jueves. 28.03.2024
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@jgonzalezok / No es la primera vez que se conocen casos de muerte por hambre en Argentina, pero cada tanto un caso conmueve a la población. El último ha desatado una indignación generalizada por el manejo que hizo el gobierno del hecho –negando cualquier responsabilidad- y otros datos increíbles. Esta muerte por hambre se produjo en un país que es uno de los grandes productores mundiales de alimentos.

El principal detalle inaudito es que el certificado de muerte de Néstor Femenía, el niño indígena de 7 años de la provincia de Chaco, dice que la causa del fallecimiento fue “enfermedad” (sic). No se menciona ni la desnutrición ni la tuberculosis. El niño pesaba 20 kilos al morir. Estaba internado desde el 16 de diciembre en el Hospital Pediátrico de Resistencia, la capital provincial. Su abuelo, Hipólito Femenía, recordó que el niño lo acompañaba siempre a recolectar agua, ya que no tienen agua potable, para después “pasarla por una tela para sacarle toda la basurita” y luego hervirla.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela, Rolando Núñez, denunció que la tuberculosis y el mal de Chagas están fuera de control en el Chaco. Y señaló que esto demuestra cómo se gobierna en Chaco y en Argentina: “la muerte de Néstor sintetiza y patentiza, con exactitud y objetividad, la profunda injusticia social instalada en la comunidad chaqueña”. La provincia de Chaco es el feudo político del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que fue gobernador del territorio entre 2007 y 2013 y que sigue digitando los destinos de la provincia desde Buenos Aires.

Núñez aseguró que el caso del niño qom es un caso extremo, pero no aislado. Y denunció que se hicieron obras faraónicas que no sirven para nada. Puso como ejemplo dos hospitales en la provincia de Chaco que no tienen personal médico, y que debería atender a la población de El Impenetrable, donde se concentra la población indígena de la provincia. Uno de estos centros sanitarios tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados, pero solo dos médicos.

El hecho de firmar el acto de defunción como fallecimiento “por enfermedad” sería una práctica habitual, que esconde un dato fundamental en el sistema de salud. Y supone otra manipulación de las estadísticas públicas –como las que se hacen con la inflación, el crecimiento y otros datos económicos-, con serias consecuencias a la hora de adoptar políticas sanitarias.

El ministro de Salud, Juan Manzur, cuando ocupó igual puesto en su provincia natal de Tucumán, ya trató de disimular los casos de desnutrición infantil, modificando la forma de medirla. En 2007/2008, oficialmente había unos 20.000 niños desnutridos en dicha provincia del noroeste argentino. Con el nuevo método, el número bajó a menos de 4.000.

Aunque se puedan discutir las cifras de malnutrición, no hay duda que los niveles de pobreza e indigencia son elevados. No menos del 30% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Números que mejoraron respecto a la crisis de diciembre del 2001, cuando el número de pobres llegó al 55%, pero que no corresponden con años de crecimiento a tasas chinas y la pregonada política de inclusión social.

El fallecimiento de Néstor Femenía pone también de manifiesto la situación de algunas comunidades indígenas en algunas provincias, sobre todo en el norte del país. En Argentina, según el censo de 2010, había 955.000 indígenas, que representan un 2,4% de la población total.

La Constitución de 1994 y la Ley 26.160, sancionada el 23 de noviembre de 2006, teóricamente debían detener los desalojos de comunidades indígenas de sus territorios y emprender un relevamiento para regularizar la propiedad comunitaria. Argentina también ratificó el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), relativo a los pueblos indígenas y tribales.

Pero la situación de abandono es evidente. El premio Nóbel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, cree que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no trabaja para los pueblos originarios sino para los intereses de los gobiernos, el nacional o los provinciales. También sostiene que el gobierno prioriza a sus aliados provinciales y que no hay avances porque en el gobierno no hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios.

El caso de los qom –también conocidos como tobas-, repartidos entre las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, es especialmente lacerante. Víctimas de empresas extractivas, como las petroleras y mineras, o del avance del cultivo de la soja, no solo no son defendidos por las autoridades sino que, a menudo, son perseguidos.

Uno de los conflictos más difundidos de los qom es el de la comunidad conocida como La Primavera, en la provincia de Formosa. El cacique Félix Díaz, que ganó las elecciones de la comunidad pero no es reconocido por el gobierno, ha sido la cara visible de la lucha de esta comunidad frente a los atropellos del gobierno del gobernador, Gildo Insfrán, un sólido aliado del gobierno central.

Preguntado por el caso del niño Néstor Femenía, Félix Díaz, que tiene varios familiares asesinados por la persecución del gobierno provincial, dijo al diario Perfil que para su comunidad no era algo novedoso, y dijo sentir dolor por las declaraciones del jefe de Gabinete -“fue algo aislado”-, señalando que los indígenas viven día a día con esta situación. 

Lorena Cardín, antropóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que denunció el etnocidio de los qom, puso como ejemplo que el programa ProHuerta, Plan Nacional de huertas familiares patrocinada por el INTA (Instituto Nacional de Técnicas Agrícolas), tiene prohibido entregar semillas a la comunidad de la Primavera.

Conmoción en Argentina por la muerte de un niño por desnutrición