@jgonzalezok | En un durísimo debate en el Congreso, que duró 21 horas y terminó pasadas las 8 de la mañana, el Congreso argentino aprobó tres proyectos de ley –de un paquete de seis, anunciados hace unos días por la presidente-, que cambia de manera fundamental el funcionamiento de la Justicia y que la oposición y buena parte de las asociaciones profesionales de jueces y abogados consideran que acabará con la independencia del Poder Judicial. El primero de ellos modifica la composición y forma de elección del Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de la selección de los jueces, así como de su posible remoción por mal desempeño de sus funciones. La segunda norma limita la posibilidad de los ciudadanos de solicitar medidas cautelares contra el Estado. Y la tercera crea tres nuevas cámaras de casación, que alargará los de ya por sí largos tiempos de la Justicia.
El cambio en el Consejo de la Magistratura, cuya discusión llevó casi 19 horas, le dará al gobierno mayoría automática. Y politiza al Poder Judicial, ya que los consejeros que hasta ahora eran elegidos por sus pares –jueces, abogados y académicos-, ahora lo serán por el voto popular, integrando la papeleta electoral de los partidos. Se amplía el número de consejeros y se reduce a una mayoría simple, no cualificada como hasta ahora, la necesaria para designar y destituir a los jueces.
Además se le impide a la oposición presentar candidatos comunes, con lo que está asegurada la mayoría para el gobierno. Y exige que para poder presentar candidatos al Consejo de la Magistratura, los partidos se presenten en al menos 18 de las 24 provincias, cuando para presentar candidato a presidente solo es necesario en 5.
“Buscan un pacto de impunidad para el robo de los dineros públicos. Lo que acá está en disputa es la suma del poder público y el manejo discrecional de los tres poderes de la Repúlica”, dijo el diputado Fernando Pino Solanas, del izquierdista Proyecto Sur. “El gobierno ha buscado justificar lo injustificable”, afirmó por su parte Mario Negri, de la Unión Cívica Radical. La postura oficialista es que quien gana las elecciones tiene el derecho de controlar todos los poderes, como dijo la diputada Diana Conti, traduciendo el deseo presidencial del “vamos por todo”, que la presidenta expresó por primera vez en febrero de 2012.
Doce diputados, eventuales aliados del kirchnerismo, fueron clave para la aprobación de los proyectos, ya que dieron el quórum, aunque no todos votaron a favor del gobierno. Se había lanzado una campaña popular para tratar de que no asistieran al debate, pero el efecto conseguido parece haber sido el contrario. Los expuso a las presiones del oficialismo, que parece que fueron convincentes. Uno de ellos, por ejemplo, un productor de soja en la provincia de Salta, prefirió no tener problemas con la AFIP, la Hacienda argentina.
En el debate hubo durísimos cruces verbales y a punto se estuvo de llegar a las manos, cuando la oposición denunció el intento del oficialismo de votar la ley en su conjunto. Después, cuando se accedió a votar artículo por artículo, volvió la bronca, ya que en uno de los artículos el gobierno perdía, aunque dos diputados dijeron que no había funcionado el sistema electrónico y no había recogido su voto. Mientras se discutían las leyes en el Parlamento, afuera había algunos miles de personas siguiendo los debates, indignados por lo que se considera un avance del gobierno sobre la Justicia. Y en las redes sociales ya se convocan nuevos cacerolazos de protesta.
El segundo proyecto de ley, el relativo a las medidas cautelares, establece que éstas tendrán un plazo máximo de seis meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo. Para la organización humanitaria Human Rights Watch, que había pedido que el Congreso rechazara las propuestas, se podrían cercenar derechos fundamentales. El diputado Jorge Yoma, del oficialista Frente para la Victoria (FpV), pero en rebeldía desde hace tiempo, afirmó: “es la ley más bochornosa aprobada en los 30 años de democracia”. Recordó que un decreto de la dictadura militar de Onganía (1966-1970) había establecido lo mismo que ahora se acaba de aprobar. Yoma también aseguró que todos los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica o el de los Derechos Cívicos y Sociales –y que tienen rango constitucional-, son claros: “los amparos y las cautelares son herramientas para la gente contra el Estado, cuando éste lesiona sus derechos”.
Se avecina una batalla judicial para declarar la inconstitucionalidad de las leyes sobre el Consejo de la Magistratura y las cautelares. La oposición estima que al menos 5 artículos de la Constitución son vulnerados por las nuevas normas. El gobierno tenía prisa para aprobarlas porque los tiempos son muy ajustados y quiere que en las elecciones de octubre de este año –se renuevan parcialmente las dos cámaras del Parlamento-, ya se incluya la elección de los consejeros de la Magistratura. En realidad, el proyecto dice que los consejeros serán elegidos en las elecciones generales –las próximas serán en 20015-, pero ahora se votaría para elegir los cargos vacantes, lo que aseguraría al gobierno el control de la Justicia de forma inmediata.
Los proyectos deben volver al Senado porque hubo una pequeña modificación, pero también con un trámite exprés, ya que se quiere que el trámite esté completado el 8 de mayo, cinco días antes de la fecha establecida para convocar las elecciones primarias. La convocatoria electoral de octubre es vital para la supervivencia del kirchnerismo: necesita aumentar su representación para cambiar la Constitución y posibilitar la reelección de Cristina Fernández.
Una encuesta de Managment & Fit del mes pasado, daba a la presidente un índice de aprobación de solo el 34 %, muy lejos del 54 % de votos que logró en las elecciones de octubre del 2011. Pero en el gobierno apuestan todo a estas elecciones y la caja del Estado ya empezó a ejecutar obras en los distritos donde es necesario asegurar votos.
El paquete de reformas judiciales presentadas por el gobierno como un intento de “democratizar” la justicia, también incluye tres proyectos con medidas unánimemente como positivas, como la propuesta de designar al personal que trabaja en la Justicia mediante oposiciones o concursos públicos. O la publicación en Internet del estado de las causas, así como las declaraciones juradas sobre los bienes de los jueces
Estas modificaciones en la Justicia dejarán heridas y, posiblemente, costos políticos. Pero la reacción del gobierno de Cristina Fernández parece ser la de redoblar la apuesta, cambiar el eje del debate y producir nuevos escenarios. Es una interpretación posible a lo que sucedió horas después de la sesión del Congreso, cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volvió a una de sus clásicas presentaciones. Esta vez se presentó en la Asamblea General de Accionistas del Grupo Clarín –archienemigos del gobierno-, en representación del Estado que, como accionista minoritario tiene el 9 % de las acciones, heredadas después de la reestatización de los fondos de pensiones y jubilaciones. Le acompañaba el número 2 de Economía, Axel Kicillof, el síndico general, Daniel Reposo, y la notaria Marta Cascales, pareja de Moreno. Todos entraron en la asamblea de forma teatral y haciendo comentarios provocadores, como “mirá todo lo que vamos a tener”, que Moreno le dirigió a Kicillof.
Este pidió la palabra e hizo una defensa de la política económica del gobierno y afirmó que “si hay problemas de ingreso en el Grupo Clarín –el año pasado disminuyeron las ganancias- no es un problema de la gestión económica, sino del grupo”. A lo que Moreno añadió: “con claridad prístina, el viceministro de Economía demostró que esta memoria no representa la economía argentina”. Advirtió a otros accionistas que tuvieran cuidado cuando votaran, ya que hay una nueva ley de mercado de capitales. Una ley que permite designar veedores con facultad de veto, cuando se vean afectados los intereses de accionistas minoritarios, en este caso el Estado en el Grupo Clarín. Una situación que se repite en otras grandes empresas, que en su momento compraron acciones en las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
“Ustedes son un grupo que no se allana a la ley ni a la Justicia, responsables de crímenes de lesa humanidad a través de la apropiación de Papel Prensa”, estalló Moreno cuando se entabló una discusión con el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda. Un comunicado del Grupo afirmó que sufrieron amenazas, injurias y calumnias, además de pretender boicotear el desarrollo de la Asamblea.
