forma de delito, y los periodistas del poder se encargan de puntualizar en los pormenores menos relevantes del legítimo reclamo, para despertar la ira de quienes ven a través de la pantalla. La criminalización de la protesta llega incluso a los discapacitados, a quienes el gobierno de Mauricio Macri dejó sin pensión. “Hay muchos que pueden trabajar y están viviendo del Estado”, decía un periodista del oficialismo, mientras niños en sillas de ruedas, acompañados por sus padres, se manifestaban frente a la Casa de Gobierno.
Para este Estado neoliberal, los trabajadores son costos, gastos, materias primas, recursos productivos. “Hay que bajar los costos. Y los salarios son un costo más”, expresó el actual presidente argentino antes de ocupar el cargo. Ahora que la inflación licuó los salarios, la represión es la forma mediante la que Macri silencia, mientras los medios aplauden.
El discurso de odio ha calado entre quienes pretenden ser parte de la elite dominante. La prensa oficial no se queda atrás, y siempre que puede reivindica viejas prácticas de la dictadura como por ejemplo la prisión preventiva sin previa condena y el uso de la fuerza represiva.
Por el momento Argentina no puede aún considerarse un país fascista, aunque exista quien ya advierta insignificantes similitudes. El fascismo no respeta la democracia, porque para el fascista no se trata de construir un régimen de mayorías ni de darle el poder al pueblo, sino de usar el gobierno como una suma de individuos amalgamados en un proyecto determinado por los intereses de la clase dominante, que se considera a sí misma como lo más excelso de la raza.
