Por Yolanda Villavicencio Mapy | Presidenta de AESCO | Colombia en este momento es considerada en América Latina con buenos indicadores macroeconómicos. En los últimos cuatro años ha crecido un promedio 4,6%. Por encima de muchas de las economías de la región y situado como el tercero detrás de Brasil y México. Es verdad que la inflación está controlada en menos del 2%, su déficit fiscal se ubica por debajo del 3%, recauda más impuestos por cuenta de la actividad económica. Las reservas internacionales en la actualidad son de 45.000 millones de dólares. Su tasa de inversión se ubica cercana del 30%, lo que confirma que es un país atractivo para la inversión extranjera y además sus empresas invierten en el exterior. El empleo tiene una leve mejoría.
Sin embargo en lo microeconómico, en el día a día de los/as colombianos/as estas cifras no le dicen nada. Los grandes problemas medulares y esenciales siguen sin ser tocados. Sólo se gestionan sus consecuencias. Por eso no es de extrañar el cansancio de los/as colombianos/as y la apatía hacia su clase política y el desinterés frente a los procesos electorales. Los gobiernos anteriores sólo otorgaron importancia a lo coyuntural y no a las causas de una cada vez peor distribución de la riqueza y el ingreso. No hay políticas de Estado para construir igualdad y convertir las grandes mentiras en verdades donde prime el interés general sobre el individual, no se pierda la memoria y deje de reinar la doble moral. Son los grandes retos incumplidos por largos años y gobiernos.
Para terminar con la corrupción, impunidad y violencia Juan Manuel Santos no ofrece soluciones. El gobierno de Colombia sigue con la negociación de los acuerdos con las FARC, pero por esencia lo que el presidente representa en el juego de poder… es imposible que actúe sobre los otros dos grandes problemas citados que destruyen el país.
Porque la corrupción entronizada y favorecida de forma creciente es la manera de apropiación privada de los bienes públicos que la clase tradicional necesita para mantenerse con privilegios y en el poder. Sin la impunidad lo anterior no podría perpetuarse, por eso se aplica una ley sesgada que favorece el interés particular. Durante este gobierno y de cara a las elecciones, los casos de corrupción y la llamada “mermelada” han estado a la orden del día.
Los problemas medulares constituyen el punto de partida para el diseño de estrategias que eviten mayor abismo entre el país formal y el real. Se trata de la debilidad del Estado, la concentración de poder y de riqueza, la falta de visión de largo plazo, la baja cobertura y calidad de la educación. Un país donde no tienen credibilidad las instituciones y poca legitimidad originan la baja gobernabilidad. La exclusión de las mayorías de la propiedad de la tierra, de medios de producción, sin acceso a financiación, con infraestructuras y vías del siglo XIX y sin garantías en la participación política en la toma de decisiones para definir su presente y su futuro hacen a la sociedad colombiana incapaz de construir una nación con sueños colectivos.
El nivel crónico de desigualdad a pesar de que el gobierno se ufana de haber sacado a 800.000 personas de la pobreza en el último período, buena parte de los cuales se ubican en las políticas de la “Bogotá Humana” no es para regocijarse mientras el coeficiente Gini de la desigualdad sigue sin moverse en 0,539 siendo uno de los más altos del mundo, y con 14 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas.
Los derechos sociales, que contribuyen a la cohesión social de una sociedad de convivencia y que ayudan a configurar su capital social generando lazos de confianza necesarios para el desarrollo, no mejoran en cobertura ni en calidad. Tal el caso de la sanidad, educación y vivienda, cuyos gestores privados hacen de ellas un negocio amparado por las instituciones. Ni siquiera el gobierno investiga y sanciona el robo e incumplimiento a los usuarios de estos servicios.
La intervención del Estado para que estos se eleven a la calidad de derechos son otro cuello de botella, sin lo cual no se logrará un país inclusivo y justo socialmente, además adecuando su talento humano a las necesidades del cambio productivo para el desarrollo local y regional. Estas reformas no son posibles con las actuales políticas de vivienda, salud y educación. Tampoco con los actuales actores políticos. Sólo con un cambio de signo político que pueda llevar a cabo dichas reformas como lo vienen haciendo la mayoría de los países latinoamericanos. Sólo queda Colombia en la región, gobernada por más de 170 años por una rancia oligarquía, sin visión a largo plazo.
