@jgonzalezok | El monumento a Colón, situado en la plaza del mismo nombre ubicada en la parte trasera de la Casa Rosada, está siendo objeto de una disputa entre la presidente y el gobierno de la ciudad. Cristina Fernández no quiere ahí la estatua, donada por la colectividad italiana en el centenario de la independencia y que está en dicho lugar desde 1921. Su intención es enviarla a Mar del Plata y sustituirla por otra de Juana Azurduy, una extraordinaria mujer que tuvo destacado papel en las luchas por la emancipación.
La Justicia paró el traslado y ha pedido al gobierno nacional un informe sobre el hecho. Para el gobierno de la ciudad, en manos del conservador Mauricio Macri, la iniciativa constituye “un atropello y un robo al patrimonio de la ciudad”. Y se preguntó cuál será el próximo monumento que se querrá llevar el gobierno nacional, “quizá el Monumento de los Españoles”, donado por la colectividad española en el centenario de la Revolución de Mayo. “Si dejamos que esto pase, mañana nos afanan el obelisco”, dijo por su parte el jefe de gabinete del gobierno municipal, Horacio Rodríguez Larreta.
El jefe del bloque kirchnerista en la legislatura porteña, Juan Cabandié –uno de los líderes de la agrupación juvenil La Cámpora-, contraargumentó diciendo que la estatua había sido donada al gobierno nacional y pertenece a todos los argentinos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, anunció que se contestará el requerimiento judicial y aportó un argumento hasta ahora desconocido, que habla de un deterioro del monumento, que atentaría contra la estabilidad del mismo.
La plaza Colón, donde está el monumento, fue cedida “en resguardo” al gobierno nacional por motivos de seguridad, ya que se encuentra a solo unos metros de la Casa Rosada. Y está en medio de uno de los paseos más tradicionales de Buenos Aires, que lleva también el nombre del descubridor de América.
El incidente, que podría ser poco más que una anécdota, se encuadra en una nueva batalla por reescribir la historia. Para el kirchnerismo, el relato es parte central de su política. De ahí su guerra contra los medios no adictos. Pero también incursiona en la historia, financiando un instituto de revisionismo histórico. Perón, el fundador del movimiento político gobernante, no tuvo ningún recelo contra el legado hispanista y sus discursos los 12 de octubre eran puro elogio a la figura de Colón y la labor de los españoles durante la Conquista.
Uno de sus primeros objetivos del kirchnerismo fue el presidente Julio Argentino Roca, que ocupó la primera magistratura entre 1898 y1904, y que antes lideró la Campaña del Desierto contra los indígenas, que amplió las fronteras hacia el sur, pero a costa de los pueblos originarios. Una campaña que es catalogada por ciertos sectores como una masacre. Desde hace tiempo hay un movimiento para retirar la estatua que Roca tiene en una importante avenida de la ciudad. Y los nuevos billetes de 100 pesos llevan el rostro de Evita, en reemplazo de Roca.
Juan Manuel de Rosas, una de las figuras históricas que figuran en el Olimpo del gobierno, también llevó a cabo una campaña militar contra los indios, entre 1833 y 1834, en la cual cayeron 6.000 aborígenes. Al regresar de su campaña se le adjudicó el título de Restaurador de las Leyes. “Vuestras lanzas han despoblado de fieras (entiéndase indios) el desierto”, dijo Rosas en una proclama al final de la campaña. Pero los revisionistas no reparan en el detalle.
A pesar de su retórica, la política oficial del gobierno hacia los indígenas no se diferencia sustancialmente de gobiernos anteriores. En el año 2006 el Congreso aprobó una ley de emergencia nacional que suspendía hasta noviembre de este año los desalojos de indígenas de sus tierras. Pero éstos han continuado y en demasiadas ocasiones con muertes. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, afirma que “en un país que en los últimos años se ha convertido en referente en el campo de los derechos humanos, es inexplicable la discriminación y violencia que sufren los pueblos indígenas”.
“Resulta paradójico que un gobierno de discurso progresista niegue a las comunidades el reconocimiento jurídico del derecho de propiedad colectiva sobre sus tierras tradicionales y, más grave aún, que las reprima cuando reclaman lo que les corresponde”, añadió la funcionaria de Amnistía Internacional en un artículo de opinión en el diario Clarín.
James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que visitó el país en noviembre de 2011, también observó las diferencias entre las normas y las prácticas. Y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, afirmaba en una entrevista con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas que el gobierno no tiene voluntad de respetar a los pueblos originarios.
El caso que ha adquirido más relevancia es el de los indígenas qom en la provincia de Formosa, al norte del país. En el 2011, después de acampar durante varias semanas en la Avenida 9 de Julio –principal arteria de Buenos Aires-, reclamando sus derechos, los qom fueron desalojados por un grupo de choque de La Cámpora, con Andrés el Cuervo Larroque al frente.
“Es terrible lo de Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los gobiernos (provinciales) hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos originarios y esto tiene relación directa con las políticas del gobierno nacional”, señaló también Pérez Esquivel.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ocupó un lugar destacado en el escenario este pasado 25 de mayo, en el acto protagonizado por la presidente, Cristina Fernández. Nora Cortiñas, referente de Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, participó recientemente en un acto para denunciar el etnocidio que están sufriendo los qom en la provincia de Formosa, especialmente la comunidad La Primavera (800 familias), y se lamentó: “hemos intentado llegar a la presidente y no hubo respuesta, el silencio nos ofende y nos humilla”.
Varios familiares del líder de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, han sufrido atentados y palizas. El propio cacique fue atropellado el 7 de agosto del año pasado, el día que se conmemoran los derechos de los pueblos indígenas, en una acción que lo dejó inconsciente y varios días hospitalizado: “la intención era liquidarme, me salvé de milagro”, afirmaría días después.
Los pueblos indígenas son víctimas del avance del cultivo de la soja y de las grandes explotaciones mineras. Según Aldo Etchegoyen, “ese modelo conlleva desmontes, heridos y muerte”. Según publicó el 26 de abril de este año el sitio plazademayo.com, en los últimos 5 años hubo al menos 18 muertes por asesinato contra miembros de comunidades aborígenes, en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Río Negro.
