La demanda presentada por los abogados del Grupo está centrada en Roberto Caballero, fundador del periódico Tiempo Argentino, Sandra Russo, columnista del periódico Página 12 e integrante del panel del programa 678 de la televisión pública, dedicado al análisis de los medios de comunicación, y Javier Vicente, periodista deportivo, también de la televisión pública.
Pero incluye también a miembros del gobierno y legisladores del oficialismo: el ministro de justicia, Julio Alak, el secretario legal y técnico del gobierno, Carlos Zannini, y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, entre otros; y menciona a más periodistas cuyas opiniones parecen no ser del agrado del CEO de Clarín, Héctor Magnetto.
La imputación es por incitación a la violencia colectiva y coacción agravada “en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular”. Según el artículo 212 del Código Penal, “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”; y el artículo 149 bis del mismo código establece que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. Un pedido de cárcel para periodistas por sus opiniones, en nombre de la libertad de expresión.
En 35 páginas, el grupo basa su acusación en dichos de periodistas y funcionarios. Contra el periodista Roberto Caballero, se centran en el texto extraído de su participación en el programa 678, el pasado 4 de octubre, en el contexto de una protesta de Prefectos y Gendarmes. El periodista opinó que la protesta se enmarcaba en “un intento de desestabilización” y explicó que “forma parte de una estrategia de incendio de la calle que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre”.
Sobre la periodista Sandra Russo, el escrito afirma que “luego de los conocidos ‘cacerolazos’ del días 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 678 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: ‘Son las cacerolas de Clarín’ y agregó ‘en este núcleo de veneno es difícil que pueda salir algo bueno’. Luego continuó diciendo ‘en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?’”.
Respecto al periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente, acusan por haber dicho, en medio de un partido: “Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 – Quilmes 0. Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y el desánimo: cadena con fecha de vencimiento, el 7 de diciembre”.
En cuanto al 7 de diciembre, Clarín afirma que "resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o 'deadline' en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos". Lo que omite decir es que esa fecha límite fue puesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que buscaba poner fin a la larga cadena de medidas cautelares que el Grupo Clarín fue obteniendo por parte de distintos jueces para incumplir la cláusula de adecuación que le obliga a desinvertir parte de su imperio mediático.
En su presentación, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre", sosteniendo que el funcionario "en la misma línea trazada por el gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación".
Los tres periodistas mencionados se reafirmaron en sus dichos en el programa 678 y Caballero escribió una nota en la que sostiene: "La única libertad de expresión que está en riesgo en la Argentina es la de los periodistas que no aceptamos subordinarnos a los dictados de una empresa monopólica"; “el Grupo Clarín S.A. entiende que su derecho a la libertad de expresión es superior al que me asiste a mí para expresar lo que pienso en un país libre y democrático, y exige que se me aplique una mordaza judicial en el marco del Derecho Penal, nada menos. La intención es clara: producir en los periodistas que no repiten lo que Magnetto quiere escuchar el temor a la represalia y silenciar así la crítica como parte de una estrategia general de blindaje a su patrimonio excedido, que deberá adecuar a la Ley de Medios de la democracia antes del 7D”.
El Grupo Clarín anunció días atrás que no piensa cumplir lo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (aprobada en septiembre de 2009 por 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención en diputados y en octubre por 44 votos a favor y 24 en contra en el Senado) y no reconoce a la autoridad de aplicación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo destacado por la defensa de los derechos humanos desde tiempos de la dictadura militar, anunció en su página de facebook que asumirá la defensa de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone en la causa iniciada por directivos del Grupo Clarín: “No es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado. Para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión, cuyas responsabilidades ulteriores no pueden exceder de las necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” sostiene.
Lo que está en juego es la democratización de los medios de comunicación, la creación de condiciones para que se multipliquen las voces. Y el gigante se resiste a perder sus privilegios y está dispuesto a lo que sea para mantenerlos, incluida una demanda penal a quienes opinan diferente.
