@jgonzalezok | Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de la constructora española ISOLUX, una de las más beneficiadas por las adjudicaciones durante el anterior gobierno de los Kirchner (2003-2015), se ha convertido en el primer empresario argentino en acogerse a la figura del arrepentido, para declarar en la última causa que se investiga en Argentina por el pago de sobornos en la obra pública. Se le adjudica haber pagado al menos 6 millones de dólares, de acuerdo a lo que afirmaba en sus cuadernos el chófer que acompañaba a los funcionarios a recaudar el dinero de la corrupción.
Aunque de Goycoechea dice que las cantidades no son las que dicen los famosos cuadernos, reconoció que desde el gobierno le “apretaban” (presionaban) para que aportara dinero a las campañas electorales. Y añadió que no tenía más remedio que pagar. En una de las anotaciones de sus cuadernos, Oscar Centeno, el conductor que registró con minuciosidad cada movimiento, afirma que el directivo de la empresa española había entregado una maleta con las medidas aproximadas de 90 centímetros de alto, 40 de ancho y 20 de espesor, que pesaba unos 40 kilos.
Como ya ilustró a los argentinos Leonardo Fariña, el primer arrepentido de la corrupción kirchnerista, el dinero que se manejaba era tanto que se pesaba, y existía un cálculo preciso para no tener que contar los billetes. Esta entrega, una de tantas, fue recogida por Roberto Baratta, mano derecha del ministro de Planificación (Julio De vido) en la sede de la empresa en el centro de Buenos Aires y entregada a su vez a Daniel Muñoz, secretario del fallecido presidente Néstor Kirchner.
Juan Carlos de Goycoechea, abogado y profesor de Derecho Administrativo, ya no forma parte de la empresa española. En febrero pasado fue sometido a un sumario y posteriormente despedido, bajo la acusación de malversación de fondos. Junto con un grupo de directivos de la empresa habría ideado una maniobra fraudulenta en beneficio propio, entregando cheques con pago diferido.
En 2015, último año de los Kirchner en el poder, Isolux facturó en Argentina 1.000 millones de euros, un 35 % más que en España. La obra más importante fue la de la central térmica de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, pero la empresa fue apartada por el actual gobierno por incumplimiento de contrato. La obra fue presupuestada inicialmente en 485 millones de dólares, pero el costo a fines del 2015, cuando el gobierno de Cristina terminaba, se había cuadruplicado, trepando a 1.631 millones de dólares, después de once redeterminaciones de precio.
Pero no fue el único revés que tuvo la compañía en Argentina, también fue apartada de una gran obra en la ciudad de Buenos Aires y una autovía en Chubut (Patagonia).
Según se desprende de los cuadernos, la caja clandestina de la obra pública se alimentaba con recaudaciones mensuales. Y, aunque se han adelantado algunas estimaciones del dinero total que se pudo recolectar, es razonable pensar en varios cientos de millones de dólares, o quizá miles.
Lo novedoso del caso es que, por primera vez en Argentina, han caído ex funcionarios y también empresarios. Se especula con que alguno más se anime a contar su versión de los hechos. Primero por la presión de la cárcel, y porque las pruebas que ha logrado reunir la Justicia parecen abrumadoras. A los cuadernos se suma la declaración del ex directivo de Isolux, con lo que ya hay dos fuentes independientes entre sí que confirman el modus operandi. Y muchos de los datos aportados fueron ya confirmados en la Justicia. Por ejemplo, las visitas a la residencia presidencial de Olivos, donde consta en el libro de entradas cada una de las personas que ingresan al recinto.
En los próximos días el Senado argentino debe decidir sobre el pedido del juez del desafuero de la ex presidente, Cristina Fernández. Y también si autoriza el allanamiento de tres de sus propiedades, así como de su despacho. Pero es prácticamente imposible que encuentren nada por el tiempo transcurrido. Un testigo presencial confirmó a este cronista que, pocos días antes de dejar la presidencia, varias camionetas de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) llegaron al domicilio que ocupa habitualmente la ex mandataria en Buenos Aires y se llevaron numerosas cajas, previsiblemente con documentos. Otro testigo, por cierto, también confirmó a Nueva Tribuna que, del domicilio de uno de los empresarios más complicados, sacaron hace tiempo muchas bolsas de basura a un contenedor que poco después fue incendiado.
El caso de los cuadernos es el que más complica al anterior gobierno y, en concreto, a Cristina Fernández, que deberá comparecer ante el juez el próximo día 13 de agosto. Pero ya enfrenta otras cinco causas judiciales. En tres se acabó la etapa de instrucción y se está a la espera del juicio propiamente dicho. De esas cinco causas, tres son por corrupción, bien por sus negocios hoteleros, donde presuntamente lavó dinero, o por beneficiar a un empresario amigo (Lázaro Báez) en la obra pública. Otra causa está relacionada con el Memorándum de Entendimiento con Irán, que presumiblemente se firmó para encubrir a los supuestos autores del atentado contra la mutual judía AMIA.
Aunque ya no es posible perseguir judicialmente al ex presidente Néstor Kirchner, ya que falleció en octubre de 2010, su figura queda aún más enlodada por este caso. Los cuadernos dicen que el ex presidente recibía en la residencia de Olivos a los recaudadores y les daba órdenes. Los martes se reunía con ellos, para estudiar cómo iba a ser el recorrido de la colecta, habitualmente los miércoles, y el viernes se juntaban a jugar al fútbol.
El funcionario encargado de la recaudación, Roberto Baratta, llegó a tener tanta confianza con su chófer, que éste registró una conversación en la que su jefe le dijo que quería dejar de hacer la recaudación. “Yo le dije que mientras se lleve algo…”. A lo que Baratta le contestó: “Oscarcito, yo puchereo, no más”. Ante el reclamo del conductor que él siempre se quedaba fuera, el funcionario le dijo: “Esto es así, nomás, es que el doctor Kirchner las quiere todas para él”.
La situación está tan complicada para la ex presidente y para otros altos funcionarios de su gobierno, que los nervios están traicionando a algunos de los más apasionados partidarios del kirchnerismo. El diputado Rodolfo Tailhade amenazó a los jueces y fiscales, con el habitual argumento de que todo es nada más que un circo mediático: “Es lo que están haciendo hace dos años y medio, pero la van a pagar, la van a pagar, los jueces y los fiscales que están en esto, tarde o temprano la van a pagar”.
