@jgonzalezok | Políticos, jueces, fiscales, periodistas y hasta personajes conocidos de la televisión local, estarían siendo espiados por los servicios de inteligencia argentinos, recientemente remodelados por el gobierno de Cristina Fernández. Además de escuchas telefónicas, la vigilancia incluiría mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y computadoras personales.
Las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, ambas del PRO, presentaron sendas denuncias judiciales después de recibir en un sobre anónimo el listado de más de cien nombres con las personas sometidas a vigilancia, entre los que estarían todos los candidatos presidenciales, excepto el oficialista Daniel Scioli, todos los integrantes de la Corte Suprema, jueces y fiscales que llevan causas que complican al gobierno, periodistas críticos y hasta populares figuras de la televisión argentina, como Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli. También figura el ex jefe del Ejército, general César Milani, que hasta su retiro controlaba también los servicios de información militares, y algunos ex integrantes de los Servicios de Información.
El escándalo se produce en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. En la denuncia presentada ante la justicia, Laura Alonso dijo que había recibido una llamada telefónica de alguien que se identificó como miembro de los servicios de inteligencia, sin revelar su identidad, anunciándole el envío del material. La diputada destacó que “el patrón común de todos los espiados es que mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones”.
El candidato presidencial Mauricio Macri (PODEMOS, segundo en las encuestas), afirmó que el kirchnerismo usa los servicios de inteligencia por obsesión: “quieren saber qué dicen los periodistas, jueces o políticos en vez de ocuparse del terrorismo, la trata (de personas) y el narcotráfico”.
Sergio Massa, también candidato presidencial (UNA, tercero en intención de voto), recordó que él mismo fue objeto de espionaje. Un agente de inteligencia de la Prefectura entró en su casa en plena campaña de las elecciones de 20013. Fue descubierto y condenado a 18 años de prisión. Para Massa el gobierno va a reaccionar “como hace siempre, atacando más, van a buscar que terminemos discutiendo un tema que es grave. Por eso es importante que todos los implicados hagamos una denuncia”.
El candidato oficialista Daniel Scioli (Frente para la Victoria), el único que no figura en la lista, afirmó que será la justicia la que dé las respuestas al caso. Y aseguró que en un eventual gobierno suyo no habría espionaje interno.
Esta práctica, de hecho, está prohibida por la ley, aunque en Argentina fue tradicional el uso de los servicios de inteligencia para espiar y extorsionar a rivales políticos. Entre los antecedentes de este caso figura el llamado Proyecto X, controvertido programa de espionaje de la Gendarmería, que se conoció en octubre de 2011, cuando organismos de derechos humanos y trabajadores en huelga de la empresa Kraft Food, denunciaron que la fuerza –teóricamente dedicada a la custodia de las fronteras nacionales- almacenaba información obtenida de forma clandestina e ilegal. El delegado sindical Javier Hermosilla, denunció que los gendarmes se infiltraban en las movilizaciones y cortes de ruta y que, con esas pruebas, les iniciaban después causas penales. No solo eso, la Gendarmería almacenaba información de tipo personal y realizaba informes y análisis de tipo político.
A principios de este año fue disuelta la Secretaría de Inteligencia después del asesinato del fiscal Nisman. En realidad, la presidente ya no confiaba en los agentes después de que se sintiera engañada por no haber sido advertida que su ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, iba a presentarse en las elecciones parlamentarias de 2013.
Se puso en marcha, entonces, la Agencia Federal de Información, y su nuevo jefe fue Oscar Parrilli, un hombre de máxima confianza de la presidente. También se destituyó a Antonio Stiuso, durante décadas el hombre fuerte de los servicios de inteligencia, que había sido el más estrecho colaborador de Nisman en la investigación del atentado de la mutual judía AMIA.
Para la nueva agencia se reclutó a militantes de La Cámpora y el Movimiento Evita, en muchas ocasiones sin la más mínima preparación ni experiencia previa. Se buscó militantes kirchneristas, que simplemente recibirían un curso exprés de 20 días en la Escuela Nacional de Inteligencia.
Una reciente investigación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), titulada El (des)control democrático de los servicios de inteligencia, afirma que “la actividad de inteligencia en Argentina goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas. Están amparados por un grado de secretismo excesivo”.
La Secretaría de Información, señalaba este mismo informe, “se ha convertido en un grupo de presión que ha puesto en jaque a más de uno de los presidentes de la democracia”. Y concluía que “los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos y los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial en la Argentina”.
Por ley, las actividades de los espías no pueden ser controladas, como todos los organismos públicos, por la Auditoría General de la Nación. Solo por la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, integrada por siete senadores y siete diputados.
Esta comisión, que en la última etapa presidió la kirchnerista Teresa García, se reunió en muy escasas ocasiones. Entre 2007 y 2012 solo logró concretar cinco dictámenes. En el 2014 solo se reunió dos veces y una de ellas fue para constituirse.
